El juez reabre el caso sobre la caja B del PP y cita a declarar a Correa

El juez José de la Mata ha acordado reabrir el caso de los papeles de Bárcenas sobre la caja B del PP y ha citado el 23 de marzo como investigados al cabecilla de Gürtel Francisco Correa y al expropietario de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo, y el 24 al empresario Plácido Vázquez.

De la Mata adopta esta decisión en un auto con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y después de que lo solicitaran las acusaciones Izquierda Unida y ADADE a raíz de las revelaciones de Correa en el juicio por la primera época de Gürtel que se está celebrando en la Audiencia Nacional.

Los de las tres personas citadas “son los únicos testimonios que apuntan a una relación entre las entregas de dinero para la realización de gestiones tendentes a la consecución de contratos públicos”, considera el juez, que ve también “pertinente” comprobar si las anotaciones de Bárcenas “reflejan las contraprestaciones en métalico obtenidas” por el PP de “diversas empresas, a cambio de adjudicaciones de obras”.

El cabecilla de Gürtel apuntó a OHL, Dragados y al grupo ACS como las empresas que se dirigían a él para que consiguiera contratos del PP y, de hecho, el presidente de la primera empresa, Juan Miguel Villar Mir, fue investigado en el caso de la contabilidad B del PP junto con García Pozuelo, pero el juez les levantó esa imputación.

Según relató, él daba dinero y regalos a cambio de adjudicaciones a los exmiembros del PP que se sientan en el banquillo, y que entregaba entre el 2 y el 3 % al extesorero Luis Bárcenas por conseguir obras en ministerios como Fomento o Medio Ambiente.

De la Mata rechaza no obstante por el momento llamar a declarar al exministro de Medio Ambiente Jaume Matas como solicitaban las acusaciones, al no constarle la existencia de unas declaraciones que le adjudican IU y ADADE.

Estas acusaciones pidieron volver a imputar a Villar Mir aportando una noticia de El Mundo, que afirma que Matas ofreció a la Fiscalía revelar que Javier Arenas organizó una reunión en la sede del PP en la que se habría acordado el amaño del concurso del hospital de Son Espases, en Mallorca, a favor de OHL.

Además de las citaciones, el juez solicita a la sección segunda de lo Penal, pendientes de juzgar estos hechos y que juzga ahora la primera época de Gürtel, copia de las declaraciones en la vista oral de Correa y García Pozuelo, uno de los empresarios arrepentidos en esta causa, ya que ni ellos ni Plácido Vázquez prestaron nunca declaración en la pieza separada de los papeles de Bárcenas.

Ante el tribunal de Gürtel, García Pozuelo reconoció pagos a cambio de adjudicaciones a Correa al que fuera alcalde de Pozuelo y marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda.

El constructor ha reconocido haber abonado en 2004 65.000 euros a Correa “para Sepúlveda” por adjudicaciones en Pozuelo, así como 1,5 millones en 2002 y 2003 a Bárcenas (recibió 570.000 euros en esos dos años), Correa y al exdiputado del PP Jesús Merino.

Al acordar la reapertura de la causa y dejar sin efecto “el sobreseimiento provisional”, el juez pide también a la Sala que le remita de nuevo las actuaciones desde que su predecesor Pablo Ruz concluyó la investigación en marzo de 2015 hasta la actualidad.

Al dar por finalizada la investigación, Ruz archivó la causa para 22 empresarios que aparecen como donantes en los papeles de Barcenas con la contabilidad paralela del partido.

Lo hizo porque ninguno de los empresarios reconocieron haber pagado dinero al PP por contratos y no había ningún otro indicio contra ellos, pero este panorama ha cambiado después de las declaraciones en el juicio de García Pozuelo y Correa.

El constructor pactó con la Fiscalía y confesó ante el tribunal haber pagado 1,5 millones en 2002 y 2003 a Bárcenas, Correa y el exdiputado del PP Jesús Merino a cambio de adjudicaciones públicas, cosa que no hizo durante la instrucción de la pieza de la caja B, en la que se acogió a su derecho a no declarar ante el juez.

En la contabilidad paralela del partido, cuya existencia Bárcenas reconoció en el juicio, se refleja que García Pozuelo habría pagado al PP al menos 72.000 euros en el año 2000 y otros 90.000 más en 2003 y 2004, y Villar Mir otros 530.000 euros en 2004, 2006 y 2008.