El PSOE pretende que las grandes empresas paguen al fisco un mínimo del 15% de sus beneficios

Pedro Sánchez presenta la reforma fiscal que ha ideado el exministro Jordi Sevilla, coordinador económico de Ferraz y el principal fichaje del comité de expertos que asesora al líder del PSOE en la preparación del programa electoral. El documento no da excesivos detalles sobre tipos impositivos y pone el énfasis en la lucha contra la ingeniería fiscal y el fraude. La medida más concreta es la imposición de un mínimo del 15% que deberán pagar las grandes empresas sobre sus beneficios.

Sánchez establecerá un mínimo del 15% a los resultados contables de las grandes empresas para que “contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla en el tiempo”. El PSOE pretende, por otro lado, ayudar a los autónomos ligando sus cotizaciones a la Seguridad Social con los ingresos que perciben, es decir, que la cuota no sea la misma independientemente del dinero que obtengan de su actividad. “Modificaremos el sistema de retenciones de impuestos de los autónomos para que se adapten a los ingresos realmente percibidos en cada periodo, lo que facilitará el inicio de la actividad y responder mejor a las situaciones de crisis del negocio”, defiende el PSOE.

El equipo económico de Ferraz no ha llegado a un acuerdo para modificar los tipos impositivos que gravan las rentas. El documento no concreta nada sobre la posibilidad de subir o bajar los tramos del IRPF, a pesar de que Sánchez ha criticado con vehemencia que Rajoy haya permitido que los ricos hayan salido más beneficiados de su reforma fiscal que los que menos tienen.

El PSOE ha optado por atacar, sin excesiva concreción, la ingeniería fiscal. Es lo que denomina “reformar de manera integral la tributación de la riqueza”. La idea es acabar con la “descoordinación” entre el IRPF, el impuesto de sociedades, el impuesto de Patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones, “que impide gravar adecuadamente la riqueza”. Los socialistas sostienen que es mediante esas figuras impositivas como los que más tienen consiguen escapar de las tributaciones.

“Abogar por la creación de un nuevo impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho que gravaría con un tipo del 35% los beneficios que las empresas sustraigan del control tributario mediante esquemas de planificación fiscal agresiva”, es la idea del PSOE contra la ingeniería fiscal.

En esa misma línea, plantea que las SICAV -formas jurídicas diseñadas ad hoc para que se puedan gestionar patrimonios con un mínimo coste fiscal- vuelvan a estar bajo la supervisión de Hacienda (y no solo de la CNMV, como se aprobó en el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero). En este punto coinciden con Ciudadanos. También pretenden fijar un máximo de participación -sin determinar- para cada uno de los 100 inversores que integran la sociedad para evitar los llamados '99 mariachis', es decir, que una fortuna logre las ventajas fiscales de la SICAV aprovechándose de inversores pantalla.

Recaudar del fraude

Sánchez ha basado una buena parte de su oposición a Mariano Rajoy en la que ha denominado “vergonzante” amnistía fiscal a la que se acogieron, entre otros, el exministro Rodrigo Rato y el extesorero del PP Luis Bárcenas. El PSOE se compromete a no aprobar otra amnistía. “La ley debe prohibir de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal”, expresa el documento que se presentará este jueves en un acto en el que está prevista la participación de Sánchez y Sevilla y en el que Ferraz ha excluido al responsable de Economía de la ejecutiva, Manuel de la Rocha.

Una de las pretensiones de Sánchez es obligar a los bancos a informar a las autoridades de los clientes que dispongan de dinero en paraísos fiscales. Esa información, que se remitiría a Hacienda o al Banco de España, busca encontrar aquellos activos que no se declaran. A priori, el PSOE espera que las entidades financieras que operan en nuestro país actúen de buena fe, aunque prevé sanciones sin cuantificar para aquellas que no colaboren. En caso de “reincidencia” en la no colaboración se pondría en marcha un mecanismo más agresivo: “la retirada de la ficha bancaria”. Una medida que en el PSOE admiten que se produciría solo en casos extremos.

Los socialistas intentarán, además, dar a conocer los nombres de todos los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro: un total de 705 personas de los que el Gobierno sospecha que muchos eran cargos públicos. Ese fue uno de los compromisos que ha dejado Sánchez en el Parlamento. No obstante, la 'Agenda para la recuperación justa' admite que harán los cambios necesarios en el artículo 95 de la Ley General Tributaria para que se puedan publicar todos los nombres de los amnistiados siempre y cuando estén “dentro de los límites constitucionales”.

La lucha contra el fraude es una de las banderas de la campaña socialista. Sánchez quiere lograr en cuatro años 5.000 inspectores para la Agencia Tributaria. Es una quinta parte de los 26.000 que el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cree necesarios para combatir el fraude.

Patrimonio y tasas medioambientales

El candidato socialista a la Moncloa recupera el impuesto del patrimonio al establecer “un mínimo común en

todo el territorio nacional“ así como en el de sucesiones. Ferraz pretende evitar que haya comunidades, como la madrileña, en que las exenciones en estos tributos son del 100% en detrimento de otras. Si gobierna Sánchez, habrá que pagar por ley un porcentaje determinado, que podrán aumentar los gobiernos regionales pero no bajarlo. El PSOE tampoco especifica cuál será el mínimo a pagar por el capital y las sucesiones.

El apartado de tasas el PSOE apuesta por dos fórmulas novedosas: la introducción de una sobre las transacciones financieras -conocida como tasa Tobin- que ya han acordado once países de la UE, entre ellos España, pero que aún no se ha aplicado; y la imposición de tasas medioambientales, como un impuesto sobre las emisiones de CO2 que se aplicará sobre la tonelada emitida, discriminando entre las empresas sujetas al sistema de comercialización de derechos de emisiones (ETS) y las que no; un impuesto sobre los óxidos nitrosos; otro sobre las emisiones de los vehículos de motor, así como una tasa sobre los residuos de envases, embalajes y bolsas.