El PP rechaza a Bildu en la comisión de secretos oficiales y empuja al Gobierno a cambiar las mayorías para desbloquearla

La comisión de secretos oficiales del Congreso se ha convertido en el nuevo escollo institucional para las relaciones entre el Gobierno de coalición y el principal partido de la oposición. El Ejecutivo quiere dar las explicaciones sobre el espionaje político mediante el programa Pegasus en el órgano parlamentario que controla al CNI, pero la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados (como se denomina oficialmente) lleva dos años bloqueada por el veto del PP y Vox a la participación de dos grupos: el de ERC y el de Bildu. El PP mantiene su rechazo a que Bildu se integre en esta comisión y recuerda que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, puede modificar las mayorías necesarias para su composición cuando quiera y sin el apoyo de ningún otro partido. Reclama, además, un trato bilateral para que Pedro Sánchez informe a Alberto Núñez Feijóo al margen de los órganos parlamentarios.

Al bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que acumula más de tres años de mandato caducado, se ha sumado desde el inicio de la legislatura en enero de 2020 el desacuerdo para constituir la conocida como comisión de secretos oficiales, cuyos miembros deben recibir el apoyo de un mínimo de 210 diputados, lo que concede capacidad de veto a los dos partidos mayoritarios. El PSOE quiere mantener la tradición de que todos los grupos parlamentarios tengan un representante en el órgano donde se informa a los representantes de la soberanía popular. El PP que presidía Pablo Casado, además de Vox, rechazaron la presencia de los partidos independentistas. Ahora, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha eliminado a ERC de la ecuación, pero rechaza que EH Bildu esté presente.

“No nos parece lógico que la comisión [de secretos oficiales] sea el mecanismo para desactivar un malestar puntual con sus socios parlamentarios”, ha dicho este lunes el secretario de Economía del PP, Juan Bravo, en una rueda de prensa posterior a la reunión que en cada inicio de semana suele mantener el Comité de Dirección. “Concederle a Bildu información sobre secretos de Estado para aplacar un problema del Ejecutivo no nos parece el mejor camino”, ha añadido. Ante una tercera pregunta de los periodistas, ha sostenido: “Que Bildu esté en la comisión, cuando menos sorprende”. Y ha concluido: “Si hay partidos que buscan fracturas en el Estado español, no es el camino”.

Bravo ha intentado que el PP no aparezca como elemento de bloqueo y ha recordado que la norma que regula la composición de la comisión es una resolución de la Presidencia del Congreso que data de 2004 y que se puede modificar de forma unilateral por la actual presidenta, Meritxell Batet. Dicha norma apunta a una mayoría de 210 diputados. “Bildu entrará si consigue 210 votos”, ha dicho Bravo, quien ha asegurado que si el Gobierno opta por cambiar las mayorías es “decisión de la presidenta y de Pedro Sánchez”.

De hecho, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Ejecutivo busca “fórmulas” para sortear el actual bloqueo. Entre las opciones está cambiar la mayoría reforzada de tres quintos de la Cámara [los 210 diputados] a un sistema de mayoría absoluta. Su intención es que todos los grupos tengan representación, informa Irene Castro. “Tenemos una ventaja con ese procedimiento para conformarla y es que no está en el Reglamento de la Cámara”, ha recordado el socialista: “Cualquier fórmula que garantice que los grupos estén presentes nos sirve”. 

Preguntado al respecto, Bravo pedido “mantener” el actual sistema de mayorías, ya que su objetivo es “que prime el interés general, el interés de España” y ha reiterado que la decisión es de Batet y de Sánchez. Por si acaso el Gobierno tiene esa intención, ha avanzado la senda por la que irán las críticas del PP: “El PSOE debe verbalizar si les parece bien que partidos que combaten al Estado conozcan los secretos que ese mismo Estado tiene o dispone para intentar derrotar esos ataques que pueda recibir”.

Eso sí, el PP defiende que la comisión parlamentario es el lugar idóneo para que el CNI y el Gobierno respondan sobre el espionaje. Pero solo facilitará su constitución si se excluye a Bildu. En caso contrario, Batet tendrá que modificar la norma que regula su composición.

Feijóo asumió la Presidencia del PP con la promesa de “rescatar” a España del “naufragio político, económico e institucional” en el que dijo que está inmersa. Este mismo lunes, el líder de de la oposición trasladará al presidente del Gobierno quiénes serán sus interlocutores para negociar la renovación del CGPJ, que es una de las trabas institucionales que no se logró solventar durante el mandato de Casado. La cuestión de la comisión de secretos oficiales quedó soslayada pues sus reuniones son puntuales y solo se producen ante escándalos como el espionaje con Pegasus o, en su momento, las grabaciones a Corinna Larsen que revelaban los supuestos negocios de Juan Carlos de Borbón.

El por entonces director del CNI, Félix Sanz Roldán, compareció para dar explicaciones. Lo hizo, como es habitual, a puerta cerrada. Además, la revelación de las deliberaciones dentro de la comisión son un delito.

Ocurrió en 2018, con ERC sentada en dicho órgano parlamentario pese a que gobernaba el PP, que era la fuerza más votada y, como ocurre ahora, pudo haber vetado su presencia. Unos meses antes de la comparecencia de Sanz Roldán se produjo la declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 por el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy intervino la Generalitat, disolvió el Parlament y convocó elecciones autonómicas.

Pero ahora el PP rechaza que Bildu entre en dicha comisión. Fuentes de la ejecutiva aseguran a elDiario.es que la comisión “no es un órgano de representación de partidos”, sino de personas. Y señalan que si la persona designada por Bildu logra los 210 votos, entrará a formar parte de la comisión. Pero para eso es imprescindible el voto del PP. Un voto que, por lo dicho por Bravo, hoy por hoy está lejos de darse por seguro proponga a quien proponga Bildu.

Con todo, el PP sí ha defendido el uso del sistema Pegasus de espionaje, aunque ha reiterado que solo debe emplearse siguiendo los criterios legales. De hecho, Bravo ha reconocido que el programa, que se compró con Rajoy en Moncloa, se utilizó “dos veces” bajo el mandato del PP: “En 2017 se usó dos veces con autorización judicial. Lo que hay que dilucidar es si los 65 que han sido espiados lo han sido con resolución judicial, con respeto al Estado de derecho”.