El senador del PP Pedro Agramunt minimizó la represión en Azerbaiyán y allanó la construcción del gasoducto

En enero de 2013 se debatió en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa un informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Azerbaiyán. Lo había presentado el eurodiputado alemán Chistoph Strasser - designado como ponente sobre la “Revisión de la cuestión de los presos políticos”-, y las autoridades de esta república del Cáucaso buscaban que no saliese adelante, para que el documento no entorpeciese la búsqueda de financiación para la construcción de un gasoducto hacía Turquía. Lo consiguieron: Strasser perdió la votación por 125 votos a 79.

Entre quienes se posicionaron contra el informe estuvo el senador del PP Pedro Agramunt, salpicado por una investigación sobre el cobro de comisiones a cambio de acciones de lobby en favor de la construcción del gasoducto. Agramunt minimizó la represión en ese país, en el que Amnistía Internacional denuncia torturas, detenciones arbitrarias y hostigamiento contra activistas y periodistas independientes.

Este país está gobernado desde 2003 por Ilhan Aliyev, hijo de Heydar, que lo gobernó durante la década anterior. Ilhan ganó las últimas elecciones, a finales de 2013, con un 85% de los votos, en las que Estados Unidos, Amnistía Internacional y el Centro Independiente de Monitoreo Electoral de Azerbaiyán denunciaron irregularidades. El director de este último organismo fue detenido poco después. Los observadores internacionales renunciaron a supervisar los comicios ante las restricciones del Gobierno.

En el debate que se celebró el 23 de enero de 2013, Agramunt fue ponente de un informe contrario al e Strasser y mucho más benévolo con la situación de la libertad en Azerbaiyán. Durante el debate admitió que Azerbaiyán “no es una democracia perfecta”, pero se centró en destacar “lo mucho que ha avanzado este país en los últimos 20 años”. “Por ello no hay que fijarse sólo en lo negativo”, aseguró, tal y como recoge el resumen de la sesión plenaria que elaboró un letrado del Congreso de los Diputados, con las intervenciones de los parlamentarios españoles.

Sobre el caso concreto de los presos políticos, Agramunt aseguró que “aparentemente” solo había uno, ya que el resto estaban en la cárcel por otros delitos, como terrorismo, asesinato, robo o corrupción. Sobre el único caso de preso político, el senador del PP dijo que tenía la promesa del gobierno azerbaiyano de que sería liberado. Agramunt conoce bien este país, que ha visitado en cuatro ocasiones desde 2003.

Persecución de la disidencia política

Su retrato de la situación de los derechos humanos dista mucho del que hacen organizaciones como Amnistía Internacional. En su último informe sobre este país afirma que “la represión de la sociedad civil y la persecución de la disidencia política” es una constante. Quienes intentan velar por los derechos humanos en ese país son expulsados, o directamente no se les permite la entrada, dice esta organización.

En el informe se recoge que hay varios miembros de ONG encarcelados o exiliados por temor a enfrentarse a un proceso judicial con cargos falsos. También se alerta de las detenciones y hostigamiento a familiares de activistas que no viven en el país, del uso de medios violentos para prohibir protestas callejeras y de las palizas en la cárcel a presos de conciencia.

Esa campaña de represión contra los críticos se recrudeció con la celebración en 2015 de los Juegos Europeos en Bakú, capital de Azerbaiyán. Por ejemplo, se persiguió a los medios que publicaban informaciones críticas con la celebración de esos juegos, que los consideraban una forma de blanquear al régimen de los Aliyev.

Coincidiendo con la celebración de esos juegos, eldiario.es publicó la carta de la periodista Khadija Ismaylova, en la que denuncia haber sido encarcelada por “haber expuesto la corrupción en las más altas esferas de Azerbaiyán”. “Me he convertido en blanco del gobierno junto con decenas de prisioneros políticos, compañeros periodistas, defensores de los derechos humanos, jóvenes activistas, políticos y otros, por contar la verdad sobre la situación de mi país”, aseguraba en la misiva.

Otras organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han glosado en extensos informes los ataques a la libertad de expresión que tienen lugar en Azerbaiyán. En concreto, en uno de esos documentos HRW señala las dificultades que tuvo Strasser para elaborar su informe sobre la represión política, porque no se le permitió entrar al país en una obstrucción “sin precedentes”. Las mismas autoridades que le prohibieron la entrada criticaron luego que hubiese elaborado su informe sin pisar el país.

El secretario de Estado de Defensa, contra el informe

El Gobierno de Azerbaiyán no quería que el informe Strasser saliese adelante para no lastrar sus posibilidades de conseguir financiación de organismos como el Banco Mundial, que acaba de destinar 800 millones de euros para esta proyecto. Además de Agramunt, otros diputados y senadores españoles desprestigiaron el informe sobre la persecución de los derechos humanos.

Es el caso del actual secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, quien despreció las conclusiones de Strasser asegurando que la mayoría no eran reclusos políticos, sino condenados por terrorismo u otros crímenes. En concreto, citó cinco nombres de la lista de Strasser, que contenía un total de 85 casos de represión política.

Algunos de esos nombres a los que se refirió Conde son considerados presos políticos por instituciones como la Unión Europea. Es el caso de Ilgar Mammadov, cuya liberación ha reclamado Federica Mogherini, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores. En la lista de Conde también estaba Avaz Zeynalli, editor de un periódico crítico con el gobierno, que dejó de publicarse por las presiones de las autoridades, o Dayanat Samedov, prima de un líder político al que arrestaron acusado de planear un golpe de Estado.

En aquella asamblea del Consejo de Europa intervino también Ángel Pintado, por entonces senador del PP. Según el acta del encuentro, criticó que no se prestase la suficiente atención a “todo lo que ha ocurrido en Azerbaiyán en los últimos años, y los esfuerzos de este país para establecer una democracia auténtica”. Además, afeó a Strasser que se hubiese centrado en la cuestión de los presos políticos, que distraía sobre una discusión de fondo.

Jordi Xuclá, de CiU, también tomó la palabra en el plenario para disentir de la definición de preso político y para decir que hay más países que pertenecen al Consejo de Europa con este tipo de reclusos. “No tiene sentido realizar un informe referido únicamente a la situación en un solo país”, dijo Xuclá, que insistió en que no se podía considerar como preso político “a personas condenadas por hechos tipificados en normas penales”.

Al final de aquella sesión, se rechazó el informe de Strasser y se aprobó el presentado por Agramunt y el parlamentario de Malta Joseph Debono. Este último ha sido acusado de recibir regalos del régimen de Azerbaiyán, mientras que el primero se ha visto salpicado por la investigación contra el diputado italiano Luca Volontè, que cobró del país del Cáucaso 2,39 millones de euros entre 2012 y 2014.