El rector de la Complutense se suma a la lista de investigados por Peinado que declara sin saber de qué se le acusa

El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, presta declaración este lunes como imputado en la causa que abrió hace tres meses el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La imputación de Goyache es posible porque el juez decidió ampliar su investigación hasta la propia contratación de Gómez por la universidad donde dirige una cátedra extraordinaria y porque Peinado cree que el propio Goyache en su declaración y después dos vicerrectores afirmaron extremos que incriminan al rector, aunque en su citación el juez no precisa cuáles son. 

El pasado martes, Goyache remitió una carta a la comunidad universitaria en la que expone una incertidumbre que ya han trasladado al juez o a su instancia superior, la Audiencia de Madrid, los otros dos imputados, Begoña Gómez y el empresario Carlos Barrabés. “Desconozco qué hechos son los que son objeto de esta investigación, ni qué presunta conducta delictiva se me atribuye”, afirmaba en la misiva el rector. 

Goyache encarna una de las decisiones más polémicas de Peinado: cambiar la condición a investigado de un testigo –también lo ha hecho con Barrabés– después de haberle tomado declaración sin advertirle de que se estaba incriminando. La Ley obliga a detener el testimonio y volverle a citar en compañía de un abogado. El propio juez afirma en su providencia de citación que esa declaración de Goyache es uno de los motivos de su imputación. 

Juan Carlos Peinado comenzó investigando una denuncia de Manos Limpias basada en informaciones de prensa y un bulo. Después, la Audiencia Provincial de Madrid delimitó las pesquisas a unos contratos públicos obtenidos por Barrabés –quien participó en la cátedra extraordinaria que dirige Gómez– y la Fiscalía europea terminó haciéndose cargo de la investigación porque se trataba de fondos de la UE. Las defensas de Gómez y Barrabés consideran que ahí quedó “vacía” la causa, pero entonces Peinado aceptó una querella de HazteOir y amplió el espectro de su investigación sin informar a la principal aludida, Begoña Gómez, hasta que logró tenerla sentada delante, y grabada en vídeo, como testigo. 

Goyache declaró como testigo ante el juez a continuación de la comparecencia de Begoña Gómez el 5 de julio. Al parecer, Peinado considera que Goyache ha participado de un delito de tráfico de influencias, distinto de la concesión de contratos a Barrabés, por autorizar la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. El rector declaró que la idea fue de la esposa del presidente del Gobierno, cuya secretaria contactó con la suya y lo citó en el Palacio de la Moncloa hace ahora cuatro años.

Joaquín Goyache también explicó que Begoña Gómez “llevaba mucho tiempo colaborando” con la Universidad Complutense “como docente, impartiendo clases en diplomas universitarios, que es un modo de formación continuada”. Más tarde, en 2012 o 2013, mucho antes de que Pedro Sánchez liderara el PSOE o fuera presidente del Gobierno, Gómez “solicitó y se le otorgó el permiso para ser codirectora de un diploma y de un máster”, algo que no se materializó hasta ya alcanzar Pedro Sánchez la Presidencia del Gobierno y proponerlo ella misma. 

En plena comparecencia

En un recurso de súplica ante la Audiencia de Madrid, la defensa de Begoña Gómez asegura que fue el pasado 19 de julio, dos semanas después de que declarara Goyeche, cuando el juez informó de que ya estaba investigando la designación de Gómez como directora de una cátedra extraordinaria –parecida a un máster– por parte de la Complutense. Y que ese anuncio fue realizado por el juez durante la declaración como testigo de Juan Carlos Doadrio, vicerrector de la Complutense. Doadrio aseguró ante el juez que la creación de la cátedra fue una orden del rector y que respondía a todos los requisitos requeridos, si bien se organizó con cierta premura. 

La esposa del presidente no está acusada de enriquecerse a través del tráfico de influencias, pero la querella de Vox –la tercera que se ha incorporado a la causa– le acusa de haberse apropiado de un software que por contrato tenía obligado incorporar a la cátedra extraordinaria. La defensa de Gómez asegura que puso a nombre de una empresa a su nombre una marca, pero no el citado software. Un correo electrónico ha probado que la Universidad conocía las gestiones de Gómez en este sentido.

La declaración aséptica de Goyache como testigo contrasta con las apreciaciones del informe que la Universidad Complutense envió al juez asegurando que no había encontrado perjuicio alguno para el centro y en el que, sin embargo, instaba al magistrado a seguir investigando. En el informe se acusaba a Gómez de no haber colaborado con la documentación que la requirió.

La universidad ocultó a la investigada que había remitido dicho informe el día anterior a que ella se presentara con la documentación y no le fuera admitida por prudencia, según confirmó otro vicerrector, José María Coello de Portugal, quien también declaró como testigo ante el juez.