El proceso para que Alemania entregue a España a Carles Puigdemont, detenido este domingo tras cruzar la frontera con Dinamarca, puede dilatarse unos tres meses. Ante su previsible rechazo a ser extraditado, se abrirá un plazo de hasta 90 días para que las autoridades judiciales alemanas comuniquen a las españolas su decisión sobre la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). A diferencia de las leyes belgas, las alemanas sí contemplan delitos similares al de rebelión, cuyas penas superan en algunos supuestos los 10 años de cárcel.
Según la legislación por la que se rigen la OEDE, si el detenido acepta la extradición esta se produce en un plazo de 10 días. Si no, se abre un periodo de 60 días para que las autoridades estudien si los delitos que contiene la orden de detención están contemplados en sus leyes. Dispone de una prórroga de otros 30 días por “razones justificadas”. Las autoridades judiciales alemanas tendrán que decidir si durante ese tiempo Puigdemont debe permanecer preso o en libertad. Bélgica le dejó en libertad pero en Alemania no tiene residencia habitual, lo que complica que pueda salir de prisión hasta que haya una decisión.
Puigdemont pasará en uno o dos días a disposición judicial, donde rechazará su extradición inmediata y se decidirá sobre su situación personal. A partir de ahí se fijará una fecha para que la Fiscalía y la defensa del expresidente argumentan por que debe o no ser entregado a las autoridades españolas. Contra la decisión que tomen los jueces alemanes cabe recurso, lo que alargará previsiblemente el proceso.
Alta traición por “separar una parte del Estado”
El código penal alemán recoge varios delitos contra su forma de Estado y su constitución. En el capítulo “Alta traición” castiga a quien “con violencia o por medio de amenaza de violencia” perjudicase la existencia de la República Federal Alemana o cambiar su orden constitucional. La pena en estos supuestos va de los 10 años a la “pena privativa de libertad de por vida”.
Otro artículo castiga la Alta traición contra un estado federal, para quien con violencia o su amenaza intente “separar una parte del Estado”. La pena en este caso es menor y va de uno a 10 años de prisión. En caso de que no haya violencia, las penas oscilan entre los seis meses y los cinco años de cárcel.
Las leyes alemanas también recogen la posibilidad de que alguien solo haya preparado esas traiciones a la Federación o contra un estado federal. En el primer caso las penas van de uno a 10 años, y en el segundo de un mes a cinco años de prisión.
Según fuentes de su defensa, Alemania es uno de los países que se contemplaron en un primer momento cuando Puigdemont tomó la decisión de salir de España. Explican que el delito de Alta traición se pensó cuando Alemania estaba dividida en dos, para evitar tentaciones de sumar territorios a la parte del estado bajo control ruso. Indican que la exigencia de que el delito se produzca contra la Federación alemana reduce la posibilidad de que sea extraditado por delito de rebelión, y que en ello basarán su defensa durante las próximas semanas.
OEDE junto al procesamiento
Solo hay tres posibilidades para que un país no ejecute una OEDE. Que Puigdemont ya estuviese siendo juzgado por otro país miembros de la UE, que su delito haya sido perdonado en base a una amnistía en el país de la detención o que el acusado sea menor de edad. No se dan ninguno de estos supuestos.
Bélgica empezó a tramitar la OEDE, pero la dejó en suspenso cuando el caso pasó de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo. El juez Pablo Llarena entendió que una negativa de Bélgica podría perjudicar el caso y anuló la orden hasta que la instrucción estuviese más avanzada.
Así, Llarena ha decidido cursar de nuevo esa orden de detención tras dictar auto de procesamiento contra Puigdemont y otros 24 imputados en la causa por el 1-O. El expresident está procesado por delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.
En resumen, el juez acusa a Puigdemont de haber desoído las advertencias que le hicieron los Mossos del “grave riesgo de incidentes violentos ante el referéndum”. Asegura que también conocía la gravedad de los incidentes que se produjeron el 20 de septiembre en la Consellería de Economía, y a pesar de ello siguió llamando a la movilización para el 1-O.
Junto a Oriol Junqueras, Joaquin Forn, los 'jordis' y otros exconsellers, “llamaron a la población a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado”.