Sánchez descarga la respuesta a una segunda oleada en las autonomías, que de momento se resisten a pedir el estado de alarma

Las críticas por la inacción del Gobierno ante el repunte de casos de coronavirus y ante la inminente vuelta a las aulas para la que quedan flecos por cerrar ha tenido respuesta nada más finalizar el parón estival con toda la solemnidad: el propio Pedro Sánchez compareció este martes tras un Consejo de Ministros prácticamente vacío de contenidos para recordar que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en materia de Sanidad y Educación. Y fue un paso más allá ante la eventual necesidad de tomar medidas “más drásticas” -en la dirección que apuntó el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como limitaciones de los movimientos para evitar la transmisión comunitaria-, invitó a que sean las comunidades las que soliciten el estado de alarma. Para que esta vez, y a diferencia de lo que sucedió en primavera, sean los presidentes autonómicos los que ostenten el mando único en sus territorios. “Se reprochaba en el momento en que aprobaba el estado de alarma, que este era el Gobierno que quería recentralizar, que quería apropiarse de competencias que estaban en manos de las comunidades autónomas, al contrario”, se ha defendido Sánchez, quien ha asegurado que su planteamiento es de “cogobernanza” y “refuerzo” del Estado autonómico. Las reacciones no han tardado en sucederse y por ahora la mayoría de comunidades descartan recurrir a esa medida extraordinaria y algunos presidentes autonómicos han redoblado las críticas a Sánchez.

“Se trata de dejar claro que hay muchos ámbitos de responsabilidad”, señalan fuentes de Moncloa sobre las palabras del presidente, que ha evitado durante su comparecencia responder a las críticas de las comunidades autónomas –especialmente las que están en manos del PP– que venían recriminándole falta de iniciativas desde que acabó el estado de alarma el 21 de junio.

“Escucho reproches por parte de algunos gobernantes al Gobierno de España. Pero nosotros no vamos a responder así, porque además ni lo quieren ni lo merecen los ciudadanos de esas comunidades autónomas. Lo que quieren es ver a un gobierno, como estamos ahora mismo, empeñados en atajar la curva, en colaborar y gobernar con las comunidades autónomas, en respetarlas, como las competencias de las comunidades autónomas, que para eso las tienen en sanidad y en educación, en apoyarles y en darles toda la garantía y recursos como estamos ofreciendo”, ha sido la respuesta de Sánchez, quien también ha anunciado que Defensa pondrá a disposición de las comunidades que lo soliciten a 2.000 militares formados como rastreadores y ha emplazado a las autonomías a firmar los convenios correspondientes para la puesta en marcha de la aplicación Radar-Covid que ha asegurado multiplica la capacidad de detección de casos. 

“El Gobierno ha dado dinero a Torra y Ayuso para hacer frente a los gastos en educación y sanidad por el coronavirus. El Gobierno pone a disposición de Torra y Ayuso militares como rastreadores. Y si quieren Torra y Ayuso pueden pedir estado de alarma”, ha resumido en su cuenta de Twitter el diputado socialista José Zaragoza en una referencia a dos de los presidentes que fueron más críticos con Sánchez cuando asumió el mando único a través del estado de alarma. No obstante, Sánchez solo ha puesto sobre la mesa una posibilidad que ya está prevista en la legislación. “Cuando los supuestos (...) afecten exclusivamente a todo, o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma, podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma”, establece el artículo quinto de la ley de 1981 que regula el estado de alarma, excepción o sitio. La novedad que ha introducido respecto a la vez anterior es que el poder total lo ostentarían en esta ocasión los jefes de los ejecutivos regionales, que tendrán incluso que ser quienes rindan cuentas en el Congreso a través de un mecanismo que, llegado el momento, tendría que definirse ya que no está contemplado en el reglamento. De momento ya ha garantizado el apoyo parlamentario tanto del PSOE como de Unidas Podemos a aquellos presidentes que soliciten la declaración del estado de alarma en sus territorios.

A pesar de que Sánchez no ha querido señalar a ninguna autonomía, fuentes gubernamentales reconocen que la invitación a activar medidas extraordinarias señala en buena medida a la Comunidad de Madrid, que ha experimentado un crecimiento de casos del 16% en la última semana, 768 nuevos en las últimas 24 horas. “Está mal”, admite una de las fuentes consultadas, que considera que tampoco es suficiente el número de rastreadores de los que dispone en este momento el Gobierno de Ayuso, que no ha cumplido con los compromisos asumidos frente al Ministerio de Sanidad para pasar de fase el pasado junio.

El presidente no ha querido aclarar si el Gobierno acabaría aplicando el estado de alarma en alguna autonomía si el virus se descontrolase y el Ejecutivo regional competente evitase reaccionar. “Espero no tener que llegar a eso”, dijo Sánchez, preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La respuesta airada del PP ante el planteamiento expuesto por Sánchez no se ha hecho esperar. Pablo Casado ha acusado al Gobierno de “dejación de funciones” y de “parapetarse” en las comunidades autónomas. “España no tiene a nadie al timón”, ha recriminado el jefe de la oposición que ha asegurado, además, que una posible limitación de la movilidad “está perfectamente cubierta por ley”, aunque ha planteado la posibilidad de reformar algunas normas. Sánchez ha aparcado esa promesa de llevar a cabo un paquete legislativo para encarar los rebrotes y asegura que la legislación vigente es “suficiente”.

En esa misma línea se han pronunciado algunos presidentes conservadores. El que se ha pronunciado de forma semejante a Casado ha sido el murciano, Fernando López Miras, que ha reaccionado a través de Twitter: “España no puede permitirse 17 estrategias diferentes para frenar una pandemia -ha afirmado-. La situación nacional requiere coordinación y sumar esfuerzos, no 17 estados de alarma”.

Pero las críticas no solo llegan desde las filas del PP. El presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, es pesimista respecto a la propuesta lanzada por Sánchez. “La declaración del estado de alarma y el confinamiento es la solución fácil. Se ataja la trasmisión. Pero luego rebrota y entretanto se ha asfixiado la economía y el empleo. Yo no quiero eso. El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha otras medidas, que -cruzando los dedos- parecen estar dando resultado, sin quebrantos graves para la economía. Lo único que le pedimos al Gobierno de España es que nos dé cobertura legal para aplicar medidas proporcionadas y razonables sin estar al albur de las decisiones judiciales”, declara Lambán, que reclama más fondos económicos y gestionar la sanidad y la educación “con criterios lo más compartidos posibles”.

A pesar de las quejas del Gobierno de la Comunidad de Madrid después de que un juez tumbara algunas de las medidas adoptadas, como la prohibición de fumar en el exterior sin distancia de seguridad o el cierre del ocio nocturno, Díaz Ayuso tampoco se ha mostrado partidaria de activar el estado de alarma. Y eso a pesar de que su autonomía es la que registra una peor evolución en los últimos días que ha llevado incluso al Gobierno a hacer llamadas para restringir los desplazamientos y a invitar a quedarse en casa a los vecinos de los barrios más afectados. “No se puede pasar del estado de alarma a la nada, a la ausencia, como ha ocurrido durante este verano, y de la nada y la ausencia otra vez al estado de alarma”, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, cuya comparecencia ha coincidido con la de Sánchez, que ha sido anunciada a primera hora de este martes. “Creo que tiene que haber una estrategia de país y confianza en las comunidades autónomas para que, en base a nuestra autonomía, según esa estrategia, caminemos juntos”, ha apostillado, informa Fátima Caballero. La postura de Ayuso es exactamente la contraria a la que defendió durante el anterior estado de alarma en que acusaba a Sánchez de imponer las políticas a las comunidades autónomas sin dejarles margen de maniobra.

Además de que que ha aparcado la reforma del paquete legislativo que anunció a los presidentes autonómicos y que confirmó la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, Sánchez se ha mostrado partidario de mantener la autorización judicial para aquellas medidas que, por necesidad de la emergencia sanitaria, afecten a derechos fundamentales. 

En líneas generales, nadie cree que sea todavía el momento de adoptar esa medida extraordinaria, pero ese el plan del Gobierno para el próximo otoño. “Estamos haciendo muchas cosas antes para que esa situación no se produzca”, ha admitido el propio Sánchez, a pesar de que no solo ha reconocido que “la evolución no es buena” sino que la ha calificado de “preocupante”. También ha asegurado que el estado de alarma no tiene por qué implicar un confinamiento como el que él mismo decretó en marzo. “Tendemos todos y, me parece hasta incluso natural, a pensar que la respuesta que tenemos que dar a esta segunda fase tiene que ser semejante a la primera y no es así, porque las condiciones materiales y el grado de conocimiento que tenemos de la COVID es distinto, es mucho mayor. Estamos más preparados”, ha asegurado.

La mayoría de autonomías descartan activar el estado de alarma en el corto plazo. La consellera catalana de Salud, Alba Vergés, ha asegurado que no es “en absoluto necesario”. En el caso de Castilla y León, el vicepresidente, Francisco Igea, reconoció ya la semana pasada que la opción de solicitar un estado de alarma para el territorio existía, aunque dejó claro que “no es el momento” de adoptarla. Sin embargo, tras el anuncio de Sánchez, el presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que esa no es la “solución”.

El que ha sido taxativo en su rechazo a la activación del estado de alarma ha sido el cántabro Miguel Ángel Revilla: “Aquí no lo vamos a declarar”. En la misma línea que el Gobierno central, Revilla considera que el incremento de casos responde en buena medida a que hay una mayor detección que en marzo y asegura que la situación actual no es comparable a entonces. Además, ha considerado “un contrasentido que todos aquellos que criticaron al principio el excesivo protagonismo del Estado ahora se quejen de que las autonomías, que tenemos la competencia en Sanidad, podamos tomar decisiones”. “Tenemos la Sanidad transferida y Cantabria tiene en marcha todos los mecanismos para hacer frente a esta emergencia”, ha rematado, informa Rubén Alonso.

Tampoco en el Gobierno socialista de la Comunidad Valenciana creen que sea el momento de tomar medidas en esa dirección, aunque no ven con malos ojos el planteamiento que ha hecho Sánchez. “Es positivo lo que plantea. Hay que dar cobertura legal”, señalan desde la presidencia de Ximo Puig, donde recuerdan que están “preocupados” ante el empeoramiento de la situación, aunque “mejor que otras comunidades”.

La Xunta de Alberto Núñez Feijóo, que fue la primera en reclamar la salida del estado de alarma en precampaña electoral para recuperar la totalidad de la gestión no se ha pronunciado por ahora sobre una hipotética adopción del mando único para encarar el repunte. Lo que sí les ha interesado es la posibilidad de disponer de rastreadores del Ejército, informa Daniel Salgado.