El PSOE declara la guerra a Vox en el Congreso
“Con la ultraderecha no se puede ir ni a la vuelta de la esquina”. Con esa frase se despidió Pedro Sánchez del Congreso antes de las elecciones del 28A y la afirmación se la han tomado al pie de la letra los socialistas: el PSOE declara la guerra a Vox en el Parlamento, donde pretende orillarle y dejarle sin la más mínima representación institucional para no normalizar a la extrema derecha.
El PSOE está decidido a dejar a la formación de Santiago Abascal sin puestos en las mesas de las comisiones parlamentarias cuando se constituyan, a pesar de los 24 escaños que obtuvieron en las elecciones. La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha trasladado ya a PP y Ciudadanos su negativa a que la formación de extrema derecha cuente como un partido más en el reparto de esos puestos institucionales.
Las mesas de las comisiones parlamentarias se constituyen tradicionalmente con consenso de los grupos mayoritarios. Así sucedió también en 2016, cuando PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos se repartieron los puestos en esos órganos (que cuentan generalmente con una presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías) proporcionalmente a la representación de cada uno de los grupos.
En esta ocasión, fuentes socialistas aseguran que el PSOE está determinado a dejar fuera del pacto a Vox para no blanquear más a la extrema derecha y que, en caso de que PP y Ciudadanos no estén por la labor, la constitución de las comisiones se realice mediante votaciones. Esa salida supondría que las mesas se constituyan en función de la articulación de mayorías y los socialistas tienen mayor capacidad de conseguir aliados parlamentarios, sobre todo si se trata de cerrar el paso al partido de Santiago Abascal.
Fuentes parlamentarias reconocen que “habitualmente” las comisiones se constituyen a partir de un acuerdo de los principales grupos, pero que, de no ser así, se votaría llegado el momento la elección de los miembros de las mesas. Esas mismas fuentes admiten que podría darse la situación de que una alianza de determinadas fuerzas consiga dejar sin ningún puesto institucional a Vox con una especie de cordón sanitario.
Poder institucional = beneficio económico
La ostentación de puestos en las mesas parlamentarias permite reordenar los debates en las comisiones sectoriales pero también un aliciente económico. A las asignaciones de los diputados –la base de unos 2.800 euros a la que se suma otra de 870 euros mensuales a los elegidos por Madrid y de 1.823 euros a los del resto de circunscripciones más las dietas, por ejemplo, de transporte– se suman otros conceptos por razón del cargo: los presidentes de comisiones perciben unos 1.431 euros al mes; los vicepresidentes, 1.046 euros; y los secretarios, 697 euros.
El PSOE confía en que Unidas Podemos se sume a su estrategia de aislar a Vox en el Parlamento, aunque fuentes del grupo confederal aseguran que no se ha abordado “nada” de la conformación de las comisiones. Los socialistas también consideran que otras fuerzas, como PNV o ERC, entrarían en esa jugada.
Fuentes del PP aseguran, por su parte, que su objetivo será “tener la máxima representación” en función a lo que les “corresponde” por sus 66 escaños así como por el liderazgo de la oposición (la presidencia de determinadas comisiones tradicionalmente recaía en el grupo mayoritario de la Cámara tras el de Gobierno). Los conservadores consideran que es Vox quien debe tener la “habilidad” de negociar con el PSOE.
Ciudadanos, sin embargo, recuerda que “siempre ha habido acuerdo” para conformar las mesas: “Tienen que hacerse, como se ha hecho siempre, por acuerdo de los grupos con representación en el Congreso”. “Los grupos tienen esa representación porque se la han dado los ciudadanos con su voto”, aseguran fuentes del partido de Albert Rivera.
En parlamentos autonómicos, como el de la Comunidad de Madrid, PP, Ciudadanos y Vox se han repartido el poder de la Mesa, el órgano que pilota la actividad parlamentaria, pero en el caso del Congreso no tienen mayoría. El PSOE llegó a un acuerdo con Unidas Podemos y ambos grupos tienen mayoría. Esa situación ha tenido las primeras repercusiones para los conservadores –que han tenido que aceptar, por ejemplo, una distribución de escaños que no les gusta– y, especialmente, para Vox, que está en el 'gallinero'. Algunas fuentes atribuyen a Lastra esa decisión.
