¿España se va a quedar sin fondos europeos si el Gobierno sigue adelante con la reforma del sistema de elección del Poder Judicial? No. ¿Por qué? Porque nadie en las instituciones comunitarias compara España con países como Hungría (gobernado por el Fidesz, aliado del PP) y Polonia (gobernada por el PiS, aliado de Vox), donde ha habido enfrentamientos, sentencias judiciales en Luxemburgo y procedimientos de infracción. Y, porque, además, la cláusula del respeto del Estado de Derecho que se está negociando con el Parlamento Europeo, respaldada mayoritariamente por los 27, es tan blanda para que puedan aceptarla en Budapest y en Varsovia, que se limita a fiscalizar que se haga un uso correcto del dinero llegado de la Unión Europea. Es decir, el Gobierno húngaro de Viktor Orbán podrá seguir persiguiendo ONG, migrantes y entidades universitarias, a pesar de la censura aprobada en el Parlamento Europeo –artículo 7– por violar los valores europeos –artículo 2– con los votos en contra del PP de Pablo Casado, sin que por ello se le corte el grifo del dinero europeo. Lo único que se le pide es que ese dinero se gestione correctamente.
Lo mismo ocurre con Polonia, donde la Comisión Europea, como ha hecho la Eurocámara con Hungría, activó el mecanismo de sanción –artículo 7– por las injerencias del Ejecutivo en el Poder Judicial polaco, refrendadas con sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. El Gobierno polaco ha corrido a señalar la reforma española para denunciar un supuesto doble rasero al juzgar su país.
Sin embargo, España, a diferencia de Polonia, puede exhibir un informe recientísimo de la Comisión Europea en el que se examina el Estado de Derecho y básicamente señala dos problemas: un Poder Judicial que lleva dos años en funciones por el bloqueo del PP y el sistema de elección de la Fiscalía General, que en Bruselas consideran demasiado dependiente del Ejecutivo.
“Me parece un poco un falso debate”, dicen fuentes comunitarias españolas sobre el supuesto riesgo para el fondo de recuperación de la propuesta legislativa para renovar el CGPJ sin necesidad del concurso del PP: “Yo no oigo a nadie decir nada aquí en Bruselas en las escasas horas que parece que ha habido una revolución en España al respecto. Me parece extraño lo que se está diciendo sobre el posible riesgo para los fondos de España de esta proposición de ley que aún se tiene que aprobar. No entiendo mucho el debate”.
El dinero no parece correr ningún riesgo con el anuncio de la reforma. Lo cual no es óbice para que la Comisión Europea, autora del informe sobre el Estado de Derecho en los 27, muestre sus recelos ante el proyecto del Gobierno. “La Comisión Europea está al corriente del anuncio de este nuevo proyecto de ley y estamos siguiendo de cerca los acontecimientos”, responde el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand, a elDiario.es: “En el informe sobre el Estado de Derecho hemos subrayado la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial con el fin de reforzar la independencia judicial. En ese informe señalábamos el CGPJ como un desafío. Es importante asegurarse de que el Poder Judicial no sea percibido como vulnerable a la politización”.
En efecto, en el informe sobre el Estado de Derecho publicado el 30 de septiembre, la Comisión ya alertaba de estos asuntos. “El nombramiento de nuevos miembros del Consejo está sujeto a una mayoría cualificada de tres quintos”, relataba la Comisión Europea, “y en el contexto de las dos elecciones generales celebradas en 2019, no se alcanzó dicha mayoría y los miembros del CGPJ han permanecido en sus puestos ad interim hasta que se elija un nuevo Consejo. Las asociaciones profesionales han pedido la renovación y han impugnado legalmente la competencia del CGPJ en funciones para continuar con nombramientos para los principales cargos judiciales. Si bien la ley prevé que el Consejo se mantenga en pleno funcionamiento hasta que entre en vigor uno nuevo, el Consejo decidió, en enero de 2020, suspender los nombramientos para cargos judiciales. Sin embargo, en mayo de 2020, el Consejo reinició los nombramientos. El Consejo de Europa ha observado que estos acontecimientos confirman la importancia de garantizar que no se perciba que el Consejo es vulnerable a la politización”.
El informe de la Comisión Europea también recogía la “discusión” sobre “la relación entre la Fiscalía General y el Ejecutivo: la Fiscalía General es nombrada por el Jefe del Estado, a propuesta del Gobierno, que no tiene poderes para destituir al Fiscal General. Sin embargo, el mandato del Fiscal General finaliza al mismo tiempo que el mandato del Gobierno. Este sistema ha sido objeto de críticas considerando que la coincidencia en el mandato puede afectar la percepción de independencia”.
“De forma generalizada, cuando los Estados reforman el sistema judicial, debería hacerse consultado con todas las partes implicadas, incluida la Comisión de Venecia. Los Estados miembros deben seguir los estándares de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida”, concluye el portavoz del Ejecutivo comunitario. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional.
Protestas de PP y Ciudadanos en Bruselas
El presidente del PP, Pablo Casado, también anunció el miércoles en la sesión de control que llevaría el asunto a Bruselas. Y este jueves, antes de la reunión del Partido Popular Europeo, Génova ha difundido una declaración sin preguntas del líder popular desde la capital comunitaria: “Queremos dejar muy claro que iremos hasta las últimas consecuencias si el Gobierno no retira la reforma del CGPJ: hasta las instituciones europeas, los tribunales europeos, el Consejo de Europa y, por supuesto, la Justicia española. No se puede debilitar una gran nación como España y sus instituciones”.
Casado y su portavoz en la Eurocámara, Dolors Montserrat, han enviado este jueves una carta al comisario de Justicia, Didier Reynders, para expresarle su “profunda preocupación en relación al estado de derecho respecto a la propuesta de ley de reforma del CGPJ”, informa Iñigo Aduriz.
Por ello, Casado y Montserrat le piden al comisario que mantenga “en revisión la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial español, sin perjuicio de la activación por parte del Partido Popular Europeo de los mecanismos parlamentarios adecuados para salvaguardar el respeto de los valores democráticos y el Estado de derecho, tal como se establece en el Tratado de la Unión Europea”.
El líder de los populares ha enviado esta carta después de haberse fotografiado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en la reunión de los populares europeos en Bruselas el mismo día en el que el Ejecutivo comunitario mostraba sus recelos a la reforma judicial anunciada.
El jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, por su parte, ha afirmado que la reforma sí “puede poner en peligro los 140.000 millones de fondos de la UE”. Y ha afirmado: “El señor Sánchez se está arriesgando mucho. No sólo la reputación de España, que seguramente no le importa; no sólo la separación de poderes, que parece que tampoco le importa. Se está jugando este dinero que, por lo que nos ha anunciado, va a usar en su extendida campaña electoral. Me parece gravísimo y espero que dé marcha atrás. Que Moncloa 'descarte' que su injerencia en el poder judicial va a pasar inadvertida en Bruselas y que crea que el Parlamento Europeo va a ser indiferente a la maniobra indica hasta qué punto el Gobierno está al margen de la realidad”.
Pero entre quienes se reúnen cada día con los socios comunitarios, la opinión es la contraria: “España acaba de pasar la revisión del Estado de Derecho con bastante buena nota, y se planteaba la necesidad de renovar el Poder Judicial: no estamos hablando de un debate marciano, es un debate que tiene unas condiciones de desarrollo muy concretas. Ahora, si hay gente que quiere exportar esto a Europa es todo legítimo. Y que Europa tome cartas en este asunto, pues debe explicar con argumentos sólidos si esto algún tipo de de dimensión comunitaria”.
“Nuestra portavoz en Bruselas [Iratxe García, presidenta de los socialistas europeos en la Eurocámara] se tiene que encargar de hacer algo que no debería, que es desmontar las mentiras”, dicen fuentes gubernamentales, informa Irene Castro: “Una cosa es tener posición política, pero todos deberíamos estar llamados a no mentir”.
La eurodiputada de UPyD con Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, ha planteado este miércoles una pregunta a la Comisión Europea sobre el asunto. “¿Va a pedir información al Gobierno de España sobre estos cambios en la legislación de la judicatura destinados a facilitar los nombramientos por parte del gobierno que pueden afectar por tanto a la independencia del máximo órgano de gobierno judicial? ¿Lo tendrá en cuenta en el próximo informe sobre el Estado de Derecho?”.
No es la primera vez que el PP intenta hacer oposición desde la UE. El propio Casado ya ha intentado erosionar al Gobierno ante los socios de la UE con sospechas sobre la gestión de los fondos europeos hace escasas semanas. La campaña del PP con los socios comunitarios está sincronizada entre Madrid y Bruselas y van de la mano. Si en España el PP pide usar las cifras de los muertos contra el Gobierno en sus argumentarios; en Bruselas la jefa de la delegación, Dolors Montserrat, envía un informe con el membrete de los populares europeos junto con una carta firmada de su puño y letra al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, en el que cuestiona el Estado de derecho en España y acusa al Gobierno de querer “encubrir cifras que colocan a España entre los países con el mayor número de muertes en términos relativos”. Y todo esto mientras España está pendiente de un fondo de recuperación clave para reactivar al país tras la pandemia. O mientras está pendiente de tramitarse un suplicatorio para los líderes independentistas en la Eurocámara, y hay quien en Bruselas piensa que sembrar estas sospechas sobre el Estado de Derecho en España termina abonando las tesis de la defensa de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.
Este jueves el eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá usaba un discurso de la líder de los socialistas europeos en el Parlamento Europeo sobre Hungría y Polonia para retratar la situación en España.
“La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo básicamente está monopolizada por las peticiones españolas; y tenemos la tendencia de exportar debates internos de una manera que a mí me resulta chocante porque no es útil para el debate. Lo único que hace es generar mucho ruido. Aquí están aburridos de que les exportemos nuestros debates internos”, abunda una fuente comunitario: “Me parece todo un poquito un debate hispano español. Pero bueno, vamos a ver si si seguimos en esa vía y de repente se cree un debate realmente europeo con esto. Pero yo por el momento la gente está en otra cosa”.
El debate que sí ocupa a los 27 y al Parlamento Europeo y que sí está poniendo en riesgo los fondos europeos es la pinza entre Holanda y Hungría en la pugna por el respeto al Estado de Derecho vinculado a las ayudas. ¿Por qué? Por el uso del respeto al Estado de Derecho (rule of law ) como condición para recibir fondos europeos por parte de gobiernos derechistas (Hungría y Polonia) y los llamados frugales (Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, además de Finlandia).
“Parece que se nos olvida lo que luchamos en julio y lo que cambió la conversación en Europa gracias a ese resultado. Me parece una frivolidad y una falta de seriedad que se pueda estar jugando con la idea de un retraso”, dicen fuentes del Gobierno español: “Algunos quizá por ensimismamiento; otros por un cierto tacticismo; otros quizá por una sincera falta de interés en el fondo... Una pinza rule of law-frugales no es aceptable. A algunos nos parece un poco fuerte que el grado de entusiasmo hacia el rule of law dependa del balance fiscal del fondo de recuperación”.
Hay dos bloques, “el bloque de los frugales, liderado por Holanda, que tiene un pensamiento muy teológico con la propuesta del rule of law, y el bloque de Polonia y Hungría, sobre todo Hungría, que están pensando más en cómo les puede afectar a ellos en el curso de los años”.
¿Y qué tiene que ver el cumplimiento del Estado de Derecho con que se ponga en marcha el acuerdo de julio y empiece a llegar el dinero? “Existe la posibilidad de bloqueo si un Estado miembro decide no aprobar la orden de recursos propios [la creación de nuevos impuestos comunitarios para aumentar el techo de gasto de la Comisión Europea y así pueda emitir deuda para financiar los 750.000 millones del fondo de recuperación], y con ello impide la puesta en marcha del Next Generation EU [el fondo de recuperación]”, relatan las fuentes: “Esa es la realidad de política. Hungría puede decir que ejerce su bloqueo al incremento del techo de gasto y, a partir de ahí, se genera una dinámica muy complicada de bloqueo de todo el conjunto. Esta es la situación. Pero esto lo sabíamos ya en julio. Por eso era tan importante la puesta en marcha del procedimiento de ratificación nacional, porque el problema que tenemos no es tanto que el Parlamento y el Consejo den su autorización al paquete, es que ese paquete, en la parte más sustancial, necesita pasar por los parlamentos nacionales”.