El PP suma el pacto antitransfuguismo al póker de bloqueos institucionales que ha elegido como estrategia de desgaste al Gobierno. Los de Pablo Casado se niegan a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) más de 1.000 días después de que expirara su mandato. Tampoco quieren negociar el recambio del Defensor del Pueblo, de magistrados del Tribunal Constitucional o de algunos relevos pendientes del Tribunal de Cuentas. Ahora, el PP rechaza reincorporarse al Pacto por la Estabilidad Institucional y Lucha contra el Transfuguismo Político, del que se salió tras la fracasada moción de censura de Murcia, si el resto de partidos integrantes no accede a modificar de arriba a abajo la normativa y operativa del mismo, que se puso en marcha en 1998, durante el primer Gobierno de José María Aznar.
Así consta en una carta fechada el pasado 15 de septiembre y firmada por la responsable de la política municipal del PP, Raquel González Díez-Andino, en respuesta a una previa remitida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, precisamente para solicitar al PP su reincorporación al pacto. En la misiva, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Díez-Andino dice que su intención es abrir una “etapa más ambiciosa y sin efectos perversos”, pese a reconocer que ella misma firmó hace un año la tercera adenda al pacto, que data del siglo pasado.
De hecho, el PP fue promotor del conocido como pacto antitransfuguismo. Y con Mariano Rajoy, predecesor de Pablo Casado al frente del partido, como ministro de Administraciones Públicas, responsable de ponerlo en marcha. Pensado en un primer momento para evitar la compra de concejales que modificara las mayorías en los plenos municipales al calor de la reforma de la ley del suelo, se renovó en el año 2000 (todavía con el PP en el Gobierno y Jesús María Posada al frente del Ministerio). La segunda adenda es de 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa.
Pese a ser promotor y haber suscrito las adendas hasta hace un año, el PP repudia ahora todo el corpus legal emanado de dos décadas de acuerdo que, además del PSOE, ha contado siempre con el apoyo de la inmensa mayoría de los partidos con representación. Pero los de Casado consideran ahora que “la actual redacción” es “insuficiente”, por lo que proponen “reformular sus principios” para que el pacto “gane en eficiencia, disfrute de una mayor gama de instrumentos normativos a su servicio, esté dotado de unos mecanismos de funcionamiento mucho más transparentes, más ecuánimes y también para que sus decisiones se alejen del poder político y, de este modo, evitar la politización de sus decisiones y su posible instrumentalización”.
Y sigue la carta firmada por Díez-Andino: “La composición del Comité de Expertos dista mucho de ser independiente, imparcial y neutral y para ello tanto su composición como sus resoluciones deben estar alejadas de los partidos políticos y así evitar la instrumentalización política de sus decisiones”.
“Transfuguismo y estabilidad institucional no son conceptos sinónimos”, apunta la carta. Y añade que “si el Pacto lo es por la Estabilidad Institucional precisa de un reajuste conceptual” para acomodarlo al “mandato constitucional que muy claramente dispone que 'los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Un principio que rige desde 1978 y cuyo cumplimiento es bastante endeble en España.
Para abordar estas cuestiones, concluye Díez-Andino, el PP solicitó “que se convocara la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional, petición que no fue atendida”. Y añade que “tampoco lo fue el que se suspendiera la toma en consideración de los asuntos que tuviera pendiente la Comisión de Expertos, a la que se hizo caso omiso”.
La moción de Murcia impulsa la ruptura
¿Y por qué el PP impugna ahora lo que le parecía bien en 2020, en 2006, en 2000 y en 1998? La moción de censura de Murcia lo cambió todo. El PSOE y Ciudadanos plantearon un cambio en el Gobierno de la Región que dejaba fuera del Ejecutivo al PP de Fernando López Miras. Murcia es, además, la comunidad del secretario general del PP, Teodoro García Egea. El varapalo a la dirección de Casado, que había sufrido un duro revés en las elecciones catalanas de un mes antes y en las que Vox les dobló en votos, podía ser definitivo para su futuro.
Pero la moción descarriló. Tres de los diputados de Ciudadanos que firmaron la iniciativa se desdijeron y acabaron sentados en el Consejo de Gobierno de Murcia, en contra de las directrices de su partido. Así lo expuso el representante de Ciudadanos en una reunión del pacto antitransfuguismo, tal y como consta en el acta de la cita. El representante del PP votó en contra de una resolución que reconocía como tránsfugas a los diputados que les permitieron mantener el Gobierno murciano. Haber votado a favor hubiera significado desautorizar a su propio presidente autonómico. Como la representación de cada partido es ponderada en función de la representación institucional, el no del PP supuso que no se alcanzaba la mayoría necesaria para tomar una decisión.
El asunto terminó en el comité de expertos del pacto, que sí calificó como tránsfugas al presidente murciano y a los exdiputados de Ciudadanos en virtud de los diferentes documentos que conforman el corpus del Pacto por la Estabilidad Institucional. Estos expertos convinieron que los diputados eran efectivamente tránsfugas en función de las adendas firmadas por los partidos. El PP anunció entonces que abandonaba el pacto.
Sin el PP, el pacto antitransfuguismo carece de sentido, ya que queda fuera una de las formaciones con más representación en todo el Estado. De ahí el empeño del PSOE y del resto de partidos en que vuelva a las convocatorias. Pero los de Casado reclaman ahora un compromiso de modificar las reglas para volver a sentarse con los demás, un planteamiento que ya ha rechazado el Gobierno. Algo similar al último planteamiento que ha hecho el PP para renovar el CGPJ, que acumula ya más de 1.000 días con Carlos Lesmes al frente de la institución con el mandato caducado.
En ambos casos, el PP hace una enmienda a la totalidad de un sistema de elección o de funcionamiento del que no solo es parte hacedora, sino que nunca ha modificado en los términos en los que exige ahora cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo.