Cuatro años después del accidente del Alvia en Santiago de Compostela en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas, el Congreso de los Diputados aprobará la creación de una comisión de investigación que analice las causas del siniestro. PSOE y Unidos Podemos-En Comú-En Marea han alcanzado un acuerdo para llevar al Pleno de este jueves una única propuesta, que contará con el apoyo mayoritario de la Cámara.
El acuerdo lo ha anunciado la portavoz de En Marea en la Comisión de Fomento, Alexandra Fernández, y lo ha confirmado el PSOE. Ambos grupos habían presentado su propia iniciativa lo que obligaba a un entendimiento para asegurarse que la comisión recibe el visto bueno del Pleno. Ciudadanos y el Grupo Mixto, que firmaba también la propuesta de En Marea, votarán a favor.
Fernández ha asegurado en declaraciones a los medios que se trata de “una propuesta de mínimos y abierta” que permita sacar adelante una votación que peligraba. Las diferencias en los objetivos y amplitud de la investigación que ambos grupos habían presentado podía haber bloqueado la aprobación de la comisión. Las diferencias persisten, pero se ha apostado por posponer su discusión para priorizar la aprobación de la comisión.
Será más adelante, cuando se discuta el plan de trabajo en el seno de la propia comisión, cuando se determine la duración, profundidad y márgenes de la investigación.
Fernández ha recordado en una rueda de prensa que es la tercera vez que En Marea, integrada en el grupo confederal, promueve una investigación parlamentaria. La portavoz de la confluencia gallega ha asegurado que cuando se inicie la negociación del plan de trabajo se centrarán en “garantizar la independencia” de la comisión, en que se llega “a la raíz del problema” y en determinar “las responsabilidades políticas que hay detrás del accidente”.
La portavoz de En Marea ha confiado en que durante la elaboración de ese plan de trabajo se dé voz a las víctimas del accidente. Fernández ha recordado que la Comisión Europea ya denunció las carencias de la anterior investigación parlamentaria sobre el accidente. Entre los motivos que alegó el Ejecutivo europeo estaba precisamente la ausencia de la voz de las víctimas.
Las propuestas de PSOE y el grupo confederal diferían en múltiples aspectos. Desde la duración de los trabajos de la comisión, cuatro meses frente a 10 prorrogables, hasta la definición del objetivo. Aunque los socialistas estaban abiertos a buscar “las responsabilidades políticas que pudieran derivarse” del accidente, en su escrito se limitaban a señalar como objetivo el “establecer las causas del accidente y específicamente la adecuación de la evaluación de riesgos de seguridad”.
En Marea también pedía investigar “el sistema de seguridad” que se utilizaba en la llamada curva de A Grandeira, donde descarriló el tren. Pero también apelaba a “evaluar todas las decisiones y los cambios producidos en el proyecto de construcción de la línea”, “revisar el estado de las infraestructuras ferroviarias” gallegas“ o pedir ”una auditoría independiente de la gestión económica y en materia de seguridad de Fomento, Adif y Renfe“ en la construcción del tramo Ourense-Santiago.