Dos trabajadoras de la Universidad Rey Juan Carlos sí pagarán por la falsificación del máster de Cristina Cifuentes de la que la expresidenta de la Comunidad Madrid ha salido absuelta. En la sentencia conocida este lunes el tribunal concluye que Cecilia Rosado falsificó el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) con la que Cifuentes trató de justificar que sí había realizado ese posgrado cuando estalló el escándalo. Y establece que María Teresa Feito, asesora del Gobierno regional en el momento en el que elDiario.es destapó el fraude, y con plaza en la URJC, presionó para conseguir una coartada para la entonces presidenta.
El 21 de marzo de 2018, fecha en la que esta redacción publicó a primera hora de la mañana que la expresidenta autonómica había obtenido un máster con notas falsificadas, las dos condenadas estuvieron en permanente contacto. Los magistrados de la Audiencia Provincial consideran probado que Feito pidió de forma “insistente y agobiante” a la profesora Rosado que solucionara aquella situación “como fuere”. Ambas, que no tenían relación previa, hablaron hasta en 15 ocasiones por teléfono en apenas ocho horas.
Las comunicaciones solo cesaron cuando Rosado —autora confesa de la falsificación y condenada a un año y medio de cárcel— envió el acta adulterada. “Yo es que soy muy pesada con el teléfono”, dijo Feito ante el tribunal para justificar esas llamadas, de las que once fueron a iniciativa suya. La asesora aseguró haber actuado movida únicamente por un “interés personal” en saber qué había ocurrido con el máster de la presidenta y negó haber dado o recibido órdenes para tapar el escándalo.
En todo caso, la sentencia no aclara la motivación de la asesora para inducir a la falsificación, que ha sido condenada a tres años de cárcel y entrará en prisión si se confirma el fallo. De hecho, durante su interrogatorio, Feito intentó zafarse de cualquier papel protagonista o de intermediación en esta trama y se presentó como una simple asesora —“había muchas más importantes que yo”, aseguró—. También negó tener “ninguna” relación “personal o profesional” con Cifuentes a pesar de sus gestiones para amortiguar el escándalo y de que en su día acompañó a la expresidenta a la URJC a recoger el título de su máster.
Pero la sentencia sí la sitúa en el epicentro de la gestión de la crisis con una “participación activa”. Y le otorga un papel relevante en la reunión de la mañana del 21 de marzo de 2018 en la que la plana mayor de la URJC veía cómo hacer frente a la información de elDiario.es sobre las notas falsificadas de la entonces presidenta.
Durante su declaración, Feito afirmó que ese día estaba en la URJC por otros asuntos y que sólo había entrado “dos minutos” en esa reunión. Durante la vista, varios testigos le otorgaron un papel clave. El propio rector, Javier Ramos, explicó que se presentó sorpresivamente en su despacho a primera hora de la mañana del citado 21 de marzo de 2018 y también afirmó que estuvo en la reunión.
La profesora que confesó
Por contra, el tribunal sí da credibilidad al relato de Rosado, que ha visto su pena reducida tras confesar y colaborar con la justicia. Ante el tribunal, admitió haber elaborado el acta desde cero, falsificando la firma de otras dos profesoras, y declaró haberlo hecho por las presiones de Enrique Álvarez Conde, director del máster ya fallecido, y de Feito. “Si no me la envías [el acta] Cifuentes os va a matar. A vosotros y al rector”, aseguró ante el tribunal que le trasladó la asesora el día de los hechos. “Esa frase nunca la dije. Es que yo no soy de ordenar”, rebatió ella durante la vista, en la que compareció en segundo lugar.
La sentencia afirma que Rosado elaboró ese documento dada la “fuerte jerarquía” existente entre ella y el catedrático y ante el “temor de las posibles consecuencias negativas” para su trabajo. Lo hizo tras ser “requerida” por Feito, que fue quien le indicó que en ese documento debía hacer constar que Cifuentes “había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012”.
“No tengo plena autonomía docente, dependo de él”, expuso Rosado en la vista oral sobre el catedrático. En su declaración, relató que la relación con su jefe comenzó “a cambiar en el año 2014”, tras un conflicto laboral fue relevada “de todos” sus “quehaceres en el Instituto [de Derecho Público]”. “Me echa de ser secretaria del área de Derecho Constitucional” de la Universidad, apuntó.
“A partir de ahí mi relación con el profesor Álvarez Conde es muy tensa aunque no se produce una ruptura”, incidió la docente, que trabaja en la URJC con un contrato como doctora. Ella figuraba como “directora nominal” del Máster en Derecho Autonómico y Local del curso 2011/12, “siendo el director real” su jefe, exponen los jueces.
En la sentencia, se reconoce que en el momento de los hechos la docente de la URJC “temía por el desarrollo de su carrera profesional”, aunque no avala que la profesora estuviese en una posición de gran debilidad y ponen en duda la aplicación del atenuante de miedo insuperable que solicitó la Fiscalía: “Si bien la precariedad de su posición laboral en la URJC era palmaria en el año 2012, no lo era en el 2018, cuando ya tenía un contrato fijo desde 2015, como ella misma ha relatado. Sin que las circunstancias de enfriar o dificultar sus relaciones con el catedrático de la asignatura, sea suficiente para justificar el temor suficiente para la aplicación de la atenuante”.
La vida de Rosado cambió el 21 de marzo de 2018. Se levantó con la alerta de la noticia desvelada por elDiario.es: esa primera información contaba que en el departamento donde ella trabajaba Cifuentes había obtenido un máster con notas falsificadas. En ese momento, ella llamó a Álvarez Conde y posteriormente, fue su jefe el que se puso en contacto con ella para situarla en el centro de la operación que ha terminado con una condena por un delito de falsedad en documento público. “Hay que hacer lo que sea para arreglar esta cuestión”, fueron las palabras de su jefe, según expuso la docente en el juicio.
El 21 de marzo Rosado recibió 24 llamadas y quince mensajes de Álvarez Conde. Ese día el móvil de la profesora del Instituto de Derecho Público tuvo una actividad frenética. La otra condenada, María Teresa Feito, intercambió con ella también quince comunicaciones hasta que logró una copia del acta falsificada del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. La sentencia recoge que la asesora del Gobierno autonómico —estaba a sueldo de la consejería de Educación— en el momento en el estalló el Caso Máster le indicó a Rosado “de forma insistente y agobiante” que “aquella situación debería quedar resuelta como fuere”.
Como confirma el tribunal, Feito “tuvo una participación activa” en la jornada del 21 de marzo en el rectorado de la URJC. Feito tenía influencia en los dos ámbitos: en el Gobierno autonómico, donde era asesora de la Consejería de Educación; y en la Universidad, donde había dado clase y conservaba varios amigos. Feito tiene plaza como docente de Filología Inglesa en la URJC en el departamento de Derecho Público II y Filología, tal y como figura en la web del centro. Fuentes del rectorado aseguran que actualmente “sigue en activo”.
Casi tres años después de los hechos, la causa por las maniobras para intentar tapar el escándalo del falso máster de la expresidenta han acabado con dos profesoras condenadas: la falsificadora confesa del documento y quien la presionó para hacerlo. La principal beneficiada de esa falsificación, la expresidenta regional, ha resultado absuelta al no existir pruebas de que “impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión”.