El PP usa el fallo del Constitucional que desautorizó a Rajoy y exige el control parlamentario del Gobierno en funciones
Sin fecha cerrada para que Pedro Sánchez intente la investidura, Partido Popular y Ciudadanos han empezado a presionar al Gobierno en funciones pidiendo que se someta al control parlamentario. El PP pide lo mismo que Mariano Rajoy impidió en la legislatura fallida tras las generales de 2015. En aquel momento, el Gobierno en funciones se negó a atender la reclamación del Parlamento para que los ministros compareciesen y explicasen su gestión. El asunto acabó en manos del Constitucional, que falló en contra de los populares. La formación que lidera Pablo Casado quiere ahora usar aquella sentencia y someter al Ejecutivo de Sánchez al control del Parlamento. A Ciudadanos, como entonces, le parece bien.
El pasado 5 de junio, los representantes de Casado y Rivera explicitaron su reclamación ante la Mesa del Congreso. Ambas formaciones pidieron ese día la puesta en marcha de las comisiones parlamentarias. Se trata de un requisito imprescindible para empezar a llamar a los ministros; cada uno a la comisión correspondiente con las competencias de su cartera.
Lo habitual es que Congreso y Senado no constituyan las comisiones parlamentarias hasta conocer la forma del Gobierno con el que estas se corresponden. A pesar de ello, la oposición parlamentaria quiere impulsar la puesta en marcha de estos organismos. Según fuentes de la presidencia del Congreso, “las comisiones parlamentarias no se pueden crear hasta que se crean los nuevos ministerios”.
En 2016, durante el Gobierno en funciones de Rajoy, Moncloa se negó a atender los requerimientos del Congreso exigiendo las comparecencias parlamentarias de los ministros. Aquella decisión de desoír las reclamaciones de un Parlamento, presidido entonces por el socialista Patxi López, acabó en manos del Tribunal Constitucional, que falló en contra del gabinete de Rajoy. En esa misma sentencia se basan ahora los populares para exigir la capacidad de control sobre el Gobierno que ellos mismos denegaron hace ahora poco más de tres años.
El PP cuenta con el apoyo de Ciudadanos para llevar a cabo sus pretensiones: “El Congreso debe ponerse en marcha si el Gobierno no se constituye en un plazo razonable e insistiremos en ese planteamiento como ya hemos hecho en las últimas semanas”, aseguran fuentes de la dirección de Ciudadanos en conversación con eldiario.es.
De conseguir su objetivo, el Parlamento podría asumir una actividad que ahora no tiene, con todo supeditado a las negociaciones iniciadas por Sánchez para intentar buscar apoyos que le garanticen la investidura. Esa circunstancia solo podría darse en caso de que los meses de julio se consideren hábiles para la actividad parlamentaria, más allá de la previsible sesión plenaria en la que Sánchez habrá de someterse a la investidura.
La Mesa del Congreso que preside la socialista Meritxell Batet ha dado un pequeño paso para permitir el control parlamentario al Ejecutivo, calificando varias de las preguntas por escrito presentadas por los diputados. El Gobierno las tiene que responder en el plazo de 30 días establecido por ley. Según fuentes de la presidencia del Congreso ningún partido ha registrado por ahora preguntas para respuesta oral, por lo que la posibilidad de convocar una sesión de control antes del parón veraniego parece improbable.
En el Senado, los populares han ido un poco más allá en sus reclamaciones y han solicitado el inicio de la actividad plenaria, incluyendo sesiones de control al Gobierno. En esta Cámara, según fuentes de su presidencia, se prefiere esperar a que tomen posesión todos los nuevos senadores que deben ser elegidos por designación autonómica en los parlamentos creados tras las elecciones del 26M.
El secretario cuarto de la Mesa del Senado, Rafael Hernando (PP), quiere que el mes de junio no finalice sin que el Gobierno de Sánchez se vea obligado a pasar por el control de la Cámara Alta y así lo ha solicitado ante el presidente del Senado, Manuel Cruz. En sus razonamientos Hernando ha mencionado expresamente la sentencia del Constitucional que permite el control de Gobiernos en funciones. Una sentencia que se dictó contra el Gobierno del Partido Popular, en su etapa como portavoz parlamentario.
Con comisiones, más sueldo
La puesta en funcionamiento de comisiones parlamentarias, además de la posibilidad de ubicar en ellas las comparecencias de los ministros, tiene otro efecto: más sueldo para los parlamentarios. Cada diputado o senador que entra a formar parte de la mesa de una comisión cobra un suplemento por ello. Los parlamentarios elegidos para ejercer la portavocía en una comisión también cobran un suplemento. Todas esas partidas están ahora bloqueadas en Congreso y Senado, a la espera de que se pongan a funcionar las comisiones de las que dependen una parte del sueldo de la mayoría de los diputados.
