El PP defenderá este lunes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas que el órgano fiscalizador incoe “los procedimientos oportunos que se deriven de las posibles irregularidades” en las que hubiera podido incurrir Podemos al financiar a través de plataformas digitales de financiación colectiva ('crowdfunding') su campaña electoral para las elecciones europeas de 2014.
Así consta en las propuestas de resolución registradas por el PP al informe de fiscalización de las contabilidades de aquellos comicios que realizó el Tribunal de Cuentas, que se someterán a votación el lunes y a las que ha tenido acceso Europa Press.
En aquel informe, el primero en el que se fiscalizaba a Podemos, el Tribunal de Cuentas constató que el grueso de la financiación de su campaña electoral se hizo mediante 'crowdfunding'.
Cuando el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentó el informe ante la Comisión Mixta, el PP ya reclamó que se investigase a este partido por utilizar esta vía de financiación. Sin embargo, el máximo representante de la institución fiscalizadora ya dejó claro que no podía actuar en este sentido puesto que este tipo de colectas no son ilegales, sino alegales, habida cuenta de que no están contempladas en la legislación electoral vigente.
En cualquier caso, el PP ha decidido insistir en este punto y someterá a votación una propuesta de resolución en la que, si bien no cita expresamente a Podemos, insta al Tribunal de Cuentas a investigar a la formación de Pablo Iglesias.
En concreto, le demanda que incoe “los procedimientos oportunos que se deriven de las posibles irregularidades que se hayan producido como consecuencia de la utilización indebida de los sistemas de financiación a través de 'crowdfunding' como medio de obtención de recursos de financiación privada por los partidos políticos sin someterse a los requisitos establecidos en la legislación para el caso de que se configuren como donaciones o préstamos”.
UPyD pide permitir donaciones finalistas
El PP es el único de cuatro los grupos que han presentado propuestas de resolución a este informe que no demanda al Gobierno que regule el 'crowdfunding' en el ámbito electoral, algo que sí hacen en sus respectivos escritos PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD.
La formación magenta, que en su momento tuvo que recurrir a una campaña de venta de chapas para poder financiar sus causas judiciales contra la corrupción, reclama además que en esa regulación del 'crowdfunding' se flexibilice la prohibición de donaciones finalistas para acciones concretas.
PP y PSOE, por su parte, coinciden en instar al Gobierno a acometer el desarrollo normativo pertinente para precisar los conceptos, la imputación y la justificación de los gastos electorales en función de lo establecido en el artículo 130 de la LOREG, a efectos de limitar los gastos realizados por las formaciones políticas a los “imprescindibles para acometer la campaña electoral en concordancia con el compromiso de reducción del gasto electoral” previsto legalmente.
Tener en cuenta los anuncios de Internet
En este sentido, los socialistas precisan que esa regulación debe ajustarse “a una interpretación estricta de los conceptos subvencionables”. Además, los dos grupos mayoritarios piden al Gobierno que promueva las medidas oportunas para incluir dentro del límite de gasto en publicidad exterior y del límite de publicidad en la prensa periódica y en las emisoras de radio de titularidad privada, los nuevos soportes de publicidad introducidos como consecuencia de las nuevas tecnologías.
El PP cita, en concreto, la publicidad en prensa digital y los anuncios de Internet y llama a precisar la naturaleza de los gastos a considerar de forma que se elimine toda incertidumbre a efectos de su consideración para la comprobación de la limitación legal establecida.
Asimismo, el PP y UPyD apuestan por que el Gobierno fije legalmente “el destino que debe darse a los recursos procedentes de donaciones privadas que no cumplen los requisitos exigidos en la LOREG” bien porque el donante no esté identificado o porque se superen los límites máximos anuales previstos para una misma persona física o jurídica.
Los 'populares' también han registrado otra propuesta para emplazar los partidos políticos a prever un sistema de control interno que garantice que seleccionarán la oferta económicamente más ventajosa en relación con aquellas operaciones que representen un una importancia relativa sobre el volumen de los gastos electorales declarados.
Comprobación documental de gastos
En la misma línea, pide que las fuerzas políticas faciliten al Tribunal de Cuentas la “adecuada comprobación documental del detalle de las operaciones que integran los conceptos de gastos facturados por la campaña electoral”.
Por su parte, UPyD utiliza sus propuestas de resolución para instar al órgano fiscalizador a examinar el control interno de los partidos políticos de manera que pueda dar “toques de atención que sirvan de alerta temprana de carácter preventivo” en los casos en los que pueda apreciar “debilidades internas” en lo que a la financiación se refiere.
Los magenta también emplazan expresamente al Tribunal de Cuentas a hacer un “seguimiento particular de aquellos partidos en los que se de dominio público o están en los tribunales casos de financiación paralela”, en clara referencia al PP.