El retraso de las catalanas no solo complica el efecto Illa: aleja la reforma del Poder Judicial y la tramitación de los indultos

La virulencia con que el coronavirus sacude a España en la tercera ola ha obligado a aplazar las elecciones catalanas hasta el próximo 30 de mayo y ese retraso tendrá efectos colaterales más allá de que se demore tres meses el nombre del futuro presidente de la Generalitat. Los socialistas, que se han resistido durante días a aceptar una decisión inevitable a la vista de las curvas de contagios, temen que se difumine el 'efecto Illa' que han constatado los sondeos en las últimas dos semanas y algunos le auguraban al PSC un crecimiento de seis escaños frente a las últimas encuestas. Por primera vez en mucho tiempo el partido alberga expectativas de lograr un buen resultado y hasta que se ha consumado el aplazamiento sus dirigentes se veían con posibilidades incluso de lograr la presidencia de la Generalitat, aunque la mayor parte de la demoscopia lo sitúa peleando por el segundo puesto.

Pero la decisión adoptada este viernes va mucho más allá de las quinielas electorales. Al Gobierno de Pedro Sánchez se le complica mantener sus compromisos de distensión con el independentismo –como la puesta en marcha “cuanto antes” de la reforma del delito de sedición que aceleraría la salida de las cárceles de los presos independentistas– que en ningún caso quería afrontar antes de la cita con las urnas, temeroso del castigo que eso puede suponer por parte de un sector del PSC y los votantes que el partido trata de rascar en Ciudadanos, que sigue en caída libre.

Los tres meses de precampaña adicionales añaden todavía más dificultades para alcanzar pactos de Estado y renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial con el concurso del Partido Popular. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, repite que la configuración del órgano de gobierno de los jueces está pactada con el emisario de Pablo Casado, Enrique López, y que la renovación solo depende de que el líder del PP levante el pulgar. Sucede que Casado tampoco está por la labor de aparecer en fotos con Pedro Sánchez en pactos de Estado a las puertas de una campaña electoral, puesto que eso supondría dejar el camino libre a Vox para presentarse como la verdadera oposición a Sánchez. Las vísperas electorales tampoco son propicias para la distensión pactada entre ERC y PSOE y los gestos en busca de una solución al conflicto político en Catalunya.

El ala socialista del Gobierno no ha ocultado su incomodidad ante el retraso de los comicios. Pedro Sánchez había hecho un movimiento inesperado para que el PSOE tomase la iniciativa en la campaña. El paso atrás de Miquel Iceta llegaba en el momento perfecto: apenas un mes y medio antes de las elecciones y comenzado el proceso de vacunación. En Moncloa calcularon que Illa podría despedirse del Consejo de Ministros el 26 de enero en la última reunión antes del comienzo oficial de la campaña y rentabilizar así al máximo su imagen. Las críticas de la oposición, del socio minoritario de la coalición y de prácticamente toda la prensa las tenían descontadas.

Ahora el panorama cambia y se abre un escenario más complejo para el ministro-candidato, que ya ha acusado un cierto desgaste en los últimos días al evitar pronunciarse sobre el retraso electoral debido a la situación epidemiológica mientras su partido lo rechazaba de plano. Sus colegas de la parte socialista del Gobierno entretanto mostraban abiertamente sus reticencias al aplazamiento. “Puede traer muchas consecuencias que no son buenas para para la democracia”, dijo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una entrevista en TVE, a pesar de que el aplazamiento es similar al que ya se llevó a cabo durante la primavera en Euskadi y Galicia. El titular de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, cuestionó que se reconsiderase la fecha electoral y apeló a la puesta en marcha de medidas que pusieran en “salvaguarda las cuestiones sanitarias”. El PSC se negaba a que los comicios fueran el 30 de mayo e hizo un último intento por lograr una fecha más cercana –mediados o finales de marzo– bajo el pretexto de que pasadas las vacaciones de semana santa puede haber una “cuarta ola”.

Fuentes socialistas admiten que la operación no ha salido como planeaban –aunque la tercera ola era prácticamente una realidad cuando se anunció la candidatura de Illa– y reconocen que en cinco meses puede pasar cualquier cosa: “Habíamos roto la campaña, íbamos bien en las encuestas, vamos a ver a finales de mayo”. Esas fuentes temen que Illa acuse el desgaste de compatibilizar el Ministerio y la candidatura durante este tiempo, como inicialmente tiene previsto. No obstante, también contemplan que pueda salir fortalecido si cuando lleguen las elecciones la pandemia se ha mitigado considerablemente, como planea el Gobierno. El escenario es incierto.

Otra variable que amenaza a los socialistas ante la espera es el proceso de los indultos a los líderes independentistas condenados por el procés. Cuando el ministro de Justicia anunció el inicio de su tramitación el 23 de septiembre, el Gobierno calculó que podría durar “más de seis meses”, pero a finales de diciembre, Campo habló del primer semestre de 2021. La intención de Sánchez era no pronunciarse sobre los indultos hasta que pasaran las elecciones catalanas del 14F, pero una vez Justicia tenga el informe preceptivo de la Fiscalía, la presión se multiplicará. A pesar de que el Gobierno ha ido preparando el terreno en favor de esa medida, la decisión amenaza los intereses electorales del PSC en un momento en el que pretende absorber buena parte del electorado de Ciudadanos. Antes incluso de que se conociera la nueva fecha electoral, Campo ya empezó a poner en duda que los indultos –oficialmente nadie ha dicho que vayan a concederse y la Fiscalía del Supremo se ha posicionado en contra– pudieran estar listos para la cita con las urnas: “Sinceramente, no creo que se puedan aplazar tanto [las elecciones]. Es posible, pero lo veo bastante difícil”.

Congelada la reforma de la sedición

“Más pronto que tarde”, era la respuesta del presidente sobre la reforma del Código Penal que conllevará rebajas en las penas por sedición –y que permitirá acelerar la salida de la cárcel de los presos independentistas-. Aún así, el Gobierno ya va con retraso en esa iniciativa que estaba comprometida en el Plan Normativo de 2020. La intención era iniciar la tramitación en el Consejo de Ministros una vez que pasaran las elecciones catalanas del 14 de febrero. Sánchez tendrá que decidir si asume el coste político de plantear esa reforma antes de las elecciones o cumple con su promesa de acometer los cambios cuanto antes.

Y el otro gesto de distensión que se aplaza por ahora sine die es la mesa de diálogo pactada por PSOE y ERC en el acuerdo de investidura con el fin de resolver el conflicto político en Catalunya. Por un lado, Sánchez gana tiempo de legislatura sin tener que afrontar portazos de los republicanos catalanes ante esa negociación que puedan poner en riesgo su apoyo a la coalición en el Congreso. Por otro lado, un año después de aquella firma, la situación sigue sin ninguna novedad –a expensas del resultado electoral– después de que Gobierno y Generalitat solo se hayan sentado en una ocasión.

El calendario político también tenía marcado en rojo el 14 de febrero para la renovación del Poder Judicial. El Gobierno, que sostiene que existe un pacto ya cerrado con el PP a la espera de que Pablo Casado dé el visto bueno a hacerlo público, confiaba en que lo hiciera después de las catalanas. El retraso aleja aún más esa renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva en funciones más de dos años y que sigue haciendo nombramientos con la mayoría emanada de los comicios de 2011 que hicieron presidente a Mariano Rajoy.

El Gobierno había puesto en standby la reforma de la ley con la que pretendía cambiar las mayorías necesarias para la elección de los vocales y sortear el veto del PP ante la posibilidad de llegar a un acuerdo; pero activó la vía rápida para tramitar en el Congreso la iniciativa alternativa que planteó entonces y que limita el cambio legal a reducir las funciones del CGPJ cuando su mandato esté caducado. Con ese calendario legislativo, la aprobación final de la proposición de ley puede llegar antes de los comicios y el PSOE tendrá que decidir si mantiene en el congelador la propuesta de reducir la mayoría necesaria, que cuenta con el rechazo, entre otros, de las asociaciones judiciales mayoritarias, o si va hasta el final con su órdago al PP. En una situación similar, pendiente de renovar, está el Tribunal Constitucional.