El año que empieza va a repartir buena parte del poder institucional en España. En mayo habrá elecciones autonómicas (con 12 gobiernos regionales en juego) y municipales, lo que implica que habrá urnas en toda España. Será el preludio de las generales, previstas para finales de 2023. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sabe que se juega todo a una carta: gobernar o dejar paso a otro (u otra) que intente batir a Pedro Sánchez. Para lograrlo, cada voto cuenta, y la derecha cree haber encontrado un nicho en un sector de ciudadanos afines mayoritariamente al PSOE, pero que no comparten algunas de las políticas de Igualdad puestas en marcha por el Ejecutivo de coalición, especialmente la Ley Trans.
El PP se ha lanzado a intentar pescar en ese caladero, con una oposición frontal a un texto legislativo que, en buena parte, el propio partido ha promovido o asumido en múltiples comunidades autónomas, que reconocen en sus leyes, y dentro de sus marcos competenciales, la libre determinación del género de las personas. De hecho, solo Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias no cuentan con ley trans o LGTB. Y solo Galicia y Catalunya tienen leyes de este tipo que no contemplan la autodeterminación.
En el resto, es un derecho ya reconocido. Es el caso de Madrid, Murcia, Navarra o Andalucía, entre otras. Regiones que ha gobernado o gobierna el PP y donde este partido ha votado a favor de leyes trans o LGTB. El caso de Madrid es paradigmático: Vox puso como requisito derogar aspectos clave de esta normativa como contrapartida a apoyar a los Presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para 2023. Ayuso se negó a hacerlo de primeras ya que quiere esperar a la norma estatal y abrir así un nuevo choque directo con el Gobierno de coalición.
Así, el PP apoyó, promovió o defiende (cuando no las tres) la libre determinación de género a nivel autonómico. Y en 2019 también lo hizo en el Congreso. El Parlamento debatió en comisión una propuesta de ley trans del PSOE. El informe de la ponencia, paso previo a que el texto llegue al Pleno, fue apoyado por los principales partidos, incluido el PP, que solo votó en contra de dos disposiciones sobre personas no binarias e intersexuales.
Aquella iniciativa decayó por el adelanto electoral decidido por Pedro Sánchez tras el veto del Congreso a los Presupuestos Generales. Pero en su origen, un par de años antes, o en su desarrollo, estuvieron algunas de las personas que luego se han posicionado contra la norma impulsada por el actual Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero y que se ha traducido en una creciente tensión entre los dos socios del Gobierno de coalición por las políticas de Igualdad prácticamente desde de la investidura. De ahí intenta beber el PP.
El giro del PSOE que alimenta al PP
Si a comienzos de 2020 Irene Montero tomaba posesión como ministra del ramo, dos meses después saltaba el primer conflicto a cuenta de la ley del solo sí es sí. A pesar de que ambas formaciones llevaban tiempo trabajando en propuestas similares, las diferencias sobre la reforma penal que implicaba la norma abrió una brecha dentro del Ejecutivo.
Fue el primer episodio de muchos otros que dejaban ver el malestar de un sector socialista por haber perdido el Ministerio de Igualdad, pero también una disputa por la hegemonía feminista. El principal foco del conflicto durante toda la legislatura ha sido la Ley Trans y, en concreto, la autodeterminación de género.
El acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos contempla la aprobación de una norma dirigida a regular los derechos de las personas transexuales, pero sin hacer referencia al contenido concreto. No obstante, la norma no tenía por qué suponer un gran problema puesto que ambos partidos habían presentado o trabajado en un pasado reciente en propuestas similares. Como ejemplo, la proposición de ley ya mencionada que el PSOE presentó en el Congreso en 2017 incluía la autodeterminación de género también para los menores en un texto muy parecido al primer borrador redactado por el Ministerio de Igualdad de Montero.
Pero todo cambió en 2020. Tras la llegada de Unidas Podemos al Ministerio de Igualdad un sector del feminismo –en buena medida, vinculado de alguna manera con el PSOE pero también a otras izquierdas tradicionales– comenzó a criticar con dureza la autodeterminación de género y la propuesta del Ministerio porque aseguraban que implicaba “la desaparición de las mujeres”.
Nacieron colectivos como la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, en la que han participado activamente algunas exdiputadas socialistas, como Ángeles Álvarez, quien formó parte de la ponencia de la ley trans de la pasada legislatura. El Partido Feminista también cargó contra la ley y sus duras posiciones sobre la autodeterminación de género le valió la expulsión de Izquierda Unida.
En junio de ese año, el PSOE lanzaba un argumentario interno “contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres” y que criticaba el derecho “a la autodeterminación sexual”. Unos meses más tarde, la parte socialista del Gobierno se desmarcaba del borrador de Igualdad.
La autodeterminación de género y, por tanto, la despatologización de las personas transexuales, es exigida por varios organismos y asociaciones internacionales, entre ellos Amnistía Internacional o la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Implica la posibilidad del cambio del sexo legal sin necesidad de cumplir requisitos previos –hasta ahora se exigía un informe diagnóstico y dos años de hormonación– más allá de la declaración de la persona interesada. Como ocurre con el PP, las leyes autonómicas trans fueron apoyadas o incluso impulsadas por el PSOE.
“Me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”, afirmó a comienzos de 2021 la entonces vicepresidenta primera y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, en una entrevista en la Cadena Ser. A pesar de este giro, ni el departamento de Calvo ni el PSOE aclaraba públicamente cuál era la propuesta alternativa, aunque aseguraban que no iba a requerirse ningún informe médico o psicológico.
Al filo del verano, con una dura negociación mediante, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de Ley Trans, que incluía la autodeterminación de género. La luz verde se producía poco antes del Orgullo, en cuya celebración el PSOE estuvo a punto de ser vetado por los colectivos organizadores.
En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Irene Montero estuvo acompañada del entonces titular de Justicia, Juan Carlos Campo, y de la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los dos cerraron filas con un texto que, aseguraban, suponía un avance y situaba a España “a la vanguardia” de Europa. El texto permitía el cambio de sexo legal a partir de los 12 años, no antes, en diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. También daba la posibilidad de revertir el cambio a los seis meses, mediante resolución judicial.
La fractura, sin embargo, no estaba cerrada, ni en la coalición de Gobierno ni mucho menos en el movimiento feminista. El 8M de 2022 la ruptura se hizo más patente que nunca con manifestaciones separadas en un puñado de ciudades de todo el país. Organizaciones feministas contrarias a la autodeterminación de género se desmarcaron de la convocatoria de la Comisión 8M.
El PP hurga en la herida del PSOE
Nacía, además, la Asociación Española de Feministas Socialistas, presidida por Amelia Valcárcel, una de las intelectuales de referencia del PSOE y consejera de Estado desde 2006 a propuesta de ese partido, y en la que también asumieron cargos Altamira Gonzalo, por entonces presidenta del Consejo Asesor de Igualdad del PSOE, o Rosa Peris, antigua directora del Instituto de las Mujeres.
Uno de sus propósitos era, precisamente, presionar para que la posición del Partido Socialista fuera más tajante respecto a la Ley Trans y la autodeterminación de género y, en general, conseguir un cambio de rumbo en cuanto a políticas de Igualdad. La dirección socialista, en aquel momento en manos de Adriana Lastra junto a una recién estrenada Andrea Fernández como responsable de Igualdad, se desmarcó del nacimiento de esa nueva asociación.
En 2017, Amelia Valcárcel fue parte del grupo de personas que elaboró la Ponencia Política del PSOE. La filósofa es miembro del Consejo de Estado. En los 90, Valcárcel fue consejera de Educación y Cultura de Asturias. En los dos últimos años ha sido una de las voces más críticas con la Ley Trans y la autodeterminación de género.
Este mismo mes de diciembre, Valcárcel cerró un simposio organizado por el PP en el Congreso de los Diputados contra la Ley Trans. Las jornadas sirvieron para aglutinar diferentes voces contrarias a la norma y a quienes, según la tesis de la derecha, se había hurtado la posibilidad de hablar durante el trámite parlamentario al votar el Pleno hacerlo de urgencia.
En las jornadas intervino la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien presumió de abrir el Congreso a “expertos, catedráticos, doctores y, en definitiva, a la sociedad española para que puedan hablar libremente en la sede de la soberanía nacional y nadie se lo impida”.
Junto a Valcárcel, auténtico reclamo del PP, participaron otros nombres destacados, como el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Celso Arango, que ha criticado con dureza la norma; Marta Oliva, portavoz de la Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada; José Errasti, autor de Nadie nace en un cuerpo equivocado, o Juana Gallego, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Valcárcel abrió su alocución en la Sala Constitucional con un alegato a favor del principal partido de la derecha: “El PP es un partido de gobierno. Les pediría que continúen, porque hay muchas maneras de continuar lo que estamos haciendo”. Después, ironizó sobre el término “transfobia” y lo comparó con la palabra “islamofobia” que, dijo, fue una invención “pagada por Irán, por los ayatolás”. Después ridiculizó el mero concepto de “fobia”: “Tenemos más fobias que neuronas donde depositarlas”. También se comparó con Galileo Galilei y su “eppur si muove” y concluyó desde la sede de la soberanía popular que el objetivo del Gobierno de coalición era “cercenar el derecho a la libertad de expresión y aplicar una ley mordaza sobre la disidencia”.
Ese mismo día, un grupo de mujeres contrarias a la ley se manifestaron frente al Congreso. Pero la norma fue finalmente aprobada por la Cámara Baja el pasado 22 de diciembre y ahora continuará el trámite en el Senado. Unos días antes, Alberto Núñez Feijóo dijo en un acto en Valencia: “Mandamos un mensaje a todos los españoles. Por supuesto a los votantes del PSOE, que no votaron a Sánchez para que incumpla todos sus compromisos electorales”. Unos días antes, en una entrevista en Esquire, dijo sobre la Ley Trans: “Pone en peligro los logros de la lucha feminista. Porque trivializa el ser mujer o ser hombre. Porque se facilita que un menor pueda someterse a una intervención quirúrgica en la mayoría de las veces irreversible sin ser asesorado de forma adecuada. Se trivializa el sexo y se trivializa la naturaleza humana. Creo que las feministas tienen razón. Esta ley no atiende a la causa histórica del feminismo”. Socialistas descontentos y feministas enfadadas, un nicho que necesita el PP para ganar las elecciones dentro de un año.