La máquina sigue en marcha. El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene en manos de su grupo parlamentario la búsqueda de acuerdos con los grupos independentistas para sacar adelante las principales reformas previstas, al margen de los presupuestos. “Seguimos trabajando. Una cosa no tiene que ver con la otra”, asegura secretario general del grupo socialista Rafael Simancas, en referencia a las negociaciones que él como número dos en el Congreso mantiene con el PDeCAT y el PNV para tumbar los artículos más polémicos de la reforma laboral del Partido Popular. El Gobierno confía en obtener los apoyos suficientes para sacar otras medidas como la ansiada subida del salario mínimo.
Los grupos de trabajo y las agendas compartidas se mantienen. Todo sigue como si Moncloa y el Govern no se estuvieran lanzando advertencias y avisos de ruptura. Las cartas que tres miembros del gabinete de Sánchez enviaron a sus homólogos catalanes pidiendo explicaciones sobre la inacción de los Mossos ante las protestas de los CDR no han afectado a las negociaciones que desarrollan en Madrid sus respectivos grupos parlamentarios.
Las conversaciones entre PSOE y PDeCAT para modificar las reglas del mercado laboral han sido intensas desde septiembre y continúan a pesar del contexto, según confirman fuentes de ambas formaciones.
En el ámbito de Esquerra Republicana de Catalunya tampoco dan por rota la posibilidad de acordar las propuestas de Sánchez y facilitar la mayoría para las reformas y decretos de un Gobierno que solo cuenta con 84 diputados en la cámara. “No sabemos hasta qué punto hay teatro o hablan para calmar a la derecha cavernaria”, asegura en conversación con eldiario.es el diputado Gabriel Rufián.
En esta formación independentista están especialmente preocupados por avanzar en los cambios sobre la Ley Mordaza del PP y fían la suerte de las negociaciones a la comparecencia que este miércoles protagonizará el presidente en el Congreso para hablar sobre la situación en Catalunya. “Todo depende de lo que pase. Nos llega que Sánchez hará una oferta”, asegura a esta redacción el diputado republicano. Fuentes de Moncloa aseguran que el presidente hará un “discurso de Estado” y que pretende superar “ los dos extremos”, es decir, el de PP y Ciudadanos, que reclaman la aplicación de un 155 duro, y el de los independentistas, a quienes Quim Torra ha alentado en los últimos días a seguir la vía eslovena.
El PNV también sigue trabajando para mantener la maquinaria en marcha. Fuentes de la formación vasca confirman su participación en las negociaciones para modificar la reforma laboral. “Estamos hablando solo con el PSOE. Y seguimos hablando”, aseguran. El pacto que en su día cerró Sánchez con el PNV para garantizarse el éxito en la moción de censura incluía una cláusula no escrita: alargar la legislatura lo máximo posible y avisar a esta formación antes de anunciar una convocatoria electoral. Por el momento, los nacionalistas vascos no han dado por finalizada la aventura de Sánchez al frente del Gobierno.
Lo que ya se considera más complicado es que el Ejecutivo consiga salvar con éxito el examen a los presupuestos. En Esquerra son rotundos. “No los apoyaremos porque sería legitimar a un Gobierno que mantiene a nueve personas secuestradas en la cárcel”, asegura Rufián. Los socialistas confían en sortear el trámite de la enmienda a la totalidad porque ven impensable que ERC y PDeCAT voten con PP y Ciudadanos.
Mientras tanto, el secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, continúa en su búsqueda de acuerdos y asegura que no cree que la actual situación vaya a impedir el entendimiento sobre políticas concretas. “No me han dicho lo contrario”, explica Simancas. Sobre el plan para tocar la reforma laboral, afirma: “Sí, desde luego, es mi intención modificarla antes de que haya elecciones generales”.
“Nadie puede pretender que se paralice el Parlamento, seguimos trabajando y hablando con los grupos para sacar adelante leyes”, aseguran fuentes socialistas, que reconocen que hay conversaciones con “todos” los grupos parlamentarios, incluidos PP y Ciudadanos. Ponen como ejemplo la ley de crédito hipotecario, que se ha trabajado conjuntamente; la de Seguridad Vial para la protección de los ciclistas, que se ha abordado con el PP; o la de muerte digna y eutanasia, donde se ha negociado con los de Albert Rivera.
El primer examen que tendrá el Gobierno en el Parlamento es la aprobación de los objetivos de déficit que ya fueron rechazados este verano. Fuentes de la dirección socialista admiten que aún no se ha abordado esa conversación ni con ERC ni con PDeCAT y que la “tensión” se ha incrementado con ellos en las últimas semanas después del “Rufianazo”, el enfrentamiento del diputado con el ministro Josep Borrell que acabó con la expulsión del parlamentario de ERC del hemiciclo y la acusación del jefe de la diplomacia española de que un diputado de ERC le había escupido al abandonar la Cámara con Rufián.
No obstante, el PSOE da por hecho que la mayoría absoluta del PP en el Senado tumbará el paquete económico previo a los presupuestos, aunque no descartan que en la Cámara Baja esta vez sí reciba el respaldo de los independentistas –además del de Unidos Podemos, que dan por hecho después de que en la anterior ocasión decidiera votar en contra–.
También el Gobierno central ha mantenido durante estos meses la línea abierta con la Generalitat a través de los órganos bilaterales. La Comisión Bilateral llevaba once años sin reunirse y lo hizo por primera vez el pasado mes de agosto. El departamento que dirige Meritxell Batet y el Govern se dieron de plazo hasta diciembre para llegar a acuerdos concretos antes de reunirse de nuevo. Fuentes del Ejecutivo dudan ahora de que se vaya a producir un nuevo encuentro antes de que acabe el año.
Esas mismas fuentes aseguran que se han producido más de una veintena de encuentros de ministros con consellers y que, en este momento, los contactos se producen a nivel técnico. En el Gobierno reconocen que la Generalitat ha suavizado el tono tras el golpe en la mesa que dio Sánchez este lunes, aunque están pendientes de la actuación de Quim Torra, que permanece en silencio.
La recuperación de la “normalidad” en esos órganos, así como del diálogo que protagoniza fundamentalmente la vicepresidenta, Carmen Calvo, fue uno de los logros de los que más ha sacado pecho Sánchez hasta ahora. Sin embargo, el endurecimiento ha conllevado incluso un cuestionamiento de la utilidad de esas reuniones: “No hay nada más contradictorio que te estén pidiendo inversiones y al mismo tiempo te estén negando la instrumentación. No pidas, ya está; di que tienes suficiente, que todo está estupendo y que cuanto peor, mejor”, expresó José Luis Ábalos en referencia a la negativa a apoyar presupuestos durante un desayuno informativo este martes. Acusó a la Generalitat de “no tener acción de Gobierno”.
Precisamente el acercamiento a los indepedentistas –e incluso la llegada de Sánchez a través de una moción de censura que apoyaron– ha sido uno de los argumentos de un importante sector del PSOE para explicar el batacazo en las andaluzas. La propia Susana Díaz emplazó a Sánchez a hacer una “reflexión” al respecto.
El debate surgió en la reunión de grupo parlamentario este martes, a pesar de que la dirección que pilota Adriana Lastra intentó evitarlo. La que fue portavoz durante el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba, Soraya Rodríguez, una de las dirigentes más críticas con Sánchez, pidió un análisis de los resultados y expresó que, a pesar de otras causas como los casos de corrupción o los 36 años de gobierno ininterrumpido, la moción de censura con el apoyo de los independentistas influyó en el auge de Vox y que tuvo un “coste” dentro del electorado socialista.
El expresidente de Castilla-La Mancha José María Barreda se pronunció en términos similares y advirtió de que el PSOE debe ponerse en modo campaña para evitar que el “terremoto” de Andalucía tenga “réplicas” en el resto de comunidades en las elecciones del próximo 26 de mayo. “Si en Andalucía el tema territorial he despertado esa reacción, imagina en otros lugares”, expresa un diputado andaluz. En las filas socialistas celebran el endurecimiento del tono frente a los independentistas pero temen que unas posible factura electoral no tenga ya vuelta atrás. “Para Andalucía ha llegado tarde y no sé si para el resto de territorios también”, avisa una diputada.
En la dirección del PSOE y en Moncloa niegan que el factor principal de la hecatombe en el socialismo andaluz sea el conflicto catalán. No obstante, desde las elecciones del 2 de diciembre, el Gobierno ha cambiado su estrategia para marcar distancias con el independentismo. De hecho, el hundimiento en Andalucía está detrás de la decisión de Sánchez de presentar los presupuestos en el Congreso para que los independentistas se retraten y, al mismo tiempo, demostrar que no hay ningún acuerdo si no salen adelante: “No somos dependientes del mareo al que pudieran someternos los partidos independentistas”, fue el nuevo mensaje del Gobierno que hasta entonces no quería “marear” a los españoles con un posible fracaso en la aprobación de las cuentas públicas.
El Consejo de Ministras, que se celebrará en Barcelona el 21 de diciembre, tendrá lugar en la Casa Llotja de Mar, según han informado fuentes de Moncloa a primera hora de este miércoles. Actualmente es la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación