El PP lleva casi cuatro años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un órgano que, casualmente, emana de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Tras más de 1.200 días en funciones, los populares siguen dando largas y, al mismo tiempo, maniobran en Bruselas para intentar que la Comisión Europea se ponga de su lado mientras llevan una década dominando el Poder Judicial.
El negociador en asuntos de Justicia del PP, el eurodiputado Esteban González Pons, vicepresidente del grupo popular europeo en la Eurocámara, ha mantenido una reunión discreta, no comunicada por las partes, fuera de las agendas y mantenida en secreto con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, según informan fuentes comunitarias. La reunión se produjo el pasado martes, 13 de septiembre, en Estrasburgo, en vísperas del debate sobre el Estado de la Unión.
“Nunca publicamos reuniones con eurodiputados, interactuar con el Parlamento Europeo es algo habitual en los comisarios”, explican fuentes de la Comisión Europea para justificar que la reunión no aparezca en la agenda pública del comisario belga: “Es algo normal interactuar con los eurodiputados”.
Fuentes próximas a González Pons afirman que el eurodiputado no ha abordado el asunto del CGPJ con Reynders, si bien reconocen que tienen una relación fluida porque el eurodiputado es vicepresidente encargado de los temas de Justicia en el grupo popular europeo. Las fuentes afirman que todas las conversaciones sobre este asunto con reunión, videollamada o teléfono las ha mantenido hasta ahora con la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourovà.
Pons ha enviado varias cartas a Jourovà y a Reynders. En las misivas, González Pons reclamaba una “reunión urgente” para expresar su punto de vista, que pasa por acusar al Gobierno del bloqueo que lleva ejerciendo el PP cuatro años con la excusa de una reforma del sistema de elección de los jueces por los propios jueces.
Pons, no obstante, no llegó a reunirse con Jourovà la semana pasada en Estrasburgo.
Maniobras de los vocales conservadores
Los vocales conservadores han desplegado en las últimas semanas todo un arsenal de excusas para retrasar la renovación del Constitucional. Los integrantes del CGPJ elegidos por el PP alegaron en un primer momento problemas de agenda para reunirse con los progresistas, y cuando lo han hecho apenas han logrado avances, informa Marcos Pinheiro.
Entre otras cosas, los conservadores quieren que se resuelva el problema de las vacantes en el Supremo –el Poder Judicial tiene prohibido hacer nombramientos en funciones– y ahora han pedido esperar al 30 de septiembre, cuando Carlos Lesmes se reunirá con el comisario de Justicia Reynders.
Pero el escollo más importante en las reuniones –la del viernes pasado y la celebrada este mismo miércoles– es que los conservadores no han puesto ningún candidato al Constitucional sobre la mesa. Afirman que nadie se ha dirigido a ellos, interesado en convertirse en magistrado de ese tribunal. Los progresistas, que sí tienen una lista de nueve nombres, aseguran que no es más que otra maniobra dilatoria.
Así, cumplido el plazo para la renovación, no ha habido en estas semanas ningún avance. De hecho, ahora mismo no hay siquiera acuerdo para ver cuándo se celebra la próxima reunión entre ambos sectores.
Primero nombramientos, luego reforma
La propia vicepresidenta Jourová escribió hace dos semanas una carta a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, en la que exigía la renovación inmediata del órgano de gobierno de los jueces. En su misiva, denunciaba que el Poder Judicial es “rehén” del bloqueo.
La próxima semana, será Reynders quien viaje a España para abordar este asunto con Gobierno, oposición –el propio González Pons–, asociaciones de jueces y personas implicadas en una situación que recoge año tras año la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho. Su agenda es la siguiente: fiscal general; dos asociaciones de magistrados; vicepresidenta Nadia Calviño; ministro de Presidencia, Félix Bolaños; ministro de Consumo, Alberto Garzón; ministra de Justicia, Pilar Llop; ministro de Exteriores, José Manuel Albares; el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal; el portavoz del PP, Esteban González Pons; la Fundación Hay Derecho; el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; y el presidente del TC, Pedro González Trevijano.
“Nos gustaría ver hechos los nombramientos y la reforma implementada muy rápidamente. De ahí el interés de discutir tanto con la mayoría como con la oposición, para lograr el objetivo de la reforma”, explica Reynders antes de su viaje: “Lo que estamos tratando de hacer es organizar una discusión, un diálogo entre las fuerzas políticas. Porque la renovación del CGPJ, al igual que la designación de ciertos órganos constitucionales, exige mayorías tales que se hace necesaria la colaboración entre las principales formaciones políticas del país. Y aquí es donde tenemos un doble papel que desempeñar: el primero es aclarar cuáles son las expectativas, con el informe sobre el estado de derecho y sus recomendaciones, unas expectativas que van ligadas a estándares europeos como el Consejo de Europa, del que España es miembro, en la línea de que la mayoría de los miembros del CGPJ sean jueces elegidos por sus pares, elegidos por otros jueces, sin que haya injerencia de la política, ni del gobierno ni del Parlamento”.
“Aparte de eso”, prosigue Reynders, “lo que también podemos hacer es, obviamente, entablar un diálogo. No es solo pedir una discusión, sino tratar de unir a la gente. Y eso es algo que he hecho antes, pero que también intentaré hacer durante esta visita”.
Eso sí, el comisario europeo insiste en separar la situación de España de la que se vive en países como Hungría y Polonia, sujetos a procedimientos por sus asaltos al Estado de Derecho: “Debemos distinguir claramente la situación que tenemos en otros Estados miembros donde ha habido una regresión y un deterioro de la situación. La diferencia es muy clara. Ese no es el caso. El objetivo es reunir tanto a las formaciones políticas de la mayoría como de la oposición, el Gobierno y por supuesto el Parlamento, para designar a los nuevos miembros, pero también para iniciar una reforma rápidamente”.
“Si la situación fuera a durar mucho tiempo, si vemos durante unos años que la situación no mejora, obviamente, tendremos que pensar en otros mecanismos. Pero ahora lo que tenemos por primera vez es una recomendación del informe sobre el Estado de Derecho”, concluye Reynders.