Promoción de Feijóo, construir pisos, bajar impuestos y autoempleo: las claves del programa del PP para el 28M

La dirección nacional del PP quiere que la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo sea una palanca de lanzamiento de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo a las generales, previstas para finales de año. El equipo de líder gallego, consciente de que salvo situación extraordinaria tiene una única bala, prepara los comicios para afianzar el proyecto de su jefe de filas. Y el programa marco del partido para el 28M, donde abundan las críticas al Gobierno central y se huye de la concreción, es un claro ejemplo.

Lo es de forma expresa. “La reconstrucción económica, social e institucional que nuestro país necesita se edifica paso a paso”, apunta el documento en su presentación. Y añade: “El próximo 28 de mayo tenemos la oportunidad de dar el primero”. Para hacerlo, la nota promete “propuestas concretas” basadas en “principios sólidos”. Pero ambos elementos brillan por su ausencia.

 El texto sigue: “En esta hora crucial, tenemos el deber de dar respuesta a esa inquietud democrática con ofertas electorales amplias en las que se sientan a gusto los españoles que creen en sí mismos y en su nación”. Un buen resumen de lo que continúa a lo largo de 100 páginas: promesas generales que a veces van más allá de las competencias locales y autonómicas.

Buena prueba es el primer apartado del programa que, bajo el epígrafe “una política que respeta y protege las instituciones” y presentado con una imagen del Congreso, hace proselitismo del Plan de Calidad Institucional y Regeneración Democrática que lanzó Feijóo con poco éxito el pasado mes de febrero. Así, el PP plantea en primer lugar como compromiso ante las elecciones municipales la “defensa de los valores constitucionales”, la “vigencia del sistema autonómico” o la necesidad de “garantizar la regeneración institucional y la gobernabilidad”, entre otros.

De hecho, una foto de Feijóo ilustra las primeras páginas del programa, a diferencia de los anteriores comicios locales. En 2019, el equipo de Pablo Casado optó por una imagen de las torres de oficinas del distrito financiero de Madrid y otra con una panorámica de la ciudad de Ávila, con sus murallas en primer término.

Cuatro años después, el PP plantea las elecciones de mayo como un momento para “revertir los daños generados por las políticas independentistas y populistas que atacan los pilares básicos de nuestro Estado de derecho: desde la propia integridad territorial de nuestra Nación hasta la imprescindible neutralidad en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial”. 

Sin guerra cultural

El PP pasa de puntillas en su programa del 28M por los asuntos ideológicamente más espinosos: ni una palabra sobre aborto, gestación subrogada o la relación del Estado con la Iglesia y sus obligaciones tributarias, entre otras ausencias.

Y eso que las comunidades autónomas son las encargadas de la gestión del sistema de salud, donde por ley se debe permitir a las mujeres ejercer la interrupción voluntaria del embarazo. Una obligación introducida en la reforma de la ley del aborto aprobada a finales de 2022 ya que, hasta ahora, apenas el 15% de las interrupciones se hacían en la red pública. Además, miles de mujeres son obligadas a trasladarse de provincia, o de comunidad autónoma, ante la imposibilidad de hacerlo en la suya.

Pero para el PP de Feijóo este asunto no merece ser tratado en su programa electoral, siquiera a nivel asistencial. La única referencia que se puede relacionar con la interrupción del embarazo es tangencial: “Dar un impulso a la atención de los problemas de salud específicos de la mujer”. Y eso que el líder del partido sorprendió a propios y extraños al cambiar de un día para otro, y sin haberlo sometido a los órganos pertinentes, la tradicional postura de la derecha española sobre el aborto, al menos en los últimos lustros, al aceptar la actual ley de plazos.

Feijóo también ha modificado la posición de su partido en otro asunto tradicionalmente espinoso, como son los vientres de alquiler. Ya lo intentó en 2017, el año en el que fue padre, pero la división durante el congreso de entonces propició una patada adelante. Ahora, el dirigente se ha mostrado partidario de “regular” esta práctica siempre que no haya “interés mercantil”. Eso sí, el debate debe darse más adelante. A poder ser, después de las generales de diciembre.

Lo que sí recae sobre las mujeres “especialmente” es la conciliación, para la que el PP plantea “respuestas innovadoras para que las familias –especialmente las mujeres– puedan hacer compatible la vida familiar y laboral con mayor facilidad”. Específicamente, eso sí, no señala ninguna.

La dirección nacional del PP sí dedica espacio a garantizar “el máximo apoyo a las familias” y evitar lo que llama “intento de estigmatización de la familia”. Otra vez, los de Feijóo señalan directamente al Gobierno porque a “los daños acumulados durante los años de pandemia se ha unido la crisis de la inflación, que provoca en demasiados casos serios aprietos para poder afrontar las necesidades más básicas. Lamentablemente, las medidas implementadas por el Gobierno central a este respecto han resultado insuficientes”. El PP plantea “instaurar la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años”. Eso sí, “contando con la implicación del Gobierno central”. 

Privatizar suelo dotacional, construir… y rebajas fiscales

La ausencia general de medidas concretas desaparece en algunos temas en los que el PP sí parece tener muy claro desde hace años qué quiere hacer en ayuntamientos y comunidades a partir de mayo. La vivienda es un claro ejemplo de ello.

El apartado dedicado a este bien de primera necesidad se resume con una palabra: construir. Y el PP pone todos los huevos en esa cesta. Por eso, plantea desde el principio las “necesidades cada vez más acuciantes de suelo” y apunta a “soluciones innovadoras y viables” que, en realidad, son las mismas que se han puesto en marcha en el pasado una y otra vez.

El PP pide “garantizar un uso racional de suelo” para “construir viviendas en propiedad”. ¿Y qué es un “uso racional de suelo”? Lo responde el documento programático para el 28M: “Movilizaremos suelo público dotacional y de equipamiento y suelo privado para servicio público de vivienda a través de fórmulas de alquiler social y asequible, mediante programas de colaboración público-privada”. El texto concluye: “El objetivo será destinar parte de este suelo dotacional a nuevas fórmulas de uso habitacional para jóvenes y mayores (coliving, cohousing, senior living, residencias para estudiantes, etc.)”. Esos pisos protegidos podrán privatizarse con “fórmulas novedosas como el alquiler con opción a compra en el caso de una vivienda social”. 

El plan de la derecha para la vivienda concluye con la habitual guinda: “Incentivos fiscales”. Esta vez, acompañado de más rebajas: “Reduciremos los impuestos y tasas municipales en la promoción de nuevas viviendas protegidas”. 

Sanidad y Educación: a palos con Sánchez

Las comunidades autónomas gestionan dos de los servicios públicos más valorados por los ciudadanos: la sanidad y la educación. Pese a que el 28 de mayo se renuevan 12 parlamentos regionales, el PP pasa de puntillas por ambos derechos constitucionalmente reconocidos en su programa para los comicios. 

Pese a que las competencias son casi exclusivas de las autonomías, el PP se lanza contra el Gobierno central sin apenas aportar medidas concretas propias. De hecho, plantean este apartado como si fueran ajenos a su gestión y señalan “la falta de médicos, especialmente en las áreas de Atención Primaria y Pediatría”, por lo que piden “al Gobierno central” una solución urgente.

El compromiso que adquieren desde “las demás administraciones” se limita a “contribuir a la permanente mejora del sistema sanitario público”. Para ello, el PP apuesta por aumentar los presupuestos, sin mucho detalle. Pero, una vez más, mira a Moncloa y pide una “reforma del sistema de financiación autonómica”. 

En el ámbito educativo, más o menos la misma dinámica. El PP arranca su programa en esta materia con un ataque al Gobierno de coalición y a la ley Celáa, hace una cerrada apología de “la cultura del mérito y el esfuerzo” sin especificar en qué se traduce y planta un inconcreto pacto de Estado que, en todo caso, corresponde liderar al Ejecutivo central.

En este sentido también plantea una prueba de acceso a la universidad única para todo el territorio, la “neutralidad ideológica en las aulas”, una “financiación adecuada” o una genérica “ampliación del sistema de becas y ayudas”. Además, el PP propone un “Plan de Lenguas que favorezca fórmulas que fomenten el respeto mutuo y el conocimiento de todas y cada una de las lenguas cooficiales”.

Reducir déficit y deuda (y bajar impuestos)

El PP plantea también otro de sus dogmas habituales en materia económica: reducir el déficit y la deuda. Todo acompañado, cómo no, de la promesa de una bajada de impuestos. Pero el partido de Feijóo no analiza el estado de las cuentas autonómicas o municipales. El PP se centra en las cuentas del Gobierno central. Y le reclama un nuevo sistema de financiación.

En el terreno económico el PP se vuelca en sus mantras habituales, como “eliminar el gasto improductivo”, sin señalar cuál es, y “garantizar la sostenibilidad” de las cuentas, sin decir cómo. Todo acompañado de una amplia reducción fiscal que pasa por “reducir el IBI”, implantar “bonificaciones medioambientales”, “deflactar el IRPF”, “reducir el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras” y, cómo no, “el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos, así como en la del impuesto de patrimonio”.

Autoempleo incluso para estudiantes

En materia laboral, el PP hace una apuesta por los autónomos. Plantea una “tarifa 0” temporal en la cuota de trabajador por cuenta propia. Y suma un nuevo sujeto que debería autoemplearse: los estudiantes.

Así, el programa plantea una tarifa de “50 euros para trabajadores por cuenta propia o autónomos menores de 25 años que estén cursando estudios superiores, reglados o FP, y hayan finalizado el periodo de tarifa plana”. 

El PP hace también una “defensa y dignificación de la actividad empresarial” y plantea “la declaración responsable como sistema alternativo al de licencia administrativa”.

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