El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por delitos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos agravado en relación a la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao. Los investigadores calculan que esta operación generó un perjuicio de entre 6,4 y 9,6 millones de euros para las arcas públicas. El juez también ha procesado a otras seis personas, tal y como reclamó la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción.
Según el magistrado, la compra de Emissao, que tuvo lugar en noviembre de 2013, se hizo a un sobreprecio indebido para que los investigados pudieran repartirse comisiones ilegales. La empresa pública de aguas pagó por el 75% de la citada mercantil brasileña 31 millones de dólares, cantidad que incluía los 5,4 millones de dólares que se iban a repartir en “ilícitas comisiones” parte de los investigados, detalla el escrito de García Castellón. González se habría llevado 1,8 millones de dólares.
El auto subraya que la operación se hizo bajo la permanente supervisión y vigilancia de González, que fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II entre 2003 y septiembre de 2012. A partir de entonces sustituyó a Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo regional. Según el juez, González fijaba supuestamente las cuantías de las comisiones siendo la suya el doble que la de los demás.
“El proceso de compra de Emissao, desarrollado entre 2012 y 2014 estuvo plagado de ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la administración autonómica por un importe entre 6,4 y 9,6 millones de euros, debido al sobreprecio pagado por su adquisición”, explica el auto.
La resolución describe todo el proceso de adquisición de la mercantil brasileña en el que se cursaron distintas transferencias hechas por el ente público en cuentas radicadas en Suiza y Brasil, con comisiones que terminaron en distintas cuentas situadas en el extranjero a nombre de alguno de los investigados y sus sociedades interpuestas.
El importe de dichas comisiones, de acuerdo con el auto, fue, en el caso Ignacio González, 1,8 millones de dólares y en el caso de Diego Fernando García Arias, que confesó al juez el reparto del botín; Edmundo Rodríguez, Ramón Navarro Pereira y Luis Vicente Moro Díaz, de 900.000 dólares para cada uno, tal y como adelantó eldiario.es.
El juez también ha acordado procesar, a instancias de la Fiscalía, a Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado el hombre fuerte del expresidente madrileño Ignacio González en América Latina; el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, la exdirectora financiera del Canal María Fernanda Richmond, el exdirectivo de Inassa Diego García Arias, el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro, así como el representante de Emissao Sebastiao Cristovam. Ha archivado la causa para otras 14 personas.
La Fiscalía siempre ha mantenido que la compra de la empresa brasileña Emissao en 2013 partió de Ignacio González, quien estaba totalmente al corriente de la operación y para el que pidió su procesamiento la semana pasada. Esta sociedad perdió su valor hasta los cinco millones de euros.
La compra de Inassa, también investigada
En el caso Lezo están ya procesados los implicados en la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa por el Canal en 2001, con un “sobreprecio injustificado” de entre 19 y 29 millones de euros. El juez finalmente eximió de responsabilidad a los expresidentes madrileños Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González, que no se sentarán en el banquillo por estos hechos.
Sí lo harán los catorce miembros del Consejo de Administración del Canal entonces, incluido su presidente Pedro Calvo y el exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif Juan Bravo, que se enfrentan a una petición de siete años por malversación.