Doce años después, Rodrigo de Santos vuelve al banquillo de los acusados. Aquel que fuera promesa de la regeneración del Partido Popular en Baleares será juzgado a partir de este lunes por agredir sexualmente a dos jóvenes, mayores de edad, que pasaban sus días de permiso penitenciario en una ONG próxima al partido en el que militó. Según la Fiscalía y la representación de las presuntas víctimas, De Santos utilizó el poder que le otorgó Horizontes Abiertos para agredir a los dos reclusos bajo la amenaza de que, si no accedían a mantener relaciones sexuales con él, informaría en contra de sus permisos penitenciarios y la concesión de la libertad condicional.
La ONG dotó de esa autoridad a Rodrigo de Santos pese a sus antecedentes por abusar de dos menores, amigos de sus hijos, y gastarse el dinero de la tarjeta de teniente de alcalde de Palma en cocaína y prostitución masculina. El Supremo rebajó de doce a cinco años la condena a De Santos porque no consideró probado que uno de los niños, de 14 años, opusiera resistencia a la penetración. La Fiscalía pide esta vez 20 años de cárcel para el expolítico del PP y que la ONG fundada por el padre Garralda sea declarada responsable civil subsidiaria. De Santos asegura que todo es un invento de los dos antiguos reclusos por los informes que emitió en contra de ellos, azuzados por un grupo de trabajadores celosos de su función en las casas de acogida.
elDiario.es desveló la imputación contra Rodrigo de Santos en julio de 2018. En octubre del año anterior, un joven dominicano, que cumplía condena por hacer de ‘mula’ de cocaína desde su país, había acudido a la Policía a denunciar que en al menos siete ocasiones Rodrigo de Santos le había realizado felaciones para que después la presunta víctima le penetrase. Contó a los agentes que cuando se negó a seguir haciéndolo, el responsable de las casas de acogida de Horizontes Abiertos, entidad colaboradora de Instituciones Penitenciarias, informó en contra de sus permisos.
A la denuncia de este joven siguió la de otro, de origen marroquí, a quien Rodrigo de Santos llevó a su domicilio particular. Este segundo recluso aportó los whatsapp que el antiguo responsable del PP balear le envió haciéndole proposiciones. Dos meses después, los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) detuvieron a de De Santos. El juez lo dejó en libertad con prohibición de acercarse a sus presuntas víctimas.
El caso sirvió también para destapar el seísmo interno que había vivido el patronato de la ONG por estos hechos. La presidenta de la fundación de la que depende la ONG, María Dolores Navarro, sigue a día de hoy presidiendo el Partido Popular en el distrito madrileño de Arganzuela. Lola Navarro fue concejala de Torrejón y de la capital de España con Ana Botella de alcaldesa. En la penúltima legislatura autonómica resultó elegida en la lista encabezada con Isabel Díaz Ayuso, pero en los comicios del pasado mayo ya no integró el cartel de los conservadores a la Asamblea de Madrid.
Navarro era la responsable de la ONG cuando De Santos, que había llegado como voluntario por recomendación de una monja, pasó a dirigir las casas de acogida. Cuando los jóvenes denunciaron, la Fundación trasladó al expolítico a otro destino. El Patronato, aseguraban sus miembros, no había sido informado de los hechos y Navarro tuvo que dimitir. Ella responsabiliza al fallecido padre Garralda de la contratación de De Santos mientras en la Fundación defienden que, ya enfermo, el jesuita no tenía ninguna capacidad de gestión.
El fiscal solicita para De Santos quince años de cárcel por un delito de agresión sexual continuada a uno de los presos y otros cinco por otra agresión sexual a un segundo. El relato del representante del Ministerio Público recoge cómo entre los meses de febrero y julio de 2017, Benjamín (nombre ficticio), que entonces tenía 29 años, estuvo residiendo durante sus permisos penitenciarios en las casas Javier I y Javier II que la ONG fundada por el Padre Garralda tiene en Madrid. Los presos que no tienen arraigo son acogidos por la ONG para que puedan disfrutar de las salidas y ésta informa a Prisiones de su comportamiento durante las mismas. El trabajo del Padre Garralda en el interior de las cárceles ha sido muy valorado por Instituciones Penitenciarias durante décadas.
Con la declaración de Benjamín ante la Policía de octubre de 2017, los agentes redactaron un atestado en el que dejaban constancia de su declaración: “Rodrigo insistió en repetidas ocasiones en penetrar al dicente, negándose éste rotundamente en todas las ocasiones, contestándole 'yo no soy gay'”. Y también: “Rodrigo le prometía que le iba a conseguir el tercer grado si continuaba como hasta entonces [accediendo a realizar los actos sexuales] y que si no lo realizaba le iba a revocar los permisos penitenciarios y no le ayudaría en nada”.
El escrito de acusación del fiscal, casi cuatro años después, da por probados indiciariamente los hechos y concluye: “En el mes de julio de 2017, estando Benjamín en la casa ‘Javier II’, siendo de día, el procesado, aprovechando que estaba vacía la vivienda, se personó en la misma, acudiendo a la habitación de este interno, diciéndole que se introdujera en el baño, comenzando Javier Rodrigo de Santos a realizarle una felación, a lo que accedió Benjamín, ante el temor de que pudiera retirarle el aval, obligándole, a que le penetrara analmente, siendo esta última ocasión en la que el procesado obligó a Benjamín a mantener relaciones sexuales con él”. Benjamín, que ha necesitado de ayuda psiquiátrica, intenta rehacer en la actualidad su vida con su pareja y la hija que ambos han tenido.
A continuación, la Fiscalía se refiere a la segunda víctima, Rachid (nombre supuesto), y a unos hechos que se remontan a 2015. “Durante su estancia en esta vivienda el procesado no dejaba de realizar a Rachid insinuaciones de carácter sexual, manifestándole que si accedía a las mismas, le ayudaría con su hijo y con sus problemas de extranjería, llegándole a enviar unos whatsapp el 5 de febrero de 2017 donde le decía: ‘la verdad es que me encantarías que fueras mío’, ‘si fueras bisexual como yo tendrías un 100%’, ‘me voy a dormir Rachid, si quieres bajar a domir a mi cama te dejo abierto’, ‘prometo tratarte con mucho mimo y respeto, como si fueras mi hijo… mi casa es tu casa y mi cama es tu cama, que sepas que me encantaría que estuvieras aquí a mi lado para dormir abrazado a ti, te quiero mi Rachid’”. Una noche en el domicilio del acusado, éste se introdujo en la cama del joven realizándole tocamientos, sin que haya acreditado que lo penetrara analmente“, añade el fiscal.
Un patronato del ala más conservadora del PP
La Fundación Padre Garralda se personó como acusación popular contra De Santos dos años después de que el antiguo concejal de Urbanismo de Palma fuera detenido, tiempo en el que la ONG se desentendió de las presuntas víctimas. El juez instructor, Juan José Escalonilla, rechazó la personación y ahora la ONG fundada por el padre Garralda se enfrenta a pagar las indemnizaciones que acompañen a una eventual condena si De Santos se declara insolvente.
Cuando se produjeron los hechos, el Patronato de la Fundación estaba integrado por dos exconsejeros de Esperanza Aguirre, Regina Plañiol y Luis Perales, así como por el exsecretario de Estado de Comercio con Rajoy, Jaime García-Legaz, quien se marchó por la gestión de la entonces presidenta con el caso de De Santos y volvió después como vicepresidente. Todos pertenecen a la corriente más conservadora en asuntos de moral dentro del PP. En la actualidad solo tres personas componen el patronato: su presidenta, María Matos González de Careaga, el propio García Legaz y Celia Ordoñez.
La representación de Benjamín pide en su escrito de acusación 94 años de cárcel para Rodrigo de Santos por siete violaciones a su representado con el agravante de reincidencia. Además solicita que, de declararse insolvente, sea la ONG quien se haga cargo de los 70.000 euros de indemnización que le reclama. En su escrito denuncia que De Santos fue contratado y ascendido, pese a sus antecedentes, por “afinidad ideológica” con los políticos del PP que gestionaban la ONG. La otra víctima, Rachid, solicita quince años de cárcel para De Santos, a razón de siete y medio por cada una de las dos agresiones sexuales contra él.
Tres miembros de la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid juzgarán a Rodrigo de Santos entre el lunes y el miércoles próximo. En la última fase de la instrucción, el expolítico del PP ha contratado los servicios del abogado Pedro Horrach, antiguo fiscal anticorrupción conocido por ejercer la acusación en el caso Nóos. Rachid es representado por un abogado de oficio y Benjamín por el abogado Alejandro Gámez, de Red Jurídica, despacho especializado en defensa de migrantes y otros colectivos desfavorecidos que se hicieron cargo del caso después de que trascendiera públicamente.