Proponen reformas a la Constitución en Nicaragua para que Ortega no se repita

La Unidad Nacional Azul y Blanco, el movimiento opositor más amplio de Nicaragua, propuso este viernes reformas a la Constitución local, para que en el futuro no se repitan mandatos como el del presidente Daniel Ortega, al que llaman “dictador”.

Las reformas, que únicamente podrían ser discutidas en la Asamblea Nacional con el sandinismo fuera del poder, proponen la “prohibición absoluta” de la reelección presidencial en Nicaragua, la descentralización del Poder Electoral, y la eliminación de diputados nacionales, entre otros cambios.

La Unidad presentó sus reformas en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles de personas en el exilio, tras el estallido general contra Ortega en abril de 2018.

“El enfoque (de las reformas) no es más de lo mismo, o de lo pragmático, es de lo justo, de lo que la gente ha venido pidiendo desde el mes de abril del año pasado y desde antes”, dijo el dirigente de la Unidad, Guillermo Incer.

Aunque las reformas coinciden con otras presentadas antes por diferentes movimientos opositores, las de la Unidad se diferencian por la descentralización del Consejo Supremo Electoral (CSE), al que culpan de favorecer a Ortega en cada proceso de elecciones desde que volvió a la presidencia en 2007.

La Unidad propone que el CSE se divida en varias instituciones, una encargada de los procesos electorales, otra del registro de las personas, una que atienda a los partidos políticos, y un tribunal de justicia electoral.

Asimismo plantea que las diputaciones se ganen por elección directa y votos proporcionales, con lo que ya no existirían diputados nacionales, y los que sean electos no estarían obligados a responder a los intereses de un partido político.

Además propone vetar de por vida para cargos públicos a quienes cometan delitos electorales, y que el financiamiento a las campañas proselitistas pase de método de reembolsos al de desembolsos indirectos sobre rendición de cuentas, y la regulación de actividades económicas ilícitas.

Al igual que otras propuestas, la Unidad aspira a que haya segunda ronda electoral, voto de la diáspora, la observación electoral obligatoria, y aspira a que los cargos en las alcaldías y regiones autónomas del Caribe se ganen con votos proporcionales.

La Unidad admitió que sus propuestas no serán discutidas mientras Ortega esté en la presidencia, ya que este domina los cuatro Poderes del Estado, así como Gobiernos municipales, autónomos, el Ejército y la Policía, no obstante, sus dirigentes mantuvieron su esperanza en un diálogo para adelantar las elecciones de 2021.

Ortega, quien afirma que la llamada “insurrección cívica” en su contra es un intento de “golpe de Estado”, se niega al adelanto de los comicios, que ha sido presentado por actores nacionales e internacionales como salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua.

Durante la presentación de la protesta la Policía de Nicaragua desplegó un fuerte dispositivo de agentes ataviados con armas de guerra, alrededor del hotel donde se desarrollaba la actividad.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 328 personas han muerto en el marco de la crisis, aunque organismos locales cuentan hasta 651, y el Gobierno reconoce 200.

La CIDH también ha responsabilizado al Gobierno por la violencia en Nicaragua, así como por crímenes “de lesa humanidad”.