Mariano Rajoy ha asumido este jueves el encargo del rey para intentar formar Gobierno. Pero no sólo no ha concretado “el plazo razonable” que necesita para convocar el debate de investidura; sino que ni siquiera se ha comprometido a acudir a dicho debate si no logra los apoyos necesarios para ganar la votación.
Rajoy, así, plantea un desafío a la Constitución si decide finalmente no someterse a una sesión de investidura después de haber recibido el encargo del rey para hacerlo. El presidente en funciones ha dejado la puerta abierta para, si no cree que tiene los apoyos para alcanzar la presidencia, evitar pasar por el Congreso.
El texto constitucional no prevé que el candidato propuesto por el rey pueda rechazar que haya un debate en el Congreso para votar su propuesta. De esta manera, Rajoy he especulado con que no se celebre ese debate de investidura tras las dudas que ha sembrado por si no logra el respaldo necesario.
El artículo 99 de la Constitución es el que marca el procedimiento para investir un presidente. El punto 2 es el que plantea un problema para Rajoy si el presidente en funciones pretendiese no ir al Congreso con el encargo del rey: “El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”.
Y la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, tampoco ha confirmado que vaya a celebrarse un pleno para la investidura de Rajoy. Pastor ha rehuido así las preguntas de los periodistas, aunque como presidenta del Congreso está obligada a fijar una fecha para la investidura, y ha reiterado que su función es transmitir la decisión del rey Felipe VI para designar al candidato a la presidencia del Gobierno.
“Hablaré con el candidato Mariano Rajoy y después lo que tendremos que ver es que se dé un plazo para generar un acuerdo de gobernabilidad”, ha remitido.
Pero, ¿qué decía el PP hace cinco meses, cuando Pedro Sánchez asumió el encargo del rey?
Al día siguiente de que Sánchez se comprometiera a ir a la investidura, el 3 de febrero, PP y Podemos pidieron en la Mesa del Congreso que la investidura se votara en 15 días, idea rechazada por el entonces presidente de la Cámara, Patxi López, que era partidario de conceder un mes, como así terminó ocurriendo.
Celia Villalobos, entonces vicepresidenta del Congreso, afirmó: “Esto significa más incertidumbre, más tiempo para presentarse a una investidura sin tener en el bolsillo ni un solo voto más de los que ya tiene, lo complica todavía más. No es propio de un parlamento y de un presidente [Patxi López] que en principio tiene que ser lo mas independiente posible, cosa que ya ha demostrado que no es”.
Dos días después de ese debate en la Mesa del Congreso, el 5 de febrero, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, registró una iniciativa para que la investidura se convocara el 22 de febrero. Hernando aseguró que López, a petición de las fuerzas parlamentarias, podía convocar esa sesión, y entendía que era una fecha “razonable” y da margen suficiente para que Sánchez pueda intentar recabar los apoyos que necesita y no dé lugar a la “inestabilidad” del país.
Una semana después de aquel episodio, el 12 de febrero, Hernando volvía a la carga, y pedía a López que dejara de “hacer trampas” y convocara para el 22 de febrero el Pleno de investidura. El 16 de febrero, Hernando acusaba a López de actuar de forma “arbitraria” e “inapropiada” al no convocar inmediatamente el debate de investidura de Pedro Sánchez, y esperar hasta el 2 de marzo. Hernando insistió en que López había vulnerado “claramente” lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento del Congreso que establecía que una vez que el rey hace la propuesta de candidato, el presidente del Congreso “convocará el pleno” de investidura.
“No ha sido un buen proceder por parte del presidente que ha estado pendiente de la actividad propagandística de Sánchez más que de lo mandatado por la Constitución y el Reglamento, que responde a un principio de inmediatez”, denunciaba.
Días después, el 23 de febrero, Hernando insistía: “Lo ha decidido [López] de forma arbitraria. Es evidente lo que pretende, actuar al servicio de los intereses del candidato del PSOE. Y eso lo han decidido Sánchez y López al alimón. Ahora alega que es un problema en torno a la publicación de la votación con lo que las elecciones podrían retrasarse al 27 de junio. Pero evidencia que ha habido un gravísimo error de un presidente que no se sabe el reglamento”.
Hernando protestaba por el adelanto al 1 de marzo del debate de investidura de Sánchez para cumplir los plazos de una repetición electoral.