La reunión que mantuvieron tres de los más estrechos colaboradores de José María Aznar con cuatro dirigentes de Herri Batasuna el 11 de diciembre de 1998 en Juarros (Burgos) estuvo precedida de la política penitenciaria más generosa con los terroristas de ETA que un Gobierno español había tenido desde la amnistía concedida en la transición. Los acercamientos a cárceles próximas al País Vasco de presos, muchos de ellos con delitos de sangre, se incrementaron aún más tras ese encuentro, del que los líderes de HB levantaron un acta que hoy publica en exclusiva elDiario.es.
Durante el año 1999, el que siguió a la reunión, un total de 105 presos de la organización terrorista pudieron esperar el juicio o cumplir su condena más cerca de sus familias. Los gestos con el colectivo emblema de lo que el propio Aznar había llamado en público Movimiento Liberación Nacional Vasco (MLNV) unas semanas antes de la cita de Burgos habían llegado, al poco de instalarse el líder del PP en La Moncloa.
La victoria electoral de José María Aznar en 1996 propició un primer acercamiento de 32 presos de ETA a cárceles de Euskadi o próximas. Como todos los Gobiernos de la democracia, el primer Ejecutivo del PP tomó medidas inmediatas para acabar con una de las principales preocupaciones de los españoles. Se da la circunstancia que cuando se produjeron esos acercamientos, ETA llevaba a cabo una de las vulneraciones de derechos humanos más graves de su historial criminal, el secuestro de José Antonio Ortega Lara.
Funcionario de la prisión de Burgos, Ortega Lara había sido secuestrado el 17 de enero de 1996. El 3 de marzo de ese año, Aznar gana las elecciones y nombra ministro del Interior a Jaime Mayor Oreja. Con Ortega Lara en un zulo, la entonces Dirección General de Instituciones Penitenciarias hace un estudio individualizado de los 150 reclusos de la banda en segundo grado, el más común entre todos los presos, y decide el acercamiento de 32 de ellos a cárceles del País Vasco. De esos 32 presos acercados como gesto del nuevo Gobierno, más de la mitad tenían delitos de sangre.
La banda contaba entre sus últimas víctimas mortales a Fernando Múgica, Ramón Doral, Miguel Ángel Ayllón y Fernando Tomás y Valiente. La aplicación de la medida de acercamiento coincidió con una declaración de tregua de ETA de tan solo siete días. Aznar, quien había sobrevivido a un atentado dos años antes y dijo: “El acercamiento que se ha producido nada tiene que ver con la tregua de ETA. Era una decisión tomada con anterioridad por el Ejecutivo”.
El principal partido de la oposición, el PSOE, apoyó en todo momento la política penitenciaria del Gobierno de Aznar y no se opuso a los acercamientos. La principal asociación de víctimas, la AVT, habló en un comunicado de “daño moral”, pero evitó cualquier movilización contra el Ejecutivo del PP.
1997: asesinato de Miguel Ángel Blanco y 26 traslados
Pese a la mano tendida del nuevo Gobierno, ETA aceleró su estrategia sangrienta en 1997. A la liberación de Ortega Lara por la Guardia Civil le siguió en respuesta el secuestro exprés y asesinato del concejal de Ermua, del PP, Miguel Ángel Blanco. El ultimátum de la banda era el acercamiento masivo de presos a Euskadi o ejecutaría al joven. Y así lo hizo. El encargado de apretar el gatillo fue un miembro del 'comando Gipuzkoa', Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote'. Pero la organización terrorista, ni su entonces brazo político, habían valorado lo que vino después: una movilización ciudadana, también en Euskadi, sin precedentes, a la que siguió un corrimiento político que amenazó por primera vez la hegemonía política del nacionalismo en el País Vasco.
El saldo en la política penitenciaria de 1997 ascendió a 26 traslados de presos de ETA a Euskadi y la progresión de 7 presos al tercer grado, que permite los primeros permisos, por decisión de Interior. Además de a Miguel Ángel Blanco, ETA mató aquel año a otras doce personas.
El año 1998 no empezó mejor. El 30 de enero unos pistoleros acribillaron en Sevilla al concejal Alberto Jiménez Becerril y a su esposa cuando salían de cenar de un restaurante. Antes de que acabara 1998, los tres enviados de Aznar se sentarían con Arnaldo Otegi y otros tres dirigentes de HB en la reunión de Burgos. Los familiares de Jiménez Becerril integran el grupo de víctimas que firmaron la pasada semana un manifiesto en el que defienden la utilización de la expresión, dirigida a Pedro Sánchez, “que te vote Txapote”.
El citado comunicado, impulsado por uno de los hijos del fiscal de Granada asesinado por ETA, Luis Portero, acusa a Sánchez de haber pactado con EH Bildu el acercamiento de los presos de ETA a cárceles de Euskadi, para que sigan cumpliendo sus condenas, once años después del fin de la banda terrorista. Daniel Portero, el hijo del fiscal, es diputado del PP en la Asamblea de Madrid.
El 12 de septiembre de 1998, diferentes organizaciones firmaron el Acuerdo de Lizarra o Pacto de Estella, donde estampan su firma PNV, HB y Eusko Alkartasuna. El nacionalismo vasco, que acogía tradiciones políticas tan alejadas como la izquierda abertzale y la derecha del PNV, se agrupaba con el argumento de la independencia y hacían frente a la pujanza “unionista”.
El acuerdo es interpretado por los partidos “constitucionalistas” como el salvavidas que el PNV lanza a una Batasuna acorralada. ETA acoge el pacto con un anuncio de tregua bajo el espejismo de la independencia. Apenas dos meses después, Aznar hace público un gesto histórico. En una rueda de prensa junto a Yasir Arafat en Moncloa, el presidente del Gobierno confirma que él, “personalmente”, había autorizado “contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación”. Era 4 de noviembre. El 11 de diciembre se produciría la reunión en Burgos con HB.
1998: crimen de Jiménez Becerril y el Gobierno propone “dos mesas”
En los siete meses de 1998 que no hubo tregua, ETA mató a otras cuatro personas, además de Jiménez Becerril y su esposa. Durante todo ese año, el Gobierno del PP acercó a 26 presos de la banda. Uno de ellos fue Domingo Troitiño, autor material de la matanza de Hipercor donde perdieron la vida 21 personas. Se concedieron cuatro terceros grados.
El 11 de diciembre de 1998, con la cobertura policial que describe el acta de ETA y que miembros de ese dispositivo de la Comisaría General de Información confirmaron a este medio, se celebró la reunión de Juarros. En ella, los representantes del Gobierno de Aznar admiten dos espacios de interlocución en el futuro que pueden estar “superpuestos”, según recoge el acta.
Se trataba de negociar en una mesa con ETA y en otra con su entonces brazo político. Es el esquema que puso en marcha la primera negociación con ETA del Gobierno de Zapatero, que sirvió al PP de Mariano Rajoy como ariete de oposición durante cuatro años, incluidas masivas manifestaciones en la calle donde la AVT convocaba y el PP llenaba autobuses de toda España para acusar al presidente socialista, como poco, de “traidor”.
Zapatero se negó a acercar presos de ETA hasta que las negociaciones comenzaran a dar sus frutos. Esa negociación de 2008 y el modo en que se produjo, con la banda matando a dos personas en una gran explosión en Barajas, sin advertir de sus planes a Batasuna, supuso el principio del fin de la organización terrorista. ETA, acosada por el frente policial y judicial, tuvo que ceder el bastón de mando a su antiguo brazo político, que llevaba tiempo maniobrando para liderar un proceso sin violencia y sin las ataduras de la banda y sus imposiciones.
1999: los enviados de Aznar y el “no hemos venido a la derrota de ETA”
La reunión cuyo acta revela hoy elDiario.es precedió a la de los mismos negociadores sentados frente a los dirigentes de ETA en Ginebra en mayo de 1999. La frialdad que recogen Arnaldo Otegi y sus colaboradores del encuentro de Brugos intenta ser roto en Suiza por los enviados del Gobierno. Javier Zarzalejos, secretario de Presidencia, llega a afirmar ante los terroristas: “No hemos venido a la derrota de ETA”.
El colectivo de presos de ETA estaba compuesto por 453 internos en 1999. Aproximadamente una cuarta parte de ellos fueron trasladados a cárcel del País Vasco o sus proximidades aquel año. Fueron 105 traslados y nueve terceros grados. En la primera legislatura de Aznar, más de un tercio de los presos de la banda se beneficiaron de los traslados. La tregua de ETA se extendía en el tiempo pero se limitaba a los atentados en sus actuaciones. La kale borroka incendiaba Euskadi y los empresarios seguían recibiendo cartas con la exigencia del “impuesto revolucionario”.
En esa reunión con ETA, los representantes del Gobierno dejan una retahíla de frases que retumban alrededor de los pronunciamientos actuales del Partido Popular. “La participación de Euskal Herritarrok en las instituciones es valorada positivamente”, aseguró Zarzalejos, hoy eurodiputado del PP. “La Constitución española no es inamovible”, afirmó en otro momento Pedro Arriola, el asesor de Aznar ya fallecido. “Podemos controlar al Cesid”, prometió el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martín Fluxá.
La madrugada del 28 de noviembre de 1998, ETA anuncia el final de la tregua. Lo que siguió fue una cadena sangrienta de atentados que arrancó con el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en Madrid, el 21 de enero de 2000.
El terrorismo se prolongó hasta el 20 de diciembre de 2011, jornada en la que ETA anunció su final. El proceso para la conclusión de la violencia puesto en marcha por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero incluía una política de acercamientos y alejamientos a cárceles de Euskadi dependiendo de las posiciones de cada recluso respecto al fin definitivo del terrorismo. El colectivo más numeroso de ETA estaba dentro de las cárceles. Hasta que su órgano oficial no se sumó al nuevo proceso sin violencia no hubo comunicado de fin del terror.
Hoy, los presos de ETA cumplen condena en cárceles vascas tras un acercamiento progresivo durante la última legislatura, una década después del fin de la banda, que culminó con la transferencia de prisiones al Gobierno vasco.
Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, cumple en una prisión vasca decenas de años de condena por varios asesinatos. Tiene prohibido por sentencia el derecho al sufragio pasivo, por lo que no podría presentarse por ninguna candidatura. Los últimos pronunciamientos conocidos de Txapote hacen difícil pensar que votara –sí puede ejercer el derecho a sufragio activo– a EH Bildu, enrocado en el pequeño sector que sigue anclado en la defensa de la “lucha armada”.
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