La presidenta de la Comisión de Garantías de Podemos obvió una votación que modificaba la composición del órgano
La presidenta de la Comisión de Garantías de Podemos, Olga Jiménez, obvió una votación del propio órgano que limitaba la composición del pleno de tal forma que perdía la mayoría que necesitaba para anular los nuevos estatutos del partido.
El 26 de julio, tres de los cinco titulares acordaron que los suplentes no tuvieran voz y voto en adelante en los plenos del órgano. Jiménez, quien niega esta versión de los hechos, convocó dos días después la votación que tumbó los nuevos estatutos y que abrió la guerra con la dirección de Podemos. En dicha votación participaron titulares y suplentes.
El pasado mes de julio el Consejo de Coordinación de Podemos, la ejecutiva, finalizó el trabajo de transposición de los documentos ganadores en la II Asamblea Ciudadana del partido a los nuevos estatutos, el documento jurídico que la ley obliga a inscribir en el Ministerio del Interior.
Olga Jiménez convocó un pleno de Garantías el 28 de ese mes para analizar el documento y emitir un informe sobre su contenido. Fue el ya famoso Dictamen 3/2017, que rechazaba una parte del articulado de esos nuevos estatutos. En concreto, el apartado referente a la propia CdG y el régimen disciplinario. Esa votación desató la guerra interna que ha terminado con el partido demandado en los tribunales ordinarios.
Pero la CdG se había reunido también dos días antes en un pleno ordinario. Una reunión que existió pero de cuyo contenido las versiones son contradictorias.
Según un informe redactado por la entonces secretaria técnica del órgano, María del Rosario Rodero, ese día se produjo una votación que invalidaría la del día 28. El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, asegura que el 26 de julio la presidenta sometió a votación un dictamen para ratificar una decisión previa en la que la comisión avalaba que titulares y suplentes tuviera voz y voto en el pleno del órgano. Algo que venía ocurriendo desde 2014 con la anterior CdG.
Aquella votación, que se produjo en febrero, no fue impugnada por nadie. Pero ese 26 de julio el mismo pleno de Garantías revirtió su decisión. O lo intentó. Según el informe de Rodero, el dictamen fue rechazado por dos votos a favor y tres en contra. La presidenta perdió así la votación y, con ello, el control del pleno de Garantías.
Entre quienes votaron a favor estaba la propia secretaria técnica, quien compartió candidatura con Jiménez en Vistalegre 2. Tras lo sucedido el 26 y el 28 de julio, Jiménez la cesó en su cargo “por pérdida de confianza”, según explican fuentes próximas a eldiario.es.
Jiménez niega la versión de los hechos que sostiene Rodero y asegura que el pleno del 26 no se votó lo que ella dice que se votó. Según su relato, Rodero intentó incluir en el orden del día un punto para que el pleno se volviera a pronunciar sobre el papel de los suplentes. “Se votó que su propuesta no se incluyera en el orden del día”, zanjan las mismas fuentes.
Rodero justifica en su informe que, según los documentos ganadores en Vistalegre 2, solo los titulares tenían voto. En concreto, cita el artículo 19 del documento Mandar Obedenciendo (PDF), que señala expresamente que “serán miembros de la Comisión de Garantías Democráticas las 5 personas más votadas”.
Además, Rodero recuerda que la CdG actuó de oficio al emitir el Dictamen 3/2017, es decir, sin una denuncia previa. Algo que también contravendría el documento ganador en la II Asamblea Ciudadana, que en su artículo 21 asegura: “La Comisión de Garantías Democráticas actuará exclusivamente a petición expresa de una persona inscrita u órgano del partido”.
Fuentes próximas a Jiménez aseguran que ambos artículos no son aplicables ya que no entran en vigor hasta la correcta inscripción de los estatutos en el Ministerio del Interior. Podemos registró los nuevos estatutos el 4 de agosto, después de la votación del 28 de julio.
El documento apunta la posible causa del expediente sancionador abierto contra Jiménez y que en este momento instruye una comisión de cuya composición difieren sus propios miembros. “Que cualquier actuación de cualquier miembro de Podemos que pretenda atribuirse competencias de otros Órganos o subvertir la voluntad de la Asamblea Ciudadana confundiendo a los inscritos será puesta en conocimiento del Consejo de Coordinación estatal de acuerdo a lo previsto en el vigente procedimiento disciplinario”. Dicho expediente permanece secreto.
La guerra abierta en el seno de Podemos por el enfrentamiento ha llegado a la justicia ordinaria. Si prospera la demanda interpuesta por el sector minoritario Profundización Democrática, será un juez quien determine quién tiene razón: la presidenta de Garantías, Olga Jiménez, o el secretario de Organización, Pablo Echenique.
