Sánchez anuncia una ayuda de 100 millones de euros a hogares vulnerables para compensar la subida de la luz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo un plan de ayudas de 100 millones de euros para hogares vulnerables con el que el Ejecutivo pretende paliar, en parte, la subida del precio del mercado mayorista de la luz, que lleva en alza desde hace meses y que esta jornada ha vuelto a marcar el domingo más caro de la historia, con 213,29 euros el megavatio hora.

Durante la clausura del XIII Congreso de los socialistas extremeños, que han reelegido como secretario general a Guillermo Fernández Vara, Sánchez ha explicado que esta medida será aprobada el próximo martes en el Consejo de Ministros, a través de un Real Decreto en el que, además de esos 100 millones de euros adicionales “para ayudar al 1,2 millones de hogares vulnerables ahora que empieza el invierno”, se protegerá a las empresas de cara a mantener sus contratos con las eléctricas y se impulsará la “transparencia y el control” en los precios de la tarifa eléctrica.

El presidente no ha ocultado su intención de que la subida del precio de la luz se aborde a nivel europeo. “En el Consejo Europeo, gracias al liderazgo de España, hemos empezado a plantear el alza de los precios de la energía”, ha afirmado Sánchez, que ha asegurado que los Gobiernos pueden “hacer cosas, pero es evidente que hay que hacer cosas a nivel europeo” porque “no está funcionando la forma en la que se marcan los precios”. “Tendremos que revisarlo”, ha dicho.

En la misma línea, Sánchez ha reconocido que los ritmos a nivel europeo son “más lentos de lo que a España le gustaría”, pero se ha mostrado confiando en que se logrará una “respuesta comunitaria” a la crisis de los precios de la energía. “Es Europa, son los tiempos, los respetamos”, ha insistido el jefe del Ejecutivo, que ha apostado por una negociación conjunta con los países productores de gas, ahora que “otras economías grandes, como China, están compitiendo”.

“Si para las vacunas somos más fuertes unidos”, ha ejemplificado Sánchez, “¿por qué no hacemos lo propio con la negociación con países productores de gas?”. “Si juntos somos más fuertes, si somos más fuertes siendo 400 millones, ¿por qué no avanzamos en ese camino de unidad?”, ha insistido.

Entre tanto, Sánchez ha asegurado que lo que el Gobierno “no va a hacer, es no hacer lo que debemos hacer en España”. En ese sentido se ha referido al real decreto ley que se aprobará el martes en el Consejo de Ministros para compensar la subida del precio de la luz a los hogares vulnerables de cara al invierno, a las empresas que ya se están viendo afectadas por el incremento en la factura y al conjunto de los consumidores de manera indirecta.

El Gobierno ya anunció que tenía sobre la mesa otro tipo de medidas, como la congelación del precio de la luz a los consumidores vulnerables con un bono social que correría a cargo de las empresas comercializadoras de energía y, en su caso, del Estado, que se sumarían a otras que ya se han puesto en marcha, como las rebajas fiscales aprobadas en junio o la detracción de ingresos a las eléctricas, entre otras. Con estas medidas, el Ejecutivo pretende cumplir con su compromiso de que los hogares españoles paguen por la luz en 2021 lo mismo que pagaron en 2018.

La primera ley de Vivienda

En el Consejo de Ministros de este martes, se aprobará también, ha dicho Sánchez, “la primera ley de Vivienda de la historia de la democracia, para lograr convertir un derecho que está en la Constitución en un verdadero derecho para nuestros jóvenes y aquellas personas que se sienten excluidas de la compra o el alquiler de la vivienda”. Esa norma prohibirá la enagenación de vivienda social a los fondos de vivienda especulativos, lo que implica que “no se va a amortizar nunca más la vivienda pública en nuestro país”, ha anunciado el jefe del Ejecutivo.

Además, Sánchez ha dicho que de las 100.000 viviendas públicas a construir en los próximos años, 30.000 irán destinadas a alquileres para jóvenes, para quien se ha reservado en los presupuestos una ayuda de 250 euros durante dos años para que los menores de 35 años “puedan emanciparse y empezar su vida”. El Gobierno prevé que este bono alcance a 70.000 personas.

El anteproyecto de ley por el Derecho a la Vivienda, que finalmente ha sido consensuada entre el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el de Derechos Sociales, deberá ser remitido tras su aprobación el martes en Consejo de Ministros al Consejo de Estado, antes de su tramitación parlamentaria, que podría iniciarse en febrero de 2022, cuando comience el siguiente periodo de sesiones.

Esta ley ha generado desde el principio fricciones dentro de la coalición de Gobierno. Uno de los más importantes ha sido el de la limitación directa de los precios del alquiler, que pedía el socio minoritario y que finalmente no se ha plasmado en la norma en la forma que reclamaban los morados. La norma sí permitirá limitar el precio de los alquileres, pero solo en zonas tensionadas, para lo que se tendrá en cuenta un índice oficial que dependerá de las comunidades autónomas, y solo en las viviendas que son propiedad de empresas, instituciones o grandes tenedores -los que tienen diez o más viviendas-.

Además, la norma incluirá medidas indirectas que tienen como objetivo rebajar las rentas, que defendían los socialistas, como que los caseros que rebajen un 5% los precios tengan una bonificación de hasta el 90% o una desgravación general del 50% en el IRPF para nuevos contratos. También se gravaran las viviendas que lleven más de dos años vacías si su propietario tiene al menos cuatro viviendas.

Sin referencias a la crisis en la coalición

En un discurso plagado de referencias a la socialdemocracia y a los avances en materias sociales pilotados por gobiernos del PSOE, como viene siendo habitual en las intervenciones recientes de diferentes líderes socialistas, Sánchez ha evitado hacer referencia a la crisis en el seno del Gobierno de coalición a cuenta de la reforma laboral y la querella por prevaricación anunciada por Unidas Podemos contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por retirar el acta de diputado a Alberto Rodríguez, como ordenó el Supremo tras una condena por pegar una patada a un policía durante una manifestación en 2014.