La comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha constituido este martes un nuevo “grupo de trabajo” sobre fake news con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos. El órgano tendrá un rango inferior al de una subcomisión parlamentaria y no contará con publicidad de sus trabajos, lo que supone que el Congreso no registrará sus reuniones, que serán a puerta cerrada. Sus actas no se harán públicas. Tampoco tendrá potestad legislativa ni emitirá un dictamen o conclusiones cuando finalicen sus trabajos.
El formato escogido es insólito en el Congreso. Reglamentariamente, el grupo será asimilable a los encuentros informales que tienen los miembros de las mesas de las diferentes comisiones para determinar las fechas o los órdenes del día de sus reuniones; pero tratará una cuestión que determinados representantes políticos y medios de comunicación han señalado repetidamente como un problema de primer orden. De hecho, la propuesta ha salido adelante a pesar de que las Cortes ya albergan una comisión mixta de diputados y senadores de objetivo similar, en este caso de “Seguridad Nacional” y fuera del ámbito de Defensa, que ha tratado en profundidad la problemática de las noticias falsas y la desinformación.
La iniciativa surge a raíz de una propuesta que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, transmitió por carta a finales de 2017 al presidente de la comisión de Defensa del Congreso, el socialista José María Barreda. En la misiva, Cospedal argumentaba sobre la necesidad de crear un “grupo de trabajo” que reuniera “a diputados, editores de los principales medios de comunicación y otros actores implicados, como plataformas digitales”. En marzo los letrados del Congreso se posicionaron sobre esta propuesta y, como adelantó este medio, avisaron de que la ocurrencia de Cospedal de juntar a diputados con editores obligaría a que el órgano resultante se situara “fuera del procedimiento legislativo” y, por tanto, no pudiera contar con publicidad.
Unidos Podemos, que ya votó en contra de la formación del grupo en primera instancia, ha decidido no participar en los trabajos del grupo y ha denunciado su carácter “irregular”. Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de la formación morada, ha opinado que la propuesta de Cospedal supone “una interferencia por parte del poder Ejecutivo en el poder legislativo”.
“Consideramos absolutamente inadmisible que se quiera tener un grupo de trabajo secreto en la comisión de Defensa, de espaldas al conjunto de la ciudadanía, para analizar cuál debe ser el tratamiento de la libertad de información y la libertad de prensa”, ha expresado Mayoral, que cree que ese contexto opaco no es adecuado para tratar derechos fundamentales. “Se tiene que asumir la responsabilidad política de proponer una subcomisión con luz y taquígrafos”, asevera.
Podemos también ha cargado contra la posición del PSOE en la constitución del órgano, señalando que su posición cambia en función de dónde la exprese: “Estamos alarmados por lo que el PSOE hace en el Pleno y lo que hace después en las comisiones; el PSOE ha sido escudero del PP en este grupo de trabajo”.
Zaida Cantera, portavoz del grupo socialista, ha negado que su grupo se haya plegado a los deseos del PP y Cospedal por aceptar su propuesta y ha criticado la decisión de los morados de abandonar el grupo. En conversación con este medio, la comandante del Ejército de Tierra retirada ha explicado que el grupo de trabajo es compatible con la comisión de Seguridad Nacional dado el carácter “transversal” de la problemática de la desinformación. La lista de comparecientes solicitada por el PSOE es de primer nivel institucional en materia de ciberseguridad, asimilable e incluso en algunos casos coincidente con los perfiles que ya han pasado por la comisión de Seguridad Nacional.
“Nuestro objetivo es obtener la mayor información posible para formar una composición de lugar más completa de la que ya tenemos”, ha expuesto Cantera. Además, ha explicado que el motivo de que el órgano se haya constituido finalmente en un grupo de trabajo de carácter “informal” y a puerta cerrada es que el Congreso ha alcanzado el cupo de subcomisiones parlamentarias simultáneas: “El PSOE no tiene ningún problema con que el contenido y las discusiones del grupo de trabajo sean totalmente públicos”.
El portavoz del PP en la comisión, Ricardo Tarno, también ha censurado la decisión morada, indicando que refleja “el desprecio a las decisiones mayoritarias de los grupos parlamentarios”. En su opinión, “es muy llamativo el miedo que tiene Podemos a que se trabaje, analice y estudie y se busquen soluciones a un problema tan grave como las falsas noticias y su uso para manipular a la sociedad, a la población y con fines que no son los correctos y adecuados”.
“No tiene sentido quedarse fuera, los ciudadanos nos pagan para hacer un trabajo y en este caso lo intentaremos hacer con las circunstancias que se dan, aunque no sean las que hubiéramos deseado nosotros”, concuerdan desde Ciudadanos.
Parlamentos de todo el mundo están llevando el problema de la desinformación a sus cámaras. Instituciones internacionales como la ONU, la UNESCO y la OSCE han alertado de los riesgos que supone tratar la desinformación en debates sobre defensa o la seguridad nacional, por servir de base para “establecer límites injustificados y desproporcionados a la libertad de expresión”.