En noviembre de 2010, Mariano Rajoy se reunió con los padres de Marta del Castillo. El cuerpo de la menor llevaba desaparecido desde enero del año anterior y el entonces presidente del PP se comprometió con ellos a introducir la prisión permanente revisable (PPR) en el Código Penal si llegaba a la Moncloa. Lo hizo en la última etapa de su primera legislatura, en marzo de 2015, con el rodillo parlamentario de su mayoría absoluta y con la oposición del resto de fuerzas. Una negativa capitaneada por el PSOE, que atacó duramente esta pena, la llevó ante el Constitucional y se comprometió a derogarla en cuanto tuviese ocasión. Ahora, los socialistas han cambiado su discurso, han asumido la sentencia del tribunal de garantías que la avaló y esta semana han permitido la tramitación de una propuesta de ley para su ampliación a más supuestos. Se ha aprobado con casi 100 votos más que hace siete años.
La reforma de 2015 lleva la firma de Rafael Catalá. El ministro de Justicia defendió que el proyecto incorporaba un conjunto de elementos “muy relevantes para la mejora, la modernización y la actualización de nuestro Código Penal, por ejemplo, la prisión permanente revisable, que no tiene otro objetivo que dotar al Estado de derecho de los instrumentos necesarios para combatir eficazmente los delitos más deplorables”. La presunta “modernización” suponía volver a una pena que no estaba en vigor en España desde 1928, ni siquiera en tiempos del dictador Francisco Franco. Los datos de criminalidad no permiten afirmar siete años después que los actos más atroces hayan disminuido. Los homicidios dolosos y asesinatos han pasado de 964 en 2015 a 1.201 en 2020, según los datos del portal estadístico de criminalidad del ministerio del Interior.
“Ni Primo de Rivera ni el general Franco se hubieran atrevido a ir tan lejos como ustedes en materia penal”, afeó el senador socialista Antonio Julián Rodríguez Esquerdo a Catalá. “Dejémonos de cuestiones sutiles o de palabras rebuscadas. Ustedes traen a esta Cámara la cadena perpetua, que es lo que pretendían ya en 2010. A costa de ese populismo punitivo que va en contra de la reeducación y de la reinserción, introducen la no certeza en las penas”, acusó a los conservadores en una dura intervención en el Senado. La hemeroteca choca con el respaldo del PSOE, este martes, a la toma en consideración de una proposición de ley de PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y Foro para ampliar los supuestos en los que se aplica esta pena a los asesinos reincidentes y a quienes oculten el cadáver de su víctima.
La instauración de la PPR en el Código Penal no tiene carácter retroactivo. Es decir, solo se puede aplicar a los crímenes cometidos desde su inclusión en la legislación. Pese a que Catalá la mencionaba en 2105 como un instrumento para combatir “los delitos más deplorables”, desde entonces el foco mediático ha vuelto cada cierto tiempo sobre crímenes que por su dureza han conmocionado a la sociedad. La primera condena se dictó en 2016 contra David Oubel, el parricida de Moraña y hasta el día de hoy se han producido más de una veintena de condenas, por casos que generalmente han estado mediatizados.
Todo el país estuvo pendiente en febrero de 2018 del caso del pequeño Gabriel Cruz, al que asesinó Ana Julia Quezada y cuya imagen llegó a ser utilizada sin el consentimiento de sus padres para reivindicar esta pena. O de la joven Diana Quer, a quien Enrique Abuín, 'el chicle', asesinó e hizo desaparecer. Su padre, Juan Carlos, es a día de hoy una de las caras más visibles en la defensa y la petición de endurecer esta pena, a través de los medios de comunicación y de diversas iniciativas para presionar al legislativo, como la recogida de tres millones de firmas. Con cada nuevo crimen, la prisión permanente revisable ha vuelto a acaparar minutos de televisión con el testimonio y la imagen de las víctimas.
Tras su inclusión en el Código Penal, un grupo de 50 diputados del PSOE, IU, PNV, CiU y UPyD presentaron un recurso contra esta pena ante el Tribunal Constitucional. Los socialistas prometieron además que la derogarían cuando llegasen al Gobierno. De hecho, incluyeron este compromiso en sus programas electorales para las generales de 2015 y 2016 y quedó rubricado en el acuerdo frustrado al que llegaron Pedro Sánchez y Albert Rivera aquel año. El cambio de postura de Ciudadanos desde entonces ha sido radical. Este martes, su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, subió al atril para “prestar su voz a Juan Carlos Quer, Marisol Burón, Antonio del Castillo y a tantas otras familias que han sufrido la pérdida de un ser querido”.
Durante los siguientes años, decenas de expertos y académicos se han ido pronunciando en contra de la PPR, a través de varios manifiestos que la tachaban de inconstitucional. Uno de estos escritos, que firmaron un centenar de catedráticos de Derecho Penal, estaba encabezado por el exletrado del Tribunal Constitucional Juan Antonio Lascuraín. “Básicamente había tres tipos de críticas o de innovaciones radicales en sentido negativo. Primero, que la Constitución tiene la prohibición de penas inhumanas. Segundo, la cuestión de que las penas, hasta ahora, eran determinadas: tú sabías antes de cometer el delito el máximo que te podían imponer y cuando te la imponían, lo máximo que podías estar en la cárcel. Y tercero, una cuestión muy particular española, que ha admitido el principio de resocialización, que esta pena iba a dificultar”, indica en conversación con elDiario.es.
En octubre de 2017, el PNV llevó al Congreso de los Diputados una proposición de ley para eliminarla del Código Penal, que contó con el apoyo de la mayoría del pleno. El juez y diputado socialista Juan Carlos Campo, quien después sería ministro de Justicia, tildó la PPR de “innecesaria, inoportuna y mal concebida”. El PP, ya sin mayoría absoluta, se quedó solo en el 'no' y Ciudadanos, que unos meses antes había firmado su derogación, se abstuvo. “Están en revisión permanente de sus principios”, acusó Rajoy a Rivera. Mientras el Tribunal Constitucional decidía sobre la medida, el Partido Popular sacaba pecho de una pena de la que entonces era el único abanderado, celebró su propia convención en Sevilla, la ciudad de Marta del Castillo, proponía que se ampliase a más supuestos y aprovechaba para fotografiarse con los familiares de las víctimas que pedían que no se derogase y que llegaron a recoger más de dos millones de firmas para esta causa.
Con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en el verano de 2018, la promesa de retirar la PPR quedó congelada y en su programa electoral de 2019 ya no había ni rastro de la medida. Aquel año hubo nueve penas de este tipo. Más que en 2016, 2017 (1) y 2018 (3) juntos. “Resulta muy sorprendente que hasta hace dos días consideres que esta pena no solo es mala, sino que es intolerable, pero que cuando tienes la mayoría parlamentaria para derogarla, no lo hagas. Lo coherente hubiera sido no esperar al Constitucional. Si es una pena horrible, ¿qué más te da lo que diga?”, plantea Lascuraín.
En noviembre de 2021,el tribunal de garantías emitió una sentencia en la que avalaba la PPR. Lo hizo con siete votos a favor de la norma y tres en contra. Entre quienes se opusieron estaba la magistrada María Luisa Balaguer. “Para mi era un tema que estaba muy claro”, indica a elDiario.es. A su juicio, y como quedó reflejado en el voto particular que emitió junto a Juan Antonio Xiol y Cándido Conde-Pumpido, esta pena atenta contra el artículo 10 de la Constitución, sobre la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, y contra el 15, que prohíbe las penas o tratos inhumanos o degradantes. “El Estado no puede ser vengativo en relación con el delito, que tiene una contextualización que busca la reinserción de una persona en la sociedad”, estima.
“Quienes hacemos teoría tenemos la obligación moral de hacerle pensar a la sociedad que hay otras opciones posibles que no son las del castigo, sino las del intento de resocializar”, insiste la magistrada. En la misma línea se pronuncia el catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Alicante y miembro del Grupo de Estudios de Política Criminal Antonio Doval. “Aumentar el rigor de las penas del Código Penal es algo fácil y barato, pero no es, desde luego, lo más eficaz. Todos los expertos están de acuerdo en esto. La eficacia pasa por unas buenas políticas de prevención de los delitos, por una dedicación de recursos adecuados a la investigación criminal y por unas respuestas penales eficaces dentro de los límites que exige el respeto a los valores fundamentales de nuestro sistema. Pero esto es hablar de una política criminal racional; la política criminal real discurre por otros caminos”, señala.
Aumentar el rigor de las penas del Código Penal es algo fácil y barato, pero no es, desde luego, lo más eficaz. Todos los expertos están de acuerdo en esto
Este camino, apuntan los expertos, es el del populismo punitivo, que consiste en legislar a golpe de crímenes atroces y mediatizados. De hecho, es habitual que los diputados tengan que votar en la cara de familiares de víctimas, que suelen presenciar los plenos en los que se aborda este tema desde la tribuna de invitados. El último ha sido este mismo martes. Además, la sociedad parece haber asumido la PPR. “Entre el 70 y tantos y el 80%, según la encuesta que se quiera coger, señala que los españoles consideramos que es razonable que en nuestro Código Penal, para los delitos más graves, más execrables, exista una pena como la prisión permanente revisable”, justificaba Catalá el intento de ampliarla a más supuestos en 2018. Unos porcentajes con una “cierta identidad ideológica” que atribuía a los votantes de PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos.
“A los ciudadanos nos horrorizan los delitos y el incremento de penas para los crímenes más graves es rentable y es poco rentable oponerse cuando lo propone otro. Cuestión distinta es que razonablemente, una vez sentados, nos preguntemos si sirve para algo, cuáles son nuestros valores o si tenemos ciertos límites”, considera Lascuraín. Para él, habría que separar el factor 'eficacia' del debate. “Las cifras nos dicen que los homicidios dolosos han aumentado desde 2015, pero ese argumento me parece accesorio, porque con la PPR el problema es ético. Es como si descubrimos que la pena de muerte o amputar miembros a los ladrones es eficaz. Hay penas que como sociedad no nos permitimos”, desarrolla.
La prisión permanente revisable es una pena que está incorporada en las legislaciones de los países de nuestro entorno. Es un argumento que esgrimen sus defensores, pero que tiene matices. “Casi siempre son supuestos en los que tenían pena de muerte, la suprimieron y rebajaron el sistema. El nuestro es de los pocos que de no tenerla, pasaron a tenerla”, explica el catedrático. Además, en algunos casos, los periodos de revisión son muy inferiores. En Alemania, por ejemplo, son a los 15 años y la Corte Penal Internacional, que juzga los delitos más graves, la contempla siempre como una pena alternativa, que se revisa como máximo a los 25 años. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también recomienda no sobrepasar ese tiempo. En España, este es el mínimo para la revisión de la condena.
España, con unas tasas de criminalidad inferiores a las de muchos países europeos y con penas de prisión muy elevadas, que pueden llegar a los 40 años, sin contar con la prisión permanente revisable, podría ahora ver ampliada esta pena a más supuestos. “Se trata de peticiones de víctimas de delitos muy graves que han encontrado acogida en los políticos. Se trata de la manifestación de su comprensible dolor e indignación ante los gravísimos hechos padecidos, pero el cuerpo legislativo debe valorar cuál debe ser la respuesta técnicamente adecuada para prevenir estos casos mediante soluciones estables”, señala Doval.
“Un empobrecimiento del sistema jurídico democrático”
Este martes, ha llegado al Congreso una propuesta de ley de PP y Ciudadanos para ampliarla a los casos de asesinos reincidentes y en los que se oculte el cadáver. El PSOE ha votado a favor de permitir que se tramite, en la consumación de un giro de su oposición frontal que ha ido madurando en los últimos años. Después han justificado su intención de realizar mejoras en el Código Penal para endurecer las penas por ocultación de cadáver, pero sin tocar el articulado de la prisión permanente revisable. En términos similares se ha pronunciado el PdCat, que ha pedido realizar una reflexión “a fondo” sobre esta pena. UPN, Coalición Canaria y Vox también han votado 'sí'. La diputada de extrema derecha, Macarena Olona, reivindicó que solo su partido “defiende la cadena perpetua” y que la introducirán en el Código Penal cuando tengan “el apoyo suficiente”.
Unidas Podemos, que inicialmente dijo que facilitaría la tramitación, terminó votando 'no' tras un debate en el seno del grupo confederal. El diputado Ismael Cortés afirmó que “el populismo punitivo no salva vidas”, situó la PPR “en un marco franquista” y reclamó “no contribuir a que se capitalice el dolor de las víctimas”. Los diputados de Junts Per Catalunya también votaron en contra y Mikel Legarda, del PNV, recordó que “siguen vigentes las razones de oposición a la prisión permanente revisable” que “se nutre del crecimiento exponencial del miedo en la sociedad” y afirmó que “no existen razones de política criminal que justifiquen esta pena” que supone “un empobrecimiento del sistema jurídico democrático”.
Con todo, y aunque derogar esa pena sería posible si dan los números en el parlamento, la magistrada Balaguer considera que “una vez que se implanta es muy difícil moverla”. “Hay una inercia a que se acepte socialmente, pero el hecho de que el Tribunal Constitucional avale una ley, desde el punto de vista político, no tiene nada que ver para que no se pueda derogar, porque la constitucionalidad tiene un espectro muy amplio”.