PP y Vox votan en Bruselas contra una ley para evitar la explotación laboral y el trabajo infantil
El PP de Alberto Núñez Feijóo y Vox han votado en contra de una ley impulsada por la Comisión Europea para luchar contra la explotación laboral, incluyendo el trabajo infantil. Los populares europeos se han dividido en el Parlamento Europeo en la votación de la Directiva de Diligencia Debida y la delegación española ha sido una de las que la ha rechazado. La derecha teme que ese tipo de legislación suponga una traba para el desarrollo y la competitividad empresariales.
El texto propuesto por Bruselas pretende que las grandes empresas estén sometidas a un comportamiento “sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de valor globales”. Así, plantea que identifiquen, prevengan, terminen o mitiguen el impacto adverso de sus actividades sobre los derechos humanos, como el trabajo infantil y la explotación de los trabajadores, y sobre el medio ambiente, por ejemplo, la contaminación y la pérdida de biodiversidad“. La Comisión Europea impulsó la directiva para contribuir con su grano de arena a paliar una dramática situación: 160 millones de niños en todo el mundo (uno de cada diez) se encuentran en situación de trabajo infantil. Casi la mitad de ellos realizan trabajos peligrosos y 25 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso u obligatorio.
La Eurocámara ha avalado, con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones, esa propuesta que afectará a las compañías con más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones de euros, así como a las matrices que tengan más de 500 empleados y una facturación global por encima de los 150 millones de euros. En el caso de las que no tengan sede de operaciones en la UE, la legislación se aplicará a aquellas con una facturación superior a esa cifra en la que al menos 40 millones se hayan generado en territorio de los 27.
La directiva, que ahora tendrá que negociarse entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión antes de su aprobación definitiva, contempla un régimen de sanciones para aquellas sociedades que incumplan las reglas. El castigo, que será impuesto por los supervisores nacionales, dependerá de la gravedad de la infracción: desde hacer público el incumplimiento hasta la retirada de sus productos del mercado o multas de hasta el 5% de sus ingresos. También incluye un apartado medioambiental en el que las empresas tendrán que desarrollar planes de transición encaminados a combatir el cambio climático. En las compañías de más de mil empleados el cumplimiento de ese programa afectará a la parte variable de las retribuciones de los ejecutivos.
A favor de la medida ha votado parte del PPE, los socialistas y demócratas, liberales, verdes y la izquierda mientras que otra parte del grupo que pilota Manfred Weber, incluido él y la delegación española, entre otros, se han opuesto, junto a la extrema derecha y un puñado de liberales.
La delegación española del PP defiende su voto en contra por que “algunos de los compromisos eran demasiado gravosos para las empresas de la UE, especialmente pymes”. No obstante, las restricciones planteadas solo operan para las compañías con importantes cifras de facturación. Los conservadores sostienen que ese planteamiento repercutirían “negativamente en las competitividad de las empresas europeas a nivel global”. “La plena armonización en todo el mercado único es de gran importancia para las empresas de la UE y es necesaria para garantizar la igualdad de condiciones”, señala el grupo de Feijóo, que quería cambiar la directiva por un reglamento, que tiene una entidad regulatoria inferior.
De hecho, algunas organizaciones sociales consideran que la posición de la Eurocámara se queda corta porque no aplica a una gran cantidad de sociedades. “Si bien es una buena noticia que la mayoría haya votado a favor de las normas de la UE, su propuesta se tambalea en la línea de partida, ya que deja a la mayoría de las empresas libres”, dice en un comunicado el responsable de justicia económica de Oxfam, Marc-Olivier Herman, que avisa de que los supervivientes del abuso corporativo seguirán luchando en los tribunales.
“Las violaciones de derechos humanos se persiguen con policía, jueces, cárcel o dejando de financiar a sátrapas extranjeros, pero no imponiendo más cargas, obligaciones, gastos e ideología en las empresas”, afirmó durante el debate el portavoz de Vox, Jorge Buxadé: “La única consecuencia es que los trabajadores y las empresas van a ser más pobres y menos competitivos y donde hoy hay empresas europeas mañana habrá empresas chinas o americanas”. El jefe de la extrema derecha española en la Eurocámara aprovechó para pronunciarse sobre el adelanto electoral para asegurar que el 23 de julio España seguirá la estela de países en los que se ha ido imponiendo, como Italia, Suecia, Finlandia, Polonia y Hungría. “Una nueva Europa de naciones y libertades volverá a resurgir”, advirtió.
Ciudadanos, por el contrario, ha apoyado el texto bajo la premisa de que es “equilibrado” porque pone “en la balanza la competitividad y la responsabilidad”, según expresó el parlamentario Adrián Vázquez.
“Es dramático que el Partido Popular español esté alineado con la parte más carca de la derecha europea”, señala el eurodiputado del PSOE Ibán García del Blanco. “El apoyo del Parlamento Europeo es un punto de inflexión en cómo miramos al papel de las empresas en la sociedad. Una ley sobre responsabilidad corporativa debe garantizar que el futuro es de las compañías que tratan a las personas y el medio ambiente de manera saludable, no de aquellas que basan sus ingresos en dañar al medio ambiente y en la explotación”, defendió la ponente del texto, la también socialista Lara Wolters.
“La Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa es la piedra angular de una transformación histórica que redefinirá las responsabilidades y obligaciones de las empresas para respetar los derechos humanos y el medio ambiente”, apuntó la vicepresidenta de la Eurocámara Heidi Hautala, de los verdes, que también lamentó que el PP europeo se acerque cada vez más a las posiciones de la extrema derecha.
“Es una victoria contra la impunidad de las multinacionales, una victoria para los derechos humanos y el medioambiente. Las grandes empresas ya no podrán vigilar los derechos sin responsabilizarse ante los tribunales”, agregó Manon Aubry, de La France Insoumise, que aseguró que las grandes empresas ya no se podrán “esconder” detrás de filiales. “El poder de la gente puede imponerse al del dinero”, agregó la eurodiputada de la izquierda, que hizo alusión a la presión de los lobbies en contra de la iniciativa.
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