En España señalar a los corruptos sale caro. Recibir presiones de la dirección de tu empresa para cometer actos ilícitos y ser despedida por negarte a ello es una represalia común. Es lo que le ocurrió a Azahara Peralta, jefa de Obra de Acuamed. El siguiente peldaño es sufrir acoso laboral, ser despedida, y que la cúpula política a la que denuncias ejerza su poder para que no puedas encontrar trabajo de nuevo. Así lo atestigua el caso de Ana Garrido, testigo de la Gürtel.
Ser denunciado a consecuencia de destapar la corrupción es el penúltimo escalón. Es lo que le pasó a Roberto Macías, para el que UGT pide cuatro años de cárcel por “revelación de secretos” tras hacer públicas las facturas falsas que el sindicato presuntamente usaba para lucrarse. Su caso es similar al de Cristobal Cantos, que lleva cinco años en los tribunales por las denuncias cruzadas de aquellos a los que él acusó de corrupción y para los que la Fiscalía pide cárcel.
Al final está la agresión física. Al exteniente del Ejército Luis Gonzalo Segura, que solo ha conseguido ser expulsado de las Fuerzas Armadas tras sacar a la luz prácticas fraudulentas del alto mando, le aconsejan cambiar de acera si se cruza con uniformes militares. Cuando Itziar González cargó contra la especulación inmobiliaria y los pisos turísticos del centro de Barcelona, empezó a recibir amenazas de muerte y alguien allanó su casa. Aunque años después los juzgados les dan la razón, los casos de los whistleblowers españoles sirven de ejemplo de la soledad del denunciante de corrupción en España.
“En general, los testimonios de las personas que han denunciado corrupción coinciden en resaltar la falta de amparo al que se ven expuestas tras comunicar la comisión de actos ilícitos o irregulares”, explica el abogado de Transparencia Internacional, Daniel Moedo. Esa falta de protección, continúa el letrado, “desincentiva de manera acuciante la formulación de denuncias. El tortuoso camino que han tenido que transitar los denunciantes para seguir adelante con sus vidas después de denunciar, resulta totalmente desalentador”.
España es el único de los 35 miembros de la OCDE que no ha regulado la protección a los whistleblowers a nivel estatal, ni con una ley específica ni mediante el articulado de otras leyes, según el último informe de la organización. Un examen reciente de los mecanismos de apoyo a denunciantes de corrupción a nivel europeo puntuó a España con 0 puntos -de un máximo de 756- en base a nueve estándares comunitarios e internacionales.
A finales de 2016 los grupos de la oposición enarbolaron la bandera de la lucha contra la corrupción y, como parte de la estrategia del “gobierno desde el Congreso”, quisieron llevar la protección de los denunciantes al foco mediático. Entonces, hasta The New York Times utilizó el caso de Ana Garrido, que ha ganado varios procesos judiciales al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) y hoy sobrevive con la venta online de bisutería artesanal, para destapar la paradoja española: es un país asolado por los casos de corrupción, denunciarla se puede convertir en “un calvario”.
Ciudadanos ganó la carrera política con la presentación de la proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes. No obstante, la vaga redacción del texto en algunos puntos hizo que fuera calificado de “trampa” por organizaciones de la sociedad civil que presionan para que la norma sea lo más completa posible.
“Sería incomprensible que en España se aprobara una ley menos ambiciosa que las que se están promoviendo en la UE”, opina en conversación con eldiario.es Pedro Arancón, presidente de la Plataforma por la Honestidad, a la que pertenecen Garrido, Peralta o Macías, entre otros. “Existen importantes elementos que deben mejorarse para que contemos con una ley que verdaderamente proteja a los denunciantes”, coinciden desde la Fundación Hay Derecho y Transparencia Internacional.
Las quejas sobre el texto inicial de Ciudadanos se centran en tres aspectos principales: la prohibición de realizar denuncias anónimas, la extensión de la protección solo a trabajadores del sector público y el método de elección del organismo independiente que supervise el cumplimiento de la ley.
A un lado, el PP; al otro, todos los demás
Tras un año y medio de trámite legislativo en el Congreso, la ley de protección a denunciantes arrancará de nuevo en abril las negociaciones antes de ser votada en el Pleno. El periodo de enmiendas finalizó en diciembre y sirvió para que los grupos enseñaran sus cartas. Dentro del apoyo unánime a la necesidad de una legislación de protección para denunciantes, en la definición de su alcance se han perfilado dos posturas claras.
“Más que dos frentes, hay uno solo y luego el PP un poco a la suya, con una visión muy conservadora y recelosa de todo esto”, explica el portavoz socialista Artemi Rallo. “Hay una posición que coincide en los elementos estructurales básicos por parte de tres partidos, C’s, Podemos y nosotros, con diferencias en matices que luego en la negociación se resuelven. Los más pequeños, como Esquerra y el PNV, también están coincidiendo bastante con nosotros”, revela el diputado del PSOE.
PSOE, C's y Podemos tienen posturas próximas en cuanto a permitir las denuncias anónimas, hacer extensible la protección a cualquier ciudadano -y no solo los trabajadores públicos y funcionarios- y dotar al regulador independiente de la máxima independencia posible. El PP, por su parte, llegó a presentar una enmienda que propone que sea el Gobierno quien controle la aplicación de la ley: pretende que el regulador dependa directamente del Ministerio de Hacienda y que su presidente no sea elegido por el Pleno del Congreso, sino por el Consejo de Ministros.
Aunque algunas comunidades autónomas han aprovechado el impás generado desde la presentación de la proposición de ley a finales de 2016 para aprobar sus propias legislaciones de protección a denunciantes, los expertos coinciden en que un marco nacional es necesario para “dar una respuesta legal específica para poder conformar un sistema de protección de denunciantes integral”, expone Amoedo, de Transparencia Internacional. La primavera será una época definitiva para saber si España deja de ser uno de los países desarrollados que pero protege a sus denunciantes.