Después de semanas de tormenta política y mediática —incluido un amago de dimisión y una crisis diplomática con Argentina— el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso a petición propia y lo hace para abordar distintos temas, entre ellos, para dar explicaciones sobre las actividades y relaciones profesionales de su esposa. Desde hace meses, la derecha y sus terminales mediáticas han intentado situar a Begoña Gómez en el foco público por la apertura de una investigación secreta contra ella en un juzgado de Madrid tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias que le atribuye delitos de corrupción y tráfico de influencias basándose en informaciones de prensa, algunas de ellas falsas.
La iniciativa judicial ya ha sido recurrida por la Fiscalía, que defiende que la denuncia no aporta ningún indicio que justifique la apertura de una causa penal. Y un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha establecido que no encuentra indicios de delito en la relación de Gómez con varias empresas. En paralelo, la Audiencia Nacional ha rechazado hasta en dos ocasiones vincular a la esposa de Sánchez con la supuesta trama de cobro de mordidas en contratos de compra de material sanitario que supuestamente anidó en el Ministerio de Transportes, el llamado ‘caso Koldo’.
Pero el juez de Madrid Juan Carlos Peinado sí sigue adelante con las pesquisas y acordó el pasado jueves prorrogar el secreto del sumario, según confirmaron fuentes jurídicas a elDiario.es. Eso significa que, por el momento, únicamente la Fiscalía tiene acceso a toda la documentación sobre el caso. Además, el magistrado ha admitido la personación de Vox como acusación popular. Esa decisión permitirá al partido de extrema derecha tener en su poder todas las actuaciones cuando se levante el secreto. También le posibilitará impulsar el procedimiento al solicitar diligencias, aunque el juez tendrá la última palabra.
El rescate de Air Europa
Gómez es licenciada en Marketing por la universidad privada ESIC y experta en crowdfunding y captación de fondos, según publicó El País en un reportaje en 2018. Es un desempeño profesional que realizaba antes de que su esposo fuera elegido presidente del Gobierno. Después de que Sánchez desembarcara en La Moncloa, pidió una excedencia en el Grupo Inmark, donde ejercía como directora de consultoría, y en agosto de 2018 la fichó el Instituto de Empresa para dirigir el IE Africa Center, de nueva creación.
Además, en 2012 había empezado a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid, según detalla el campus en su portal de transparencia. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising [captación de fondos] durante los cursos 2012/2013 y 2013/2014. Después, como codirectora de dos másteres propios, uno de Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (2014/2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020/2022). Por otro lado, en 2020 fue nombrada directora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva.
Las informaciones que han propiciado la apertura de la causa judicial se centran en dos cuestiones. Por un lado, la relación que estableció en el IE con los dueños de Globalia, propietaria de Air Europa, una empresa que fue después rescatada por el Gobierno en la pandemia. Por otro, su apoyo puntual a un empresario que optó a ayudas públicas y que ejercía como profesor en el Máster de Transformación Social que dirigía en la Complutense.
Según desveló este martes El País, la Guardia Civil ha aportado al juzgado a petición del juez un informe en el que examina en profundidad ambas ayudas públicas y certifica que no ha hallado ningún indicio del tráfico de influencias que denuncia el pseudosindicato. Una de las acusaciones esgrimidas por esta organización que impulsa desde hace años denuncias contra líderes políticos –que rara vez pasan el filtro de la admisión a trámite– era que el Gobierno había accedido al rescate de Air Europa por las reuniones de Gómez con directivos de Globalia.
Pero el citado informe de la UCO subraya que “no se tiene constancia de que estos hitos pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del rescate a Air Europa”. Y constata que el único elemento que puede vincular a la esposa de Sánchez con Globalia es el hecho de que coincidiera con uno de sus principales directivos, Javier Hidalgo, en dos eventos que tuvieron lugar en 2020.
Según publicó El Confidencial, Gómez habría pactado un contrato de patrocinio de 40.000 euros al año de la aerolínea con el IE Africa Center que ella codirigía. El objeto era sufragar unas becas, vuelos y la organización de eventos. El convenio se firmó en enero de 2020, antes de la pandemia. Y nunca se puso en marcha, precisamente por la crisis sanitaria. Es decir, los 40.000 euros prometidos no llegaron en su totalidad. La aerolínea reconoció haber pagado sólo 1.716 euros por dos billetes a Londres para que Gómez y la presidenta del África Center asistieran a un evento.
El citado medio vinculó el trabajo de Gómez en el IE y el convenio de patrocinio con el rescate a Air Europa en plena pandemia. La aerolínea recibió cientos de millones de euros en préstamos del Gobierno para evitar la quiebra en un momento en el que el confinamiento frenó en seco el transporte aéreo mundial.
No fue la única empresa ayudada con fondos públicos. En su día, el PP apoyó el rescate e incluso lo consideró insuficiente porque, en su opinión, otras empresas recibieron más dinero por trabajador. Pese a ello, denunció a Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses por no ausentarse del Consejo de Ministros que aprobó el rescate por los supuestos “vínculos” de su mujer con la empresa rescatada. La denuncia fue archivada.
Además, algunas de esas informaciones han tratado de vincular el rescate de Air Europa con el citado ‘caso Koldo’. Uno de los principales investigados en esa trama, el empresario Victor de Aldama, mantenía relaciones con la familia Hidalgo, propietaria de Globalia, y estuvo presente en reuniones en las que también estuvo Gómez. Algunas, un año antes de que se aprobase el rescate a Air Europa, y meses antes de que en China se detectara el coronavirus que provocó la pandemia.
Esto dio pie a que otra asociación ultra, Liberum, solicitara que Gómez declarara como testigo en esa causa que investiga la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno concluyó en un auto que los “datos” que ofrecían para solicitar su citación eran “meras informaciones periodísticas no contrastadas” y, siguiendo el criterio de la Fiscalía, rechazó su citación. En su escrito, el fiscal aseguró que no hay un solo indicio en la causa de que participara, o siquiera tuviera conocimiento, de los manejos de la trama investigada y destacó que de los recortes de prensa aportados únicamente se desprendía que Gómez había podido tener relación con Aldama “lo cual tampoco es revelador de nada más, especulándose que podrían haberse tratado de cuestiones relativas a los contratos de adjudicación del suministro de mascarillas”.
Las cartas de recomendación
El segundo asunto sobre el que pivota la investigación a la mujer de Sánchez son las cartas genéricas de recomendación a un empresario que optó a ayudas públicas. El Confidencial publicó el 2 de abril que Gómez había firmado en 2020 una carta para apoyar a la UTE Barrabés-The Valley en una licitación del Ministerio de Economía. Otra información, publicada un día después, hablaba de una segunda carta. Detrás de una de esas empresas recomendadas está el empresario tecnológico Carlos Barrabés, que había participado como profesor en el máster y la cátedra de Transformación Social que Gómez dirigía en la Complutense.
Según estas informaciones, las cartas habrían sido clave para que las empresas se llevaran más de ocho millones de euros en ayudas públicas para realizar cursos para jóvenes y desempleados. El organismo que licitó los contratos —Red.es, dependiente del Ministerio de Economía que entonces dirigía Nadia Calviño— desmintió que las cartas tuvieran relevancia en la concesión de los lotes a la citada UTE. De hecho, las cartas eran una plantilla que las dos empresas distribuyeron entre diferentes organismos y empresas con las que habían colaborado. Por ejemplo, la gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid (PP) firmó otra exactamente igual a la de Gómez.
En relación a esta cuestión, siempre según El País, la UCO afirma que no ha encontrado vínculos entre Begoña Gómez y los miembros de la mesa de contratación que adjudicaron a Barrabés dos de los lotes que salían a concurso y tampoco ha hallado elementos diferenciadores entre el sistema de valoración de las ofertas del concurso ganado por este empresario y el resto de expedientes. La Guardia Civil tampoco ha identificado indicios de que fuera Barrabés quien “montó el Máster de Transformación Social Competitiva” de la mujer de Sánchez, como sostenía la querella de Manos Limpias.