PSOE y PP cierran un acuerdo para renovar el Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sale del bloqueo tras más de cinco años con el mandato caducado. PSOE y PP han anunciado un acuerdo de renovación que llega tras varios intentos frustrados y que pone fin a una situación de interinidad que se remonta a diciembre de 2018. Los conservadores, que salieron de la Moncloa en junio de ese año, se han resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. 

El acuerdo, cerrado finalmente en Bruselas tras la mediación de la Comisión Europea, incluye el reparto de los 20 puestos que compondrán el órgano de gobierno de los jueces, con 10 candidatos propuestos por el PSOE y 10 por el PP. Por el momento, no ha trascendido quién presidirá el órgano, que será elegido por los vocales previo concierto de los partidos.

El pacto, que ha sido oficializado por ambas formaciones, incluye medidas para reformar el sistema judicial que han facilitado el desbloqueo. Principalmente, la presentación de una proposición de ley orgánica encaminada a “reforzar la independencia del Poder Judicial”. Los negociadores también han pactado el nombramiento de un magistrado del Tribunal Constitucional. Será el actual vocal José María Macías, considerado el hombre fuerte de la derecha en el CGPJ.

Sin embargo, el acuerdo evidencia que el PP finalmente ha renunciado a lo que durante estos años ha sido su principal reivindicación: que el PSOE aceptara nuevas normas para elegir a los vocales del CGPJ y que los jueces eligieran directamente a sus representantes. La citada proposición de ley contempla dejar en manos del nuevo órgano la redacción de una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que tendrá que estar apoyada por una mayoría de tres quintos del nuevo CGPJ. Es el mismo modelo que, primero, Pablo Casado; y después, Feijóo, admitieron en los intentos previos de renovación que acabaron frustrándose.

Por contra, el PP sí ha logrado que los socialistas den el visto bueno a otras de sus grandes apuestas en lo que han dado en llamar “puertas giratorias” entre la política y la judicatura o puestos relacionados con la administración de justicia. Por ejemplo, regula un nuevo régimen de incompatibilidades para el nombramiento como fiscal general del Estado para que no puedan acceder a ese cargo quien en los cinco años anteriores hayan ocupado cargos públicos. También se plantea el veto como vocal del CGPJ a quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores.

La proposición de ley también prevé que los jueces que hayan tenido alguna responsabilidad política no puedan ejercer tareas jurisdiccionales hasta dos años después de su cese, aunque sin perder su salario durante este tiempo. El nuevo régimen de vuelta a la carrera judicial supone dar un giro radical al marco actual, en el que el regreso a la judicatura de quienes han ejercido cargos políticos es casi automático. La ley del Poder Judicial establece que deben solicitar el reingreso en los diez días siguientes al cese e incorporarse a su destino en los 20 días inmediatamente siguientes. Por ejemplo, la exministra de Justicia Pilar Llop se incorporó a la Audiencia Provincial de Madrid el pasado febrero, apenas dos meses después de dejar el ministerio.

El acuerdo entre el Gobierno y el PP también incrementa a 20 años el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para poder ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo. En la redacción actual se exigen 15 años de ejercicio en la carrera judicial.

Medidas para el nuevo CGPJ

La iniciativa que tramitarán Las Cortes incluye asimismo nuevas medidas relacionadas con el funcionamiento del CGPJ. Así, prevé los nombramientos de los presidentes de las audiencias provinciales se hagan por una mayoría de tres quintos (13 de los 21 vocales), lo que supone seguir enmendado el modelo que el PP impuso en 2013 cuando gobernaba con mayoría absoluta. Entonces, la derecha utilizó su rodillo parlamentario para cambiar el sistema e imponer que las resoluciones del órgano, salvo que la ley orgánica exigiera de forma expresa otra cosa, se adoptaran por mayoría simple (más síes que noes).

Un lustro después, en 2018, ya con el PSOE en el Gobierno, la ley volvió a modificarse. Se regresó al sistema de tres quintos para los nombramientos más relevantes: presidentes de sala y magistrados del Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y presidentes de los tribunales superiores de justicia. Y para el resto de decisiones –resto de nombramientos de la cúpula judicial, informes de anteproyectos de leyes…– se estableció la mayoría absoluta (11 de los 21 vocales). Ahora, los interlocutores han acordado que esa mayoría de tres quintos sea necesaria también para los nombramientos de los presidentes de las audiencias provinciales.

El acuerdo también la Comisión de Calificación que el PP también eliminó en su reforma de 2013. Se trata de un órgano relevante dentro del CGPJ porque hace las entrevistas públicas a los candidatos a los puestos discrecionales en la cúpula judicial. Con esas entrevistas se hace un primer corte y se propone una terna al pleno, formado por los veinte vocales, que toma la decisión final. 

Desde 2013, esa tarea la venía realizando la todopoderosa comisión permanente, una especie de núcleo duro, formada por siete miembros elegidos directamente por el presidente y que son los únicos con dedicación exclusiva. La proposición de ley contempla que el pleno elegirá anualmente, de entre sus vocales, a los cinco componentes de esta comisión. El objetivo es que informe sobre los nombramientos “garantizando una valoración objetiva de los candidatos basada en su trayectoria profesional”.

El ciclo electoral y el ultimátum de Sánchez

El pacto confirma que el final del ciclo electoral de 2024 y el ultimátum lanzado por Pedro Sánchez han abierto una nueva ventana de oportunidad para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. En los últimos días, de las declaraciones públicas de Alberto Núñez Feijóo y de sus portavoces desaparecieron algunas exigencias que eran inamovibles para el PP hace apenas semanas y que la formación conservadora llevaba esgrimiendo más de un lustro para evitar el acuerdo. 

“Todo lo que sea avanzar en la independencia judicial, el PP lo firmará”, dijo la semana pasada Feijóo. Este movimiento insufló optimismo a los negociadores de la Moncloa, aunque no terminaban de fiarse después de que, en octubre de 2022, Alberto Nuñez Feijóo rompiera en el último momento un acuerdo que estaba cerrado ante las críticas internas y de las terminales mediáticas más conservadoras. Hasta la actual, esa era la ocasión en la que más cerca se había estado de acordar la renovación. 

Tras el acuerdo político, los nombramientos no serán efectivos hasta que reciban el aval de las Cortes Generales, que son las encargadas por ley de designar a los veinte vocales del órgano. Su nombramiento requiere mayoría cualificada de tres quintos en ambas cámaras por lo que la participación de PP y PSOE es necesaria. De ahí que se repartan los puestos previamente. Cada una de las Cámaras –el Congreso y el Senado– elige a diez vocales: cuatro entre juristas con más de 15 años de ejercicio y seis jueces o magistrados que estén en activo. Estos últimos son escogidos de una lista a la se accede con el aval de 25 jueces o de una asociación judicial. Después, los 20 vocales elegirán al presidente acordado previamente por los dos grandes partidos. 

Las consecuencias de cinco años en funciones

El pacto pone fin a una situación agonizante. Hasta ahora, el órgano al que corresponde la organización de los juzgados y tribunales estaba funcionando con un pleno mermado (con 16 de sus 21 miembros: diez conservadores y seis progresistas), un segundo presidente “por sustitución” que también ha amenazado con dimitir y con unas atribuciones limitadas. En marzo de 2021, PSOE y Unidas Podemos acordaron cambiar la ley para impedir al CGPJ hacer nombramientos cuando está en funciones. Hasta entonces, un órgano caducado había acordado 74 nombramientos clave en la cúpula judicial. El Tribunal Constitucional avaló esta reforma, aunque ha provocado que en el Tribunal Supremo las plazas sin cubrir alcancen las 25. 

Los más de cinco años de bloqueo han sumido al CGPJ en una inédita situación de degradación que se ha puesto de manifiesto en la cada vez más tensa relación entre los vocales, que acumulan el desgaste de cinco años de interinidad; pero también en los choques con el Ejecutivo de coalición. Los más recientes, a raíz de la insistencia de la mayoría conservadora en hacer un informe crítico con la ley de amnistía antes incluso de su aprobación o de la designación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.