El Tribunal Supremo ha puesto precio a las denuncias 'spam' de los seguidores del exjuez Fernando Presencia: 4.000 euros por cada denuncia basada en sus informaciones falsas, las conocidas como fake news. Los jueces han decidido sancionar con esta cantidad a un hombre que acusó sin pruebas en los tribunales al juez Manuel Marchena y al fiscal Jesús Alonso por tener varios millones de euros ocultos en paraísos fiscales, basándose en la información falsa que el exjuez Fernando Presencia y su asociación difunden desde hace años en internet y por la que está encarcelado. El Supremo denuncia que estas denuncias 'spam' sin pruebas contra magistrados supone un “abuso institucional especialmente grave”.
Fernando Presencia está en prisión provisional desde hace más de un año. Expulsado de la carrera judicial tras ser condenado e inhabilitado dos veces por prevaricación, el exmagistrado lleva varios años difundiendo de forma masiva que jueces, fiscales, políticos y periodistas tienen cuentas bancarias en paraísos fiscales donde ocultan millones de euros al fisco. La Audiencia Nacional le envió a prisión acusándole de liderar, junto con los conspiranoicos Santiago y Alberto Royuela, un grupo dedicado a interponer estas denuncias sin pruebas mientras se enriquecía a través de las donaciones que recibía su asociación de supuesta lucha contra la corrupción.
Las denuncias presentadas de forma masiva por Presencia, los Royuela y sus seguidores nunca han pasado el más mínimo filtro judicial. Una de ellas, que rebotó durante más de un año por distintos juzgados y tribunales asturianos, fue presentada en Gijón hace un año y medio por un hombre: documentos sacados de la web de la asociación ACODAP del exjuez Presencia en los que se acusa a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, y al fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, de tener varios millones de euros escondidos a medias con sus hijos en Panamá y Luxemburgo.
La denuncia llegó al Supremo después de recibir varias negativas de los tribunales del Principado. Concretamente al departamento conocido como 'sala del 61', formado por jueces de todas las salas del Supremo, pensado para casos como este en que uno de los potenciales imputados es alto cargo del tribunal, como es el caso de Marchena. La primera decisión, del pasado febrero fue inadmitir la denuncia por no presentar ninguna prueba más allá de las afirmaciones de Presencia. La segunda, de hace unas semanas, es multar con 4.000 euros al denunciante por actuar con “temeridad manifiesta” denunciando hechos que el Supremo considera claramente falsos.
En febrero, el Supremo inadmitió la denuncia reflejando los argumentos que distintos juzgados y tribunales han reflejado cada vez que una denuncia basada en las revelaciones de Presencia ha llegado a su mesa: “Se limita a especular”, dice la sala, sobre cuentas de bancos “sobre la que no se aporta indicio o soporte justificativo alguno”. Pero fue un poco más allá y abrió un nuevo proceso para decidir si multaba a este ciudadano por presentar una denuncia manifiestamente falsa contra un juez y un fiscal. “El carácter puramente especulativo de la denuncia y los gravísimos tipos delictivos que hipotéticamente se imputan a los denunciados sin ningún fundamento fáctico evidencian una temeridad manifiesta”, dijo entonces el Supremo.
El resultado, después de varios meses deliberando, ha sido imponer una multa de 4.000 euros a este hombre que esgrimió los documentos de Fernando Presencia ante los tribunales por actuar con temeridad y mala fe. Entre otras cosas, el multado alegó en su defensa argumentos habituales del exjuez condenado y sus seguidores: que es un denunciante de corrupción protegido por la normativa internacional, y también que nadie puede demostrar que jueces y fiscales no tengan millones ocultos en paraísos fiscales si nadie lo investiga de forma efectiva.
Un “alto reproche sancionador” contra el bulo
Para los jueces, esta denuncia sobre el juez Marchena y el fiscal Alonso es “un mero instrumento para obstaculizar el buen funcionamiento de la Justicia y los tribunales”, obligando a usar “medios materiales y personales” en tramitar una denuncia “sin indicios mínimamente verosímiles” y, además, poniendo en duda a magistrados y fiscales “minando la credibilidad de la sociedad sobre el correcto funcionamiento de los tribunales”.
Los jueces entienden que una multa de 4.000 euros es suficiente para este denunciante por su conducta “merecedora de un alto reproche sancionador”, al atacar la “confianza de los ciudadanos en el regular funcionamiento de sus instituciones”. Una confianza que, añaden, queda “socavada por la difusión de indicios falsos, rumores o informaciones infundadas” sobre sus miembros y su funcionamiento. Pedir que la jurisdicción penal caiga sobre jueces y fiscales con falsedades, zanja, es un “abuso institucional especialmente grave”.
Alegar que la asociación de Fernando Presencia ha publicado esos documentos en su web, explica el Supremo, es más perjudicial que beneficioso para su estrategia de defensa. Esa web, recuerda el Supremo, “fue suspendida cautelarmente por resolución judicial en junio de 2023 en un procedimiento que investiga la licitud de sus actividades”. Entre otras cosas por difamar a la mitad de los magistrados de ese mismo Tribunal Supremo. El propio Presencia fue multado con 6.000 euros por intentar retrasar su ingreso en prisión con una “cadena de recursos”.
Se trata del primer seguidor de Fernando Presencia y sus denuncias 'spam' multado por llevar a los tribunales sus acusaciones sobre cómo jueces, fiscales, políticos y periodistas ocultan dinero en el extranjero, millones que a veces según sus relatos proceden de sobornos y corrupción. Denuncias y acusaciones que, como en otros casos, suelen dirigirse contra personas que hayan perjudicado a Presencia en algún momento de su carrera: Manuel Marchena fue uno de los jueces que firmó su primera condena de 10 años de inhabilitación y el fiscal Jesús Alonso presentó la querella que, finalmente, le ha llevado a prisión.
Presencia, tras ser expulsado de la carrera judicial por hacer cosas como favorecer a un amigo suyo acusado de un atropello con fuga, fue encarcelado en el verano de 2023 por la Audiencia Nacional acusado de utilizar su asociación ACODAP de lucha contra la corrupción para enriquecerse junto con algunos colaboradores, haciendo negocio con la interposición de denuncias masivas y falsas de la mano de Santiago y Alberto Royuela, conocidos ultraderechistas de Barcelona que, desde hace décadas, promueven la teoría de que políticos como José Luis Rodríguez Zapatero lideran un entramado secreto dedicado a los asesinatos de Estado.
Algunos seguidores, como este hombre que fue a los juzgados de Gijón con sus documentos en la mano, siguen interponiendo denuncias en base a estas revelaciones sin pruebas. Otros, tal y como explicó elDiario.es, acuden periódicamente a visitarle a la cárcel de Logroño mientras sus canales y página web sigue difundiendo sus acusaciones masivas.