Ione Belarra (Pamplona, 1987) es una de esas personas que en los últimos dos años ha dado el salto del activismo social a la política institucional de la mano de Podemos. Miembro de las direcciones estatales y autonómica del partido que lidera Pablo Iglesias, ha dedicado buena parte de su vida a defender los derechos de las personas migrantes. Ahora lo hace desde el Congreso, donde es diputada por Navarra y a donde ha llegado con un objetivo claro: cerrar los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).
¿Cómo ha sido el paso del activismo a las instituciones?
Voy dando pasos lentos. Hay veces que me cuesta definirme como política o verme en la institución, pero Podemos es la herramienta más eficaz para cerrar los CIE en este país en un plazo relativamente corto. Es un reto sobre todo emocional que consiste en saber gestionar desde mi nueva posición la relación con esos movimientos sociales. Intento ser muy cuidadosa con su independencia y empatizo mucho con ellos.
Otras personas que han dado ese salto a las instituciones han visto cómo gente que estaba con ellos ahora les lanzan críticas. ¿Cómo lleva que le pueda pasar esto?
Durante las jornadas del Plan B en Madrid estuve en una mesa con movimientos sociales y yo mismo cuestioné al principio mi propia presencia allí. La reflexión es si Podemos logra convertirse en algo más que un partido al uso y logra ser un partido-movimiento que trascienda los límites de lo que ha sido la política en este país. Y esto va a tener sobre todo que ver con cómo vamos a gestionar esta contradicción. Cuando una compañera o una asociación con la que te consideras alineado te hace una crítica que es legítima, a nivel personal es difícil. Difícil desde el estómago.
¿Que le pide a esos movimientos?
Donde se va a jugar la batalla es en si somos capaces de poner los objetivos por encima de la tensión emocional y si somos capaces de tratarnos con compañerismo y camaradería. Quienes se quedan en los movimientos de base deben entender nuestras contradicciones en la institución y acompañarnos en ese proceso. No les pido que estén de acuerdo ni que compartan el camino, pero sí que acompañen y yo seré herramienta desde el otro lado para conseguir una sociedad más justa.
Algunos de esos movimientos forman parte del tejido que aupó a Podemos. ¿Su papel sigue vigente?
Son más necesarios que nunca. Yo soy diputada por Navarra y allí somos un soporte del Gobierno de Geroa Bai a través de un acuerdo programático. Ese Gobierno tiene muchas contradicciones porque aúna a fuerzas muy diferentes. A veces siento que Navarra es un buen ejemplo de a dónde podríamos ir al Gobierno del Estado. Allí, a las organizaciones sociales les decimos que las necesitamos en la calle, en la puerta del Parlamento reclamando cosas que con las que estamos de acuerdo pero que en una negociación puede renunciarse. Cuanta más ciudadanía y más pueblo tengamos detrás más garantías habrá en la mesa de negociación.
¿Qué lecciones sacan del proceso de Navarra en las negociaciones estatales para formar Gobierno?
Claridad en cuál es el objetivo. Había que acabar con 18 años de derecha rancia haciendo política de derechas en Navarra. Eso era nítido para todas las fuerzas. Y luego mucha voluntad por parte de todos los actores en entenderse.
¿Hizo Podemos renuncias en aquella negociación sobre asuntos que podrían definirse como el ADN del partido?
Creo que hubo cesiones pero no en cuestiones de principio para nosotros. El plan de rescate ciudadano queda relativamente bien reflejado en la Vicepresidencia de Derechos Sociales. No hubo renuncias significativas aunque sí un esfuerzo grande de entendimiento. Había fuerzas como Izquierda-Ezquerra o Bildu que tienen una inclinación social importante.
¿Esta es una sensibilidad mayoritaria dentro del partido sobre hacia dónde debe ir Podemos?
No tenemos grandes diferencias en cuál es el objetivo y hacia dónde debemos dirigirnos. Sí hay, y es nuestra mayor riqueza, diferentes énfasis dependiendo de dónde venimos. Nuestros analistas políticos, que vienen de ser profesores y especialistas reconocidos, son los mejores en lo suyo, personas como yo ponemos el énfasis en la necesidad de vehicularnos con los movimientos sociales y trabajar con ello. Esto es excepcionalmente positivo. Es nuestra fortaleza.
Ese debate se mezcla con el debate sobre cómo propiciar un Gobierno. ¿Cree que la destitución de Sergio Pascual es una decisión adecuada en esta dirección?
Sergio [Pascual], ya lo ha dicho él, va a seguir trabajando por el proyecto con mucha ilusión. El ser capaces de evaluar cómo estamos haciendo nuestro trabajo, ser capaces de girar cuando las cosas no van bien, es uno de los puntos fundamentales que han permitido el éxito de Podemos. El haber visto cuándo las cosas no estaban yendo bien y cambiarlo. Esto es lo que creo que va a permitir esta decisión de Pablo [Iglesias]. Ver que algo no va bien y poner lo medios para que vaya a mejor. A mí me gusta mucho el ejemplo de Juan Carlos Monedero. Las semanas posteriores a su dimisión fueron difíciles pero ha encontrado un espacio dentro de esta organización en el que es fundamental y desde el que suma muchísimo. Eso va a pasar ahora también y vamos a salir reforzados.
Usted dio el paso a la política institucional con el objetivo de cerrar los CIE. ¿Cuántos centros así hay en España? ¿Cuánta gente está recluida en ellos?
Ahora mismo hay siete CIE: Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Madrid, Murcia, Tenerife y Valencia. Aunque el de Barcelona está cerrado temporalmente. Según los datos del Defensor del Pueblo, hubo 7.340 personas internadas en toda España en 2014, de las que 3.483 fueron finalmente expulsadas.
¿Y por qué está encerradas allí esas personas?
Porque están en situación administrativa irregular. Es una falta administrativa, no un delito. Siempre pongo el ejemplo de que es como si acabas en la cárcel por una multa de tráfico. Esto atenta contra los derechos fundamentales.
Los CIE son la punta del iceberg de la política migratoria española. La parte más visible pero forma parte de una cadena que es el sistema expulsor. La política migratoria de nuestro país está basada en expulsar gente y eso es lo que cuestionamos.
¿Y cómo se ejecuta?
Hay una cadena que empieza con las redadas basadas en un perfil étnico, los CIE y termina con vuelos de deportación colectivos.
La semana pasada se cerró el acuerdo definitivo entre Europa y Turquía para regular la deportación de decenas de miles de refugiados. ¿Cuál es la postura de Podemos ante este acuerdo?
Cuando tuvimos noticia del preacuerdo nos llevamos las manos a la cabeza porque la UE está entrando en algo que saben a ciencia cierta que es ilegal y que prohíbe expresamente las deportaciones colectivas. Tampoco no sorprende porque es un paso más en una política migratoria que trata de convertir a Europa en un castillo blindado donde no entra nadie.
Decía antes que la política española es expulsiva. Lo es también a escala europea. ¿Qué política migratoria propone Podemos?
España es la alumna aventajada en este tema porque las expulsiones colectivas es lo que nosotros hacemos bajo manda desde hace 10 años, tanto con el PP como con el PSOE.
Tiene dos vertientes fundamentales. La primera es que España no es un país de inmigración. Nuestro sistema de refugio y asilo está en crisis como se ha hecho evidente, pero ya no lo éramos desde hace tiempo. España es un país de emigración. No tenemos un problema con los inmigrantes sino con todos los jóvenes que se están yendo a Alemania a ganar sueldos de miseria.
¿La segunda?
Nosotros planteamos que estamos en un cambio de ciclo y tenemos que ajustar nuestra política migratoria a la nueva situación. No puede ser represiva. Todos los elementos que reprimen a las personas migrantes por el hecho de serlas o por un perfil étnico determinado tienen que terminar en un país democrático.
¿Se siguen produciendo lo que se llama redadas racistas? ¿Son órdenes expresas?
En 2012 hubo una circular interna de la Policía que las prohibía, por lo que asumía que se estaban produciendo. Yo tengo constancia a través de organizaciones de derechos humanos que efectivamente se siguen produciendo, no tanto basadas en un perfil étnico sino de nacionalidad. Así se pueden llenar los vuelos colectivos de deportación.
¿Que más acciones políticas desarrollará Podemos en esta materia?
Creemos que tiene que haber una participación efectiva de las personas migrantes tanto en la vida social como en la política. Eso pasa por reconocer el derecho al voto al menos en las municipales de todas las personas migrantes. Queremos explorar, y eso es parte de nuestro compromiso para esta legislatura, mecanismos de participación política para las personas migrantes y eliminar que las personas migrantes no puedan tener un partido político en este país.
Otro elemento es que la renovación de permisos no esté necesariamente vinculado al permiso de trabajo. Hay personas que han trabajado años en España, con amigos y familia, perfectamente integrados que pierden el trabajo y vuelven al comienzo del ciclo.
Los derechos tienen que estar asignados no por la nacionalidad que tengas sino porque vives en un sitio, eres vecino o vecina de nuestro país, y por tanto tienes un acceso efectivo a derechos en las mismas condiciones que las demás personas. Somos conscientes de que en este país hay vulneración de derechos de las personas migrantes por el mero hecho de serlas. Tenemos que trabajar contra eso también. Estamos planteando una ley integral contra el racismo y cualquier forma de discriminación. Hay un observatorio contra el racismo y la xenofobia que no funciona especialmente bien y queremos darle un nuevo papel.
¿Cómo es la situación española frente a la europea?
La ciudadanía española necesita pedagogía. Es cierto que todo el mundo nos pone como ejemplo de país de convivencia y en el que no ha habido focos de racismo y xenofobia, pero yo pienso que no hemos tenido tiempo y que esto podría ocurrir. Hay que prevenirlo.