El PP lanza a sus barones contra el Gobierno por la negociación de 94.000 millones de fondos europeos

Nueva rebelión del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los fondos europeos. Esta vez por la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la ampliación de los fondos de recuperación: los 94.000 millones de euros en préstamos que quedaron formalmente solicitados este martes. Los gobiernos autonómicos del PP y los candidatos a las presidencias regionales en las recientes elecciones han enviado una carta a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en la que le afean que haya dado ese paso, que corresponde al Ejecutivo y para el que tenía de plazo hasta el 31 de agosto, sin supuestamente negociarlo con las comunidades.

Los dirigentes del PP se quejan de que las propuestas que enviaron al Ministerio de Economía no fueron tenidas en cuenta. Sin embargo, fuentes del departamento que pilota Calviño aseguran que “se han incorporado las aportaciones principales de los grupos parlamentarios, agentes sociales y administraciones territoriales”. En el caso de las comunidades, el ministerio sostiene que se incorporaron “aportaciones principales de las autonomías” que se hicieron “antes y después de conocer el primer borrador de adenda que se publicó en diciembre”. “Es decir, que son conocedoras de todo el planteamiento”, apostillan frente a las críticas del PP.

“Creemos que esta aprobación y envío son extemporáneos, pues consideramos que el escenario político actual, con importantes cambios en gobiernos autonómicos y unas elecciones generales sobrevenidas, que pueden dar lugar a un cambio de Gobierno de España, no reúne las condiciones mínimas para proponer una programación del calado de la que estamos hablando, y aún más, sin consensuar”, apuntan en la carta los dirigentes del PP.

Sin embargo, desde Economía recuerdan que “el proceso de elaboración de la Adenda se ha materializado a través de más de 200 reuniones específicamente dedicadas al Plan, como la mesa de diálogo social, conferencias y comisiones sectoriales, comunicaciones bilaterales, reuniones bilaterales de los grupos parlamentarios con la vicepresidenta, más de 90 reuniones técnicas presididas por el secretario de Estado de Economía de carácter más técnico para abordar la adenda, foros de alto nivel, consejos consultivos y comparecencias parlamentarias de los representantes del Gobierno” así como con “reuniones bilaterales de la vicepresidenta con los presidentes de las comunidades autónomas”.

La maniobra constituye el enésimo intento del PP para desacreditar la gestión del Gobierno respecto a los fondos de recuperación, a pesar de que cuenta con el aval de la Comisión Europea. En el caso de la adenda del Plan de Recuperación, el Consejo de Ministros aprobó la solicitud este martes y ahora la Comisión Europea tiene un plazo de dos meses para aprobarlo. Se trata de un acuerdo marco para el desembolso de hasta 94.000 millones de euros que heredará el próximo Gobierno, que podrá solicitar los tramos concretos o no.

“No marcha bien la gestión de los fondos Next Generation que hace directamente el Gobierno. Todo funcionaría mejor si se nos hubiera tenido en cuenta, como te pedimos desde el primer momento”, señalan los responsables económicos conservadores, a pesar de que España es el país que va en cabeza respecto a los fondos europeos con el visto bueno de Bruselas.  

El PP echa mano, además, de las conclusiones de la comisión del Parlamento Europeo que, en su visita a España, se limitó a pedir mejor acceso a los datos por parte de España si bien en el posterior informe apuntaba a la colaboración en conferencias sectoriales para el diseño de las medidas que, según el Gobierno, ya se producen. “Vemos con preocupación que para la Adenda se repite el grave defecto que ya ha puesto de relieve el informe de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo para el tramo de transferencias: un insuficiente nivel de diálogo, negociación y acuerdo con las Comunidades Autónomas”, señala la misiva, firmada por los responsables económicos de los gobiernos de Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia y Castilla y León, y los candidatos de La Rioja, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Aragón y Cantabria, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El de hoy es el enésimo intento del PP de utilizar como una arma arrojadiza contra el Gobierno la gestión española en Bruselas. Lo hacía Pablo Casado y también Alberto Núñez Feijóo, pese a definirse a sí mismo en público como un “hombre de Estado”. La reforma laboral, la de las pensiones, la gestión de los fondos europeos, e incluso Doñana, ha servido al PP para arremeter contra la coalición. Hasta el punto de que la propia Comisión Europea ha terciado en no pocas ocasiones para desmentir al partido hermano al que milita su presidenta, Ursula von der Leyen.