Prisión sin fianza para el director de Acuamed, tres subordinados y un contratista
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a prisión comunicada sin fianza al director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto; la directora de Ingeniería y Construcción de la empresa pública, María Gabriela Mañueco Pfeiffer (ambos destituidos el martes); otros dos empleados, Francisco Javier Goméz Pastor y Pablo Martín Mira; y al presidente de la empresa Altec, Nicolás Steegmann López.
En el auto, Velasco acuerda la prisión eludible con fianza de 12.000 euros para el presidente de Pipeline, Manuel Moreno Maestre y el director de proyectos de Altec, José Ramón González Fernández; de 20.000 euros para el delegado de Acuamed en Alicante, Javier Delgado López; el ingeniero David José Blanca Montero; el ingeniero Miguel Roset Ramos y el directivo de FCC Santiago Farre Dot; y de 50.000 euros a Justo Vicente Pelegrini, director de Acciona Infraestructuras, y Miguel Jurado Fernández, presidente de FCC Construcción. Todos ellos han abonado esta misma tarde las cantidades y ya se encuentran en libertad.
El auto explica que al menos desde mediados de 2014 el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, ha urdido junto con otras personas “un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas, conscientes y queridas (se habla de ”presiones“) para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos”.
Todo ello, dice el juez, con “el correlativo beneficio injusto (pero también querido) retribuido en parte en regalos en especie para él y para otros –implante de pelos o viajes a Turquía…- a favor de diversos contratistas de obra pública con ocasión de la adjudicación en algunos casos y del desarrollo de la ejecución en otros, de diversos contratos públicos en obra para la ejecución de infraestructuras acuarias en diversos puntos de la cuenca mediterránea y en los que los contratistas, conniventes con aquel, ayudaban y cooperaban a la perpetuación de estas irregularidades, así como presionaban a directivos de Acuamed para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades”.
Las irregularidades se vislumbran, asegura Velasco, en al menos seis contratos públicos: desaladora de bajo Almanzora en Almería; descontaminación física del pantano de Flix; presa de avenida de Rambla Gallinera en Valencia; proyecto de desaladora Marina de Torrevieja; conducciones y tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel en Alicante; cerro colorado de Murcia y presa de Antiavenidas del Río Serpis en Valencia.
“Riesgo fundado de huida”
Velasco dicta prisión para Mateo y los cuatro investigados porque aprecia “un riesgo fundado de huida”, debido a la grave pena a la que se enfrentan y a que los cinco tienen “una íntima relación” con una organización. Su deseo de escapar podría estar relacionado con “razones personales”, dice el juez, “o bien por indicaciones o directrices que traten de obstruir la actuación judicial”.
El instructor asegura que Arcadio Mateo castigaba a aquellos subordinados que no se plegaban a las irregularidades con el cambio de puesto o incluso con la destitución. Este es el caso de Francisco Valiente, el antecesor de Gabriela Mañueco en la dirección de Ingeniería de Acuamed, quien denunció la trama, primero ante el Ministerio de Agricultura, que no apreció irregularidades, y después ante la Fiscalía Anticorrupción, origen de la causa que ahora instruye Velasco.
Mateo y sus compinches actuaban “siempre en la ecuación de favorecer a la empresa privada, aun conscientes de que ello conllevaba el correlativo perjuicio en los dineros públicos que, sin embargo, por supuesto tenían que defender (alguno llega a decir que el dinero público no es de nadie)”, señala Velasco en su auto.
“Paulatinamente fue colocando en los removidos a personas de su confianza que sí lo hacían, siendo su brazo derecho en esa gestión irregular la que nombró como directora de ingenieraia y construcción a Gabriela Mañueco Pfeiffer”, añade el juez.
Mañueco, junto al gerente de contratación, Javier Gómez Pastor, y a Pablo Martín Mira, ascendido a gerente territorial del Júcar, actuaron “plegándose sin discusión a las órdenes arbitrarias e irregulares por miedo a sufrir las consecuencias de despido que habían visto en otros compañeros, aunque también en búsqueda de beneficios propios como ascensos, prebendas y agasajos de los contratistas (alquileres de coches de lujo, hoteles, colocación de familiares en las empresas beneficiadas...)”, escribe el juez tras más de nueve horas de interrogatorios.
El juez les atribuye integración en organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influcencias, maquinación para alterar el precio de los contratos, falsedad de documento oficial y prevaricación administrativa.
En el otro lado de la trama, los empresarios. Estos actuaban, “en un afán más que de perjudicar los intereses públicos, de hinchar los beneficios de sus empresas, ampliando ante ellos su prestigio profesional en función de sus resultados y dando prebendas a los funcionarnios conniventes”. Todos ellos son presuntamente “cooperadores necesarios” de los delitos del primer grupo.
