El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, continúa en su cargo después de haber sido citado a declarar en calidad de investigado en el caso Auditorio y a pesar de los documentos firmados en el acuerdo autonómico de investidura entre Ciudadanos y PP, que recogen el cese de los cargos imputados por corrupción. Este mismo lunes, la portavoz del Gobierno de Murcia ha defendido que Sánchez no está “formalmente imputado” y que su continuidad no es contraria al acuerdo alcanzado con Ciudadanos, pero lo ha hecho amparándose en una dudosa interpretación de la normativa.
La Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Murcia recoge en su artículo 54 la dimisión de los cargos imputados por corrupción en estos términos: “Cuando un cargo público electo conozca que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente (...) entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía”.
“Dice 'entenderá', no 'deberá'”, ha replicado este lunes la portavoz del Gobierno autonómico, Noelia Arroyo, en declaraciones a la Cadena Ser. Según su interpretación del verbo “entender”, la ley no hablaría en ningún caso de una “obligación jurídica”, sino de una decisión que queda a criterio del propio imputado.
En la misma línea se ha manifestado el coordinador general del PP y responsable de Organización y Electoral. Fernando Martínez-Maillo ha reiterado que no debe dimitir porque no se trata de un “caso de corrupción”. Sin embargo, la Ley de Transparencia de Murcia afecta a los imputados “por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509”. Es el caso del presidente de Murcia, investigado por prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
El acuerdo que firmó Pedro Antonio Sánchez en 2015 para hacerse con el apoyo de Ciudadanos en su investidura también incluye, en su primer artículo, el cese de los cargos imputados por corrupción: “Separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”, reza el documento.
El PP ha manifestado su intención de convencer a Ciudadanos para “esperar” antes de pedir su cese a que se determine si se abre juicio oral contra él. No obstante, esto no se especifica ni en la Ley de Transparencia ni en el acuerdo, que tan solo habla de “situación procesal de imputado o figura legal equivalente”. Pedro Antonio Sánchez tendrá que prestar declaración el próximo 6 de marzo en calidad de investigado (antes imputado).