El PP incluye enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana para impedir las protestas en TVE
El PP quiere impedir las protestas de los empleados de la corporación de RTVE en sus centros de trabajo. Una enmienda de los conservadores al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana incluye las sedes de TVE y RNE como instalaciones en las que se “prestan servicios básicos”, en las que las manifestaciones no comunicadas o las intrusiones serán infracciones graves sancionadas con hasta 600.000 euros, según la norma de Jorge Fernández Díaz.
El grupo parlamentario que dirige Alfonso Alonso ha presentado una enmienda parcial al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana en la que incluye las “infraestructuras de telecomunicaciones” en el conjunto de instalaciones en las que “se prestan servicios básicos a la comunidad”. El proyecto que redactó el Ministerio de Jorge Fernández Díaz incluye las reuniones o manifestaciones no comunicadas en este tipo de espacios como infracciones muy graves y las intrusiones que supongan obstrucción en su funcionamiento como graves. Las primeras pueden conllevar sanciones de hasta 600.000 euros y las segundas, de hasta 30.000 euros.
La enmienda del PP no hace referencia concreta a las sedes de los medios de comunicación públicos, pero fuentes del grupo han aclarado a eldiario.es que Prado del Rey y Torrespaña están entre las denominadas “infraestructuras de telecomunicaciones”. La inclusión de esas instalaciones implica que protestas como la que protagonizaron los trabajadores con motivo de la congelación del presupuesto del ente público estén fuertemente penalizadas. Esa queja se sintió en al menos dos ocasiones durante la emisión del Canal 24 horas de TVE al colarse en directo los pitos de los empleados que secundaron un paro sindical.
Unos días antes, los trabajadores se rebelaron contra la dirección ante la forma en que pretendía informar sobre la dimisión de Leopoldo González-Echenique de su puesto de presidente de la corporación. Finalmente consiguieron que la noticia que se emitió en el Telediario incluyera un fragmento de la carta que les dedicó y declaraciones de Cristóbal Montoro y del portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando.
Apenas un mes después de ambos episodios, el PP ha incluido esa enmienda al proyecto que sigue debatiéndose este martes. Fuentes del grupo parlamentario explican a eldiario.es que la redacción de ese artículo –la disposición sexta adicional– puede modificarse si se llega a un consenso con el resto de fuerzas o si uno de los grupos con los que están negociando les ofrece un “texto mejor”. En caso contrario, “se quedaría como está”, precisan esas fuentes. La mayoría absoluta del PP en el Congreso podría sacar adelante esa enmienda.
El proyecto que Fernández Díaz ha llevado a la Cámara Baja ya pretendía acallar otro tipo de protestas en lugares como aeropuertos, puertos, servicios de suministro de agua, gas y electricidad, o centrales nucleares. En este último caso el objetivo claro es ir en contra de movilizaciones como la de Greenpeace en Garoña, que ha recibido el respaldo en los tribunales.
La organización ecologista, que llevó a cabo una concentración en marzo a las puertas de la central que simbolizó el desmantelamiento de la planta, ha denunciado que el artículo 35.1 de la conocida como 'ley mordaza' pretende “disuadir” este tipo de actos y critica que genera “inseguridad” jurídica al referirse de manera inconcreta a “las inmediaciones” de esos lugares y no delimitar ni especificar “el riesgo para las personas o el perjuicio al que hace referencia”. “Deja abierto el margen de interpretación”, expresa Greenpeace en un informe sobre el proyecto.
Todos los partidos de la oposición han mostrado su rechazo al proyecto de Interior, pero la mayoría absoluta del PP rechazó las nueve enmiendas de devolución presentadas. Este martes está convocada la reunión de la ponencia en la que se incorporarán las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, entre ellas también destaca la regularización de las devoluciones 'en caliente' de inmigrantes. El PP espera poder transaccionar algunas de las enmiendas parciales presentadas y llegar a acuerdos. No obstante, los demás grupos han mostrado en muchas ocasiones su oposición a la reforma.
Además, los portavoces del PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y PNV en la Comisión de Interior presentaron un escrito quejándose por la tramitación 'exprés' de esta ley, que se podría aprobar definitivamente en la semana del 20 de noviembre. El texto llegó al Congreso en julio y no fue calificado por la Mesa hasta septiembre. El debate de las enmiendas de totalidad se celebró un mes después y se abrió un plazo de tan sólo cinco días, en plena discusión de los Presupuestos Generales del Estado, para la presentación de las enmiendas parciales, “mucho antes de lo usual y de lo solicitado por diversos portavoces”, según denuncian los grupos.
