Los honorarios del preparador privado, que cobra unos 250 euros mensuales; el precio de manuales y materiales; y la manutención de una persona que dedica entre ocho y diez horas diarias al estudio, lo que hace esta tarea prácticamente incompatible con el desempeño de ningún trabajo que permita obtener ingresos. Y, todo esto, durante alrededor de cinco años, que es el tiempo medio que tarda un opositor en acceder a la carrera. Este es el coste de ser juez o fiscal en España, un precio que no todos pueden pagar y que tampoco se compensa con becas públicas, que son prácticamente inexistentes.
El análisis de esta realidad llevó a la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, de ámbito progresista, a constituir a finales de 2020 una bolsa de preparadores para ofrecer formación gratuita a opositores sin recursos. A la iniciativa se sumó después la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Estos preparadores altruistas se comprometen a supervisar durante cuatro años las exposiciones orales de los temas y preparar con los aspirantes el examen tipo test facilitándoles modelos y ejercicios. Una veintena de opositores ya se han interesado por la iniciativa en la que hay de plazo para postularse hasta finales de febrero. El número de preparadores ronda los 25.
“Hay un determinado perfil de opositores sin recursos o de familias humildes que no puede acceder a la carrera por el gasto elevado de la oposición —entre preparadores y materiales— o porque no todas las familias se pueden permitir que un hijo se dedique únicamente a estudiar durante tantos años. La oposición requiere una media de al menos ocho horas de estudio al día y es muy difícil compaginar eso con un trabajo y aprobar. Quien lo consigue está en una franca desventaja sobre el resto”, afirma el magistrado Fernando de la Fuente, uno de los impulsores de la iniciativa.
El programa es un intento de paliar esa desigualdad. De hecho, las bases de acceso valoran la renta y el expediente académico: limita a 6.000 euros brutos por persona y año la renta per cápita por miembro de la unidad familiar de los aspirantes a esta preparación gratuita, que también deben contar con una media de siete en la carrera de Derecho, que se puede excepcionar si hay circunstancias especiales como compatibilización con trabajo o una situación familiar o sanitaria específica que hubieran motivado una nota inferior.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 98,4% de los opositores de la promoción 69 —la última en acceder a la carrera— necesitó ayuda económica familiar para poder preparar la oposición. Y sólo el 4,8% disfrutó de una beca, que son apenas inexistentes. Las únicas ayudas públicas vigentes en la actualidad son las cuarenta que otorga el País Vasco y que están dotadas con 550 euros al mes. El Ministerio de Justicia, a través del Centro de Estudios Jurídicos, convocó en 2008 un programa de becas para opositores a las carreras judicial y fiscal pero apenas duró un ejercicio. La crisis económica y los recortes también arrasaron con este programa.
A nivel estatal, sólo existen las ayudas privadas que otorgan a opositores sin recursos las asociaciones mayoritarias —la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la moderada Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV)— y que financia el Banco Santander. El hecho de que una entidad bancaria sea la financiadora de estas ayudas genera suspicacias en algunos sectores de la judicatura, aunque las asociaciones que mantienen estos convenios defienden que en ningún caso comprometen la independencia de las actuaciones de los futuros jueces.
“Si alguien piensa que haberse sacado la oposición con la ayuda del Banco Santander va a suponer una vinculación a efectos de las resoluciones judiciales es que conoce muy poquito a los jueces”, sostiene María Jesús del Barco, portavoz de la APM, que asegura que algunos miembros de su asociación preparan gratis a los beneficiarios para que puedan dedicar el dinero de la beca a la compra de materiales o manutención. Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la AJFV, también defiende estos convenios, aunque admite que no son la solución e insiste en la necesidad de que haya un sistema estructural de ayudas públicas.
Tanto la UPF como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) rechazan todo tipo de patrocinio o subvención privada y sostienen que estos acuerdos con entidades financieras pueden generar una “imagen distorsionada” de la Justicia. De la Fuente, de Jueces y Juezas para la Democracia, tampoco ve apropiadas estas becas. “No las considero convenientes porque las entidades pueden formar parte de procedimientos judiciales. Es una labor que tiene que hacer el Estado”, afirma.
En lo que sí coinciden las asociaciones es en la necesidad de que se pongan en marcha becas públicas para garantizar un acceso igualitario a la judicatura. “Sería extraordinario”, dice la portavoz de la APM. “El Estado tiene que asegurar que todas las personas con independencia de su procedencia económica o social tienen igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública”, añade De la Fuente. De hecho, Juezas y Jueces para la Democracia ha acompañado esta iniciativa con una propuesta de becas públicas que ha hecho llegar al Ministerio de Justicia, donde se están estudiando iniciativas para “democratizar” el acceso a la Justicia, según un portavoz.
Sesgo de entrada
Entre tanto, la iniciativa de preparadores altruistas ha sacado a la luz un debate de fondo: la dificultad que tienen las personas sin recursos o con recursos limitados para aprobar la oposición y los efectos que tiene eso sobre la carrera a efectos de pluralismo.
“Las personas tienen diferentes sensibilidades según su procedencia, formación o situación socioeconómica y todas ellas deberían tener acceso y estar representadas en el Poder Judicial al igual que lo han de estar en el Parlamento. El principal núcleo de opositores es de clase media, pero el sector de personas con pocos recursos no está representado, lo que aleja a la carrera de determinados sectores sociales. La carrera judicial tiene que ser un fiel reflejo de la sociedad y la mejor manera de que la Justicia sea verdaderamente creíble es que todo el mundo pueda ser juez”, sostiene De la Fuente, de Juezas y Jueces para la Democracia.
Fernández Vaquero, de la AJFV, cree sin embargo que la realidad de la judicatura no es muy diferente a la que existe en otros poderes del Estado y defiende que la carrera judicial “es muy parecida a la sociedad española”. “Seguro que en el Congreso de los Diputados hay una sobrerrepresentación de titulados universitarios respecto a los que hay en el conjunto de la sociedad. Pero eso no significa que no la representen. No se puede identificar a las personas de pocos recursos como algo monolítico”, subraya.
La jueza María Jesús del Barco, de la APM, no cree siquiera que exista un sesgo de entrada en la carrera que vete el acceso a las personas más desfavorecidas. “Me parece clasista pensar que solo estudian los ricos o pensar que uno que no tiene dinero no tiene capacidad para esforzarse. La gente que no tiene recursos también es capaz de estudiar y de esforzarse. Yo soy de una extracción nada favorecida y aprobé la oposición porque sabía el temario. La oposición es el mejor ascensor social para la gente de clase media”, afirma Del Barco, que afirma orgullosa que pertenece a la primera generación de universitarios de su familia.