Ana Pastor Julián fue elegida presidenta del Congreso el 19 de julio de 2016 y cesó el 20 de mayo de 2019. Su mandato tuvo una peculiaridad: ejerció como tercera autoridad del Estado con dos presidentes distintos, primero Mariano Rajoy y después Pedro Sánchez, tras la moción de censura. Algo menos de tres años al frente de un Congreso muy fragmentado donde su desempeño siempre mantuvo un mismo afán: preservar los intereses del Partido Popular.
Pastor fue elegida gracias a los votos de PP y Ciudadanos y la abstención de todos los partidos nacionalistas e independentistas: Convergència, Esquerra, PNV y EH Bildu votaron en blanco en la sesión constitutiva de las Cortes. En total, 25 papeletas que no fueron a parar a ningún candidato. La exministra de Fomento se impuso por 169 votos frente a los 155 que obtuvo Patxi López, el candidato del PSOE.
La situación de 2016 es muy similar a la que afronta este jueves el Congreso. Al PP le basta con el apoyo de Vox para hacerse con la presidencia de la Mesa si enfrente no hay acuerdo: tiene 171 escaños –sin contar con Coalición Canaria, que no ha desvelado su voto– frente a los 152 que aglutinan PSOE y Sumar. La negociación con nacionalistas e independentistas vuelve a ser, como en 2016, fundamental para decidir quién controlará la Mesa.
Además, se puede dar una situación peculiar. El PP podría obtener este jueves la presidencia de la Mesa del Congreso pero después se puede llegar a un acuerdo de investidura entre PSOE, Sumar, los socios de la legislatura pasada y Junts, cuyos votos son clave tanto en la votación de mañana como en una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Es una situación peculiar, pero no inédita.
La legislatura en la que Ana Pastor presidió el Congreso da pistas de lo que puede suponer que la derecha controle la Mesa si finalmente hay un gobierno progresista. Pastor, propuesta por Rajoy, de quien era y sigue siendo amiga personal, dejó claro desde un inicio que su papel al frente de esa institución era salvaguardar los intereses de su partido.
Lo hizo, por ejemplo, cuando manejó los tiempos para la fecha de la investidura del candidato del PP. Los populares, que no sumaban mayoría solo con Ciudadanos, no tenían prisa y Pastor hizo el papel que le habían encomendado de enfriar la actividad de la cámara baja. Frente a la celeridad de otras ocasiones, en aquella legislatura dilató la composición de las comisiones permanentes, la convocatoria de la sesión solemne de apertura que preside el Rey, la Mesa no celebraba apenas reuniones y durante un tiempo ni se asignaron los asientos a los diputados electos.
Pastor tenía en su mano la convocatoria del debate de investidura y retuvo la fecha hasta que el PP decidió que Rajoy se presentase, aunque fuese sin haber amarrado una mayoría, para que la cuenta atrás hacia nuevas elecciones se pusiera en marcha, después de haberse negado la legislatura anterior. El debate y votación –fallida–, cuyo formato decidió también Pastor, tuvo lugar entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, más de dos meses después de las elecciones.
La dimisión de Pedro Sánchez y la abstención del PSOE, previa ruptura del partido, permitieron la investidura de Rajoy en un segundo intento, el 29 de octubre de 2016. A partir de ahí echó a andar una legislatura de mayorías frágiles en la que Ana Pastor jugó un papel fundamental.
La exministra de Fomento ejerció de guardiana del PP en la Cámara Baja. Por ejemplo, cuando exploró las posibilidades de que la Mesa del Congreso frenase los vetos de la oposición a las leyes del Gobierno, cuando demoró el inicio del concurso público para la renovación de RTVE o cuando impuso su criterio para la comparecencia de miembros del Ejecutivo.
Uno de los episodios que dejaron más claro cómo ejercía su poder se produjo tras la declaración de Rajoy como testigo en el juicio de Gürtel. La oposición forzó su comparecencia en un pleno extraordinario en el Congreso por las dudas que suscitó su testimonio en el juzgado –cuya credibilidad fue cuestionada luego por la sentencia del caso–, pero Pastor decidió fecha, la hora y el formato de la comparecencia sin consultar con el resto de grupos.
La gran instigadora de la moción de censura
La sentencia del caso Gürtel propició la moción de censura contra Rajoy en mayo de 2018. En aquella ocasión, Pastor también trató de poner a la institución al servicio de los intereses del PP para evitar que la iniciativa prosperase. En 2017, cuando fue Unidas Podemos quien presentó la moción, tardó un mes en convocar el debate; en 2018, los socialistas registraron la moción el 25 de mayo y Pastor decidió entonces convocar de inmediato: fijó el debate y votación para el 31 de mayo y 1 de junio.
La intención de Pastor fue reducir al mínimo el tiempo de negociación para tratar de frustrar la moción. Pero consiguió justo lo contrario: PSOE y Unidas Podemos consiguieron los votos a favor de nacionalistas e independentistas sin prometer nada a cambio por la falta de tiempo. Los diputados implicados en aquellas conversaciones coinciden en señalar que Pastor fue la “gran instigadora” de la moción y que su decisión tuvo un impacto fundamental para que fuera exitosa.
Ya con el gobierno de Pedro Sánchez, Pastor siguió ejerciendo de defensora de los intereses del PP. Con una mayoría de los populares en el Congreso, PSOE y Unidas Podemos pactaron reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria –el conocido como techo de gasto– para eliminar la obligatoriedad de que el Senado tuviese que refrendar esa norma. Es decir, para sortear el veto que iba a imponer el PP en la Cámara Alta y poder sacar adelante los presupuestos.
Fue entonces cuando Pastor jugó de nuevo desde la presidencia del Congreso a favor de su partido. La Mesa impidió la tramitación de la enmienda en el Congreso a pesar de que había una mayoría a favor de que se aprobase. “Yo no respondo a los grupos”, dijo ante las críticas de la oposición.
Pastor se mantuvo al frente del Congreso hasta que se convocaron elecciones anticipadas en 2019. “Valió la pena por ustedes, por España y por los españoles”, dijo en su despedida. Cuatro años después el Congreso se enfrenta a una situación similar a la que llevó a la exministra de Fomento a dirigir la tercera institución del Estado con fines partidistas. En esta ocasión, la candidata del PP será Cuca Gamarra.