El grupo parlamentario popular en el Congreso ha registrado una proposición de ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que incluye algunos de los puntos del pacto que alcanzó el PP con el PSOE en la última negociación para renovar el órgano de gobierno de los jueces y que a última hora rompió el propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. En aquel momento, ambos partidos acordaron, entre otras cosas, que los jueces que entraran en política no pudieran poner sentencias hasta pasados dos años de su cese.
Según ha adelantado El Mundo y ha confirmado este diario por fuentes de la dirección del PP en el Congreso, el grupo parlamentario presentó el 30 de diciembre una iniciativa en la Cámara Baja para recuperar la propuesta que en los últimos años ha esgrimido la formación como excusa para no renovar el Poder Judicial: que sean los jueces los que elijan a los jueces. El PP ya intentó iniciativas legislativas similares en el pasado que fueron tumbadas por la amplia mayoría de la Cámara.
Además, el texto incluye varias de las medidas que Feijóo y Pedro Sánchez pactaron este otoño como parte de la negociación infructuosa para desbloquear ese órgano, como que los jueces que entren en política no puedan volver a la Justicia hasta un tiempo después de cesar o que los magistrados elegidos para el Tribunal Supremo tengan al menos 20 años de antigüedad en la carrera judicial.
Aunque desde el entorno del PP trasladan que lo plasmado en la iniciativa recoge lo que pactaron Esteban González Pons y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en las últimas negociaciones, hasta ahora lo único que había trascendido de aquel acuerdo es lo referente a las puertas giratorias, especialmente, que los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno no puedan poner sentencias en los dos años posteriores a su cese.
El texto establece que los jueces o magistrados que sean elegidos para puestos en el Parlamento Europeo, el Congreso, el Senado, las asambleas autonómicas o corporaciones locales, o cuando sean nombrados para un cargo política de confianza por encima de director general, “no podrán reingresar al servicio hasta dos años después del cese” y, si solicitan el reingreso, “durante los dos años siguientes a su cese quedarán adscritos al CGPJ” para prestar servicio especial “de carácter gubernativo que el órgano les asigne”.
PSOE y PP también pactaron en esas reuniones exigir una antigüedad de 20 años de “servicio activo en la carrera judicial” para ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo, por los 15 que se prevén en la actualidad. El PP añade a este punto un requisito de antigüedad mínima de 15 años para los magistrados que acceden a las audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia y sus salas. Sobre este aspecto, incluye también algo que sí había negociado con el PSOE: reforzar la mayoría con la que los presidentes de esos tribunales son elegidos, para pasar de una simple a una de tres quintos de los vocales del Poder Judicial. Ese cambio supondría revertir la anterior reforma que hizo el PP con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.
Este cambio de mayorías también regiría para el vicepresidente del CGPJ y los presidentes de sala de la Audiencia Nacional, así como para el magistrado del Supremo “competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia” y su sustituto.
El vicesecretario del PP Juan Bravo ha comentado esta mañana el contenido de la propuesta que avanzaba El Mundo y ha reconocido que contempla las medidas que su partido pactó con el PSOE. “El presidente Feijóo estuvo sentado con el presidente Sánchez con esa idea de la independencia [de la Justicia]. Era un pacto, un acuerdo grande por la Justicia, pero Sánchez decidió que derogar el delito de sedición era un pacto al que no podía renunciar”, ha dicho este martes sobre aquel acuerdo que Feijóo rompió después de la presión de algunos medios de comunicación y de las críticas a un eventual pacto que en aquellos días verbalizó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La nueva proposición de ley de la formación conservadora se centra sin embargo en algo que, por lo publicado, nunca se acordó con el PSOE en aquellas conversaciones. El PP propone un nuevo modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para los doce asientos que corresponden exclusivamente a jueces sean elegidos por voto directo de sus compañeros, que podrían votar hasta un máximo de seis candidatos en una lista abierta.
La regulación actual contempla en su artículo 567 que el nombramiento de los vocales del Poder Judicial corresponde a las Cámaras. El Congreso y el Senado eligen por mayoría de tres quintos de sus miembros a diez vocales respectivamente: cuatro “entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión” y seis “correspondientes al turno judicial”.
La iniciativa del PP contempla la modificación de ese artículo para que establezca que “los doce vocales del turno de procedencia judicial serán elegidos por y entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se encuentren en servicio activo”. A partir de ahí, propone algunos criterios: de esos 12 vocales, “dos serán magistrados del Tribunal Supremo, tres con antigüedad superior a 25 años y siete sin sujeción a antigüedad”. También incluye que los “elegibles” no podrán haber sido “cargo electo, miembro del Gobierno de la Nación o de los consejos de gobierno de las Comunidades Autónomas”, así como tampoco “cargos orgánicos en un partido político y organización sindical en los últimos cinco años”.
El PP también introduce cambios en los requisitos para los ocho vocales que las Cámaras eligen entre juristas: no podrán ser elegidos quienes se encuentren en una “situación administrativa distinta” a la del servicio activo durante al menos los cuatro años anteriores y, además, si en los cinco años anteriores han sido “miembros del Gobierno de la Nación o de los consejos de gobierno de las Comunidades Autónomas o titulares de una Secretaría de Estado”; “hayan ostentado la condición de diputado” en el Parlamento Europeo, en el Congreso, Senado o en cámaras autonómicas o municipales o hayan sido “cargo orgánico en un partido político u organización judicial”.
El Congreso tumbó los dos intentos anteriores
No es la primera propuesta que el PP lleva al Congreso para reformar el sistema de elección de los jueces. En los últimos años, el Congreso ha tumbado dos iniciativas de la formación conservadora con este fin, la primera vez en 2018 y la segunda en 2021, las dos con Pablo Casado todavía al frente del partido. La primera fue a través de una enmienda que presentaron juntos PP y Ciudadanos para que los jueces pudieran elegir a los vocales jueces del Poder Judicial, también poco después de otras negociaciones fallidas entre socialistas y populares para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. El resultado de esa votación fue de 176 votos en contra por 164 a favor.
Los de Casado lo volvieron a intentar en esta legislatura. En octubre de 2020 registraron una propuesta, esta vez con forma de proposición de ley, para reforma el sistema de elección del órgano constitucional. Una amplia mayoría rechazó la propuesta: 190 noes contra 154 síes. Junto al PP, votaron Ciudadanos y Vox.
El PP presentaba su iniciativa de nuevo con el objetivo “de que los jueces y magistrados participen en el proceso de elección de los vocales del turno judicial de forma directa”. También proponían modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para establecer, entre otras reformas, el impedimento de que se pueda proponer para el nombramiento del Fiscal General del Estado “a todo aquel que haya desempeñado un cargo político o de confianza política en los diez años anteriores a su nombramiento”.
El PSOE: “Excusas y más excusas”
El Partido Socialista ha reaccionado al nuevo intento de los populares de sacar una ley para modificar el funcionamiento del Poder Judicial. Fuentes de la formación que dirige Pedro Sánchez han trasladado que se trata de una más de las “excusas” que incluyen en su catálogo para no renovar el órgano de gobierno de los jueces, bloqueado desde hace cuatro años tras una sucesión de variopintos argumentos como el que ya proponía Pablo Casado y su sucesor sigue manteniendo. Desde Ferraz recuerdan además que Bruselas ha pedido en reiteradas ocasiones que, si tiene que haber una forma, primero debe renovarse la composición del CGPJ.
En un vídeo colgado en sus redes, la formación ha enumerado algunas de las excusas que ha formulado el PP durante estos cuatro años para oponerse a la renovación del Consejo, tal y como prevé la Constitución. “No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del rey”, dijo Casado; “Que Podemos no esté en la ecuación”, dijo el exdirigente Pablo Montesinos; “El Gobierno tiene un pacto con ERC para nombrar magistrados”, dijo más adelante Feijóo, según esa recopilación que ha expuesto el PSOE.