Madrid, 6 oct (EFE).- Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 pretenden combatir los efectos de la inflación con un aumento del gasto social y una apuesta por las inversiones para mejorar la competitividad del país, que se financiarán con una mayor recaudación tributaria y con la aportación de los fondos europeos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha entregado este jueves el proyecto presupuestario en el Congreso de los Diputados, donde ha reclamado a los grupos “un diálogo franco” y “sentido de Estado” para sacarlos adelante.
Las cuentas de 2023 consignan un gasto no financiero de 248.211 millones, un 2,7 % más -en parte por la incorporación de 25.156 millones de fondos europeos-, y una previsión de ingresos récord (307.445 millones, un 6 % más) gracias al crecimiento económico, la inflación y las nuevas medidas fiscales, como los gravámenes a banca y energéticas o el ajuste en el impuesto de sociedades.
Sin embargo, estos ingresos no incluyen el nuevo impuesto a las grandes fortunas, cuya recaudación se destinará directamente a financiar las futuras medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania, también sin presupuestar y que se concretarán a final de año.
LAS PENSIONES SUBIRÁN ALREDEDOR DE UN 8,5 %
Los Presupuestos recogen un importante crecimiento de la partida de pensiones (11,4 %) para sustentar la revalorización de las pensiones con el IPC, que rondará el 8,5 %, la misma cuantía que subirán las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital.
Otro de los grandes aumentos de gasto se centra en las inversiones, que aumentan un 33,1 % hasta un récord de 11.867 millones, aupadas tanto por el presupuesto nacional como por el Plan de Recuperación.
Las infraestructuras contarán con 11.794 millones -incluidas las del sector público empresarial-, sobre todo para ferrocarril (5.400 millones), carreteras (2.290 millones), hidrológicas (1.114 millones) y puertos (1.067 millones).
La política de vivienda se incrementa en un 5,4 %, con novedades como una dotación de 1.600 millones para la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes o la ampliación del bono joven alquiler.
Por lo que respecta a industria y energía, suma un presupuesto de 11.600 millones, un 2,6 % más, incluidos 525 millones para rehabilitación energética de edificios y 455 millones para un plan de instalación de puntos de recarga y adquisición de vehículos eléctricos.
La dotación para educación aumenta un 6,6 %, con una nueva ayuda de estudio por necesidades especiales (por ejemplo, de desplazamiento), más dotación para prevenir el abandono escolar o un importante incremento de recursos para luchar contra el acoso escolar.
El presupuesto sanitario crece un 6,7 %, con más recursos para atención primaria, salud mental, salud bucodental y una dotación de más de 1.100 millones para la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus.
La ciencia contará con 16.328 millones, un 22,8 % más, con los que se crearán el centro nacional de vulcanología y la agencia espacial española, y se pondrá en marcha un plan para atraer y retener el talento.
El presupuesto de fomento del empleo aumenta un 5 %, con una partida de bonificaciones a la contratación de 2.076 millones y 130 millones para bonificar las cuotas a la Seguridad Social de las empleadas del hogar por desempleo.
La política de agricultura contará con 8.868 millones, un 0,3 % más, que en parte se destinarán a mejorar la rentabilidad de explotaciones ganaderas, modernizar los regadíos o subvencionar el seguro agrario.
Crece asimismo la dotación para combatir la violencia de género 260 millones, 51 millones más), dependencia (con 822 millones para el plan de apoyo y cuidado de larga duración) o la dotación para el bono social térmico (255 millones, un 62 % más).
En cambio, el presupuesto de la Casa del Rey se mantiene congelado por tercer año consecutivo en 8,43 millones de euros. La presidencia de la UE contará con un presupuesto de 145 millones.