El padre de Pablo Iglesias y el FRAP: Álvarez de Toledo usa su inviolabilidad para evitar una condena como la de Tertsch

“Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político”. Con estas palabras se refirió la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, al padre del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, el pasado miércoles en un debate en el Congreso. Álvarez de Toledo, lejos de arrepentirse, se quejó amargamente cuando la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, dijo que retiraría las palabras del Diario de Sesiones. Y un día después, insistía en una conferencia de la Fundación Libertad, donde decía que “la batalla más profunda” que tienen “los demócratas y los constitucionalistas en España” es“ la de la verdad y la de quitar, arrebatar y desmontar esa falaz superioridad moral que ejerce la izquierda sobre todos los que no lo son. Ese es el virus autoritario”.

La acusación de Álvarez de Toledo se basa en la militancia de Javier Iglesias, padre del líder de Unidas Podemos, en el FRAP en los últimos años de la dictadura. Pero, ¿qué fue el FRAP? ¿Cuál fue el papel de Iglesias en aquellos años? ¿Es eso “terrorismo”?

La violencia política durante los últimos años del franquismo y durante la Transición fue habitual en aquella España. Desde el inicio de la dictadura pero, a diferencia de lo que había ocurrido durante cuatro largas décadas, esta violencia del tardofranquismo no solo la protagonizaron el Estado y sus terminales armadas contra opositores al régimen franquista, trabajadores que reclamaban mejoras laborales y salariales, personas que luchaban por una equiparación de derechos, mujeres, o rateros que buscaban sobrevivir, con sus familias, en medio de un sistema que hacía aguas y que se mantuvo durante la Transición, auspiciada en muchos casos por el aparato del Estado.

También hubo organizaciones políticas antifranquistas que recurrieron a la violencia para acelerar la caída de un régimen que aguantó hasta que murió el dictador, el 20 de noviembre de 1975. Una de aquellas organizaciones fue el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), nacido de la mano del PCE (m-l), una escisión del principal partido de la oposición democrática, el PCE. Su vida fue relativamente corta. Fundado en 1973, se autodisolvió en 1978, el año en el que se aprobó definitivamente la Constitución Española.

Su actividad fue sobre todo propagandística. Pero también se le atribuyen algunos ataques a las fuerzas de seguridad del Estado franquista. Nunca llegó a tener una organización muy establecida y muchos de sus militantes, y algunos que no lo eran, fueron detenidos, torturados, encarcelados y juzgados.

Tres de ellos fueron condenados y ejecutados en septiembre de 1975, junto a dos militantes de ETA (p-m). Fueron las últimas penas de muerte del franquismo y motivaron una potente campaña internacional de repulsa. Las ejecuciones se consumaron. Las manifestaciones dentro de España, pese a estar prohibidas, fueron muy numerosas.

Aquél episodio, con Franco a punto de morir, tuvo su propia banda sonora en la canción Al Alba, compuesta por el recientemente fallecido Luis Eduardo Aute.

Los historiadores reconocen cinco asesinatos cometidos por militantes del FRAP, tres de ellos alrededor del proceso que terminó en esas sentencias de muerte y en un periodo histórico en el que se produjeron centenares de muertos por causas políticas.

La primera de las acciones violentas del FRAP se produjo en la manifestación del Primero de Mayo de 1973, aunque no está claro que fuera premeditado. Durante la marcha, como era habitual, se produjeron fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la policía franquista. La dictadura no permitía estas manifestaciones. Ni ninguna, salvo las convocadas por el propio régimen. La protesta política estaba proscrita, pero desde finales de los años 70 una ola de lucha democrática recorría España y la dirección franquista temía por su futuro.

¿Luchadores antifranquistas o “terroristas”?

En el FRAP militaron muchos jóvenes que empujaban con todas sus fuerzas para traer la democracia a España. Pero, ¿por qué recupera actualidad una organización extinguida hace más de cuatro décadas? Uno de aquellos jóvenes que militó en el FRAP fue Javier Iglesias, el padre del hoy vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y a quien el miércoles y el jueves Cayetana Álvarez de Toledo acusó de “terrorista” primero desde la tribuna del Congreso y luego en un encuentro con intelectuales.

La participación de Javier Iglesias en los actos violentos del FRAP ya la descartaron los jueces. Ocurrió en 2018, cuando Hermann Tertsch, hoy eurodiputado de Vox acusó directamente al padre del líder de Unidas Podemos de haber sido detenido por su presunta participación en la primera muerte atribuida al FRAP, la del Primero de Mayo de 1973.

Sin embargo, en aquella fecha él ya estaba detenido. Tal y como relató él mismo a eldiario.es, fue arrestado “el 26 de abril de 1973” precisamente por repartir propaganda sobre la protesta del Primero de Mayo. No fue puesto en libertad hasta junio. Su abogado en el proceso fue el expresidente del Congreso Gregorio Peces-Barba.

Tertsch fue condenado a pagar 12.000 euros por intromisión en el honor de Javier Iglesias. No fue su única condena en este sentido. También debió indemnizar al abuelo de Pablo Iglesias, al que calificó de “criminal”. Javier Iglesias ha anunciado que también denunciará a Álvarez de Toledo, pero su condición de diputada y el haber hecho la aseveración en sede parlamentaria dificultan mucho que sea condenada al disfrutar de “inviolabilidad” parlamentaria, según la Constitución.

Muchos de los grupos antifranquistas fueron defensores de la violencia contra el régimen que, desde hacía 40 años, imponía su voluntad en España. Y de sus filas salieron muchas personas que luego ocuparon importantes espacios de poder. En el mismo FRAP militó uno de los dirigentes más importantes del PP en la Comunidad Valenciana, el hoy condenado Rafael Blasco.

Como el FRAP, otros grupos que habían defendido la violencia durante la dictadura dieron el salto a la política institucional. Fue el caso de una parte de ETA (pm) a través de Euskadiko Ezkerra, un partido que acabó fusionándose con los socialistas vascos, que hoy los mantienen en sus siglas: PSE-EE.

En su réplica a Álvarez de Toledo, Iglesias recordó que la Transición significó un borrón y cuenta nueva para quienes se adaptaron a las normas democráticas que antes habían rechazado. “Manuel Fraga hizo un camino. Fue un ministro franquista y responsable de sentencias de muerte. Pero hizo un camino y fundó un partido que se convirtió en uno de los más importantes. No siento admiración por él, pero entiendo la importancia política de que los ministros de una dictadura se reconvirtieran en demócratas. Eso forma parte del ADN de nuestro sistema”.

Y zanjaba, dirigiéndose al líder del PP: “Están haciendo el camino inverso. Han decidido colocarse en la ultraderecha. Y el responsable es usted porque las piezas que usted mueve para que salgan aquí son su responsabilidad política. Y yo sé, Pablo [por Casado], que tu no piensas así. No eres un ultraderechista. Alguien te ha convencido de que es la estrategia más beneficiosa. Te pediría que lo consultaras con la almohada, que lo reflexiones. Porque hacer el camino inverso al de Fraga, volver a las posiciones que os dieron origen, no solo puede ser perjudicial para vuestro futuro. Puede serlo para vuestro país”.

Desde el PP han tratado de rebajar las palabras de Álvarez de Toledo al sostener que “el fragor del debate parlamentario puede llevar a expresiones más o menos afortunadas”, como hizo el viernes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o al apuntar que la portavoz parlamentaria solo llevó a la tribuna “el enfado de la sociedad”, como justificó el secretario general del partido, Teodoro García Egea.

Quien ha salido en defensa de la diputada es la FAES del expresidente José María Aznar. En una nota editorial sin firma, la fundación sostiene que “la inmunidad parlamentaria le protege cuando utiliza la tribuna” para hacer ese tipo de declaraciones y acusa al vicepresidente de ser una “búsqueda constante de la provocación”.

También se han manifestado apoyos a favor de Javier Iglesias. El mismo viernes se hizo público un manifiesto firmado por más de 150 personas, entre las que se encuentran antiguos compañeros de Iglesias en la Inspección de Trabajo, así como destacados sindicalistas, catedráticos de derecho o abogados laboralistas. En el documento se muestra un “radical rechazo a las palabras de la Sra. Álvarez de Toledo” que, dicen, son “de una bajeza moral insuperable” ya que emplea para “atacar a un Vicepresidente del Gobierno de España y diputado de un partido rival” unas “imputaciones” que “ya han sido rechazadas por los Tribunales”. El texto muestra el “profundo apoyo y respeto personal y profesional” de los firmantes, así como su compromiso con los valores democráticos y la Constitución Española de 1978.

Entre los firmantes hay ex directores generales de la Inspección como Raimundo Aragón Bombín, exsubdirectores como Adrian González Martín o la actual presidenta del SIMA, Beatriz Losada; además de los últimos presidentes y portavoces del secretariado permanente de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo.

También destacan nombres como el del ex secretario general de CCOO, Antonio Gutiérrez; su compañero de dirección Agustín Moreno; el ex director general del IMSERSO Héctor Maravall; o el ex director general de la Tesorería General de la Seguridad Social Javier Aibar.

Fe de erratas: En una versión inicial de este artículo se atribuía a José Bono la defensa de Javier Iglesias. Como él mismo ha explicado, su abogado fue Gregorio Peces-Barba.