Los guiños de Sánchez a ERC: tregua en los recursos al Constitucional y llamada a Torra en el marco del “conflicto político”
Poco o nada trasciende de la negociación entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez más allá de que ambas formaciones siguen sentadas y que avanzan en la “definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político sobre el futuro de Catalunya” que es, para ambas partes, un punto de partida alentador de cara al futuro acuerdo; pero el presidente en funciones ya ha hecho públicamente varios gestos a sus interlocutores para allanar el camino.
El primero fue de carácter dialéctico, pero con una declaración de intenciones antes de sentarse formalmente a dialogar. En su primera rueda de prensa tras las elecciones y la firma del acuerdo con Unidas Podemos, Sánchez habló de “crisis política” en Catalunya. Esa calificación supuso una variación en el discurso del líder socialista, que llevaba meses de campaña reduciendo la crisis territorial a un problema de “convivencia” en la región.
Desde ese primer momento en el que la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, se sentó con su homólogo en ERC, Gabriel Rufián, antes de constituir los equipos negociadores, Sánchez moduló su discurso contra el independentismo. La lucha sin cuartel contra los separatistas había copado la campaña del PSOE en una estrategia que se demostró fracasada en sus aspiraciones de crecer exponencialmente a partir del electorado de Ciudadanos. Sin embargo, una de sus promesas electorales, lanzada en prime time en el debate a pesar de que no figurara en el programa socialista, se desvaneció apenas cuatro días después de que los españoles pasaran por las urnas. El PSOE ha aparcado la propuesta de introducir en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndum.
Una de las coincidencias en la mesa de negociación entre socialistas y republicanos ha sido la necesidad de evitar en lo posible la “judicialización” del debate político. En paralelo, en el plano judicial también se ha producido una relajación de la beligerancia en algunas de las causas abiertas. El jueves, la Fiscalía cambió de criterio respecto a la encarcelación de tres de los CDR encarcelados, los que no estaban vinculados con explosivos, para los que reclamó una libertad bajo fianza. Además las prisiones catalanas calificaron a los líderes independentistas presos en segundo grado, un régimen que no permite aún salidas y que evitará el recurso de la Fiscalía.
Marcha atrás en el recurso ante el Constitucional
En cuanto a los guiños de Sánchez a ERC, también tienen efectos prácticos. El Gobierno ha dado una tregua al Parlament ante el Constitucional frente a la guerra sin cuartel que declaró en los meses anteriores en los que llevó al alto tribunal cada texto referido a la autodeterminación o en el que interpretara que cuestionaba el orden constitucional aunque no tuviera el aval del Consejo de Estado, como sucedió con la moción que reprobaba al rey.
Ahora ha congelado la actuación contra la resolución aprobada en la Cámara catalana el 24 de octubre en la que rechaza la sentencia del Supremo sobre el procés. Apenas una semana después, a las puertas del 10N, el Consejo de Ministros solicitó un dictamen al órgano consultivo, el paso previo para elevarlo al Constitucional. El órgano consultivo respondió afirmativamente al Ejecutivo el pasado 14 de noviembre, pero el informe se ha quedado en un cajón. La previsión era que el Consejo de Ministros recurriera ese texto este viernes, según adelantó El Español y confirmaron a eldiario.es fuentes gubernamentales, pero finalmente Moncloa lo ha sacado del orden del día.
A Sánchez le quedan dos oportunidades para llevar la crítica al Supremo por parte del Parlament porque la resolución se publicó en el Boletín Oficial el 28 de octubre y la ley establece que el Ejecutivo tiene un margen de dos meses para recurrirla. Por tanto, el Consejo de Ministros tiene el 20 o el 27 de diciembre para tomar la decisión.
Lo mismo ha sucedido en el caso del texto aprobado el 26 de noviembre con los votos de JxCat, ERC y la CUP y que contenía aspectos ya suspendidos por el Constitucional sobre la autodeterminación y la reprobación del rey. La respuesta que da el Ejecutivo es que sus servicios jurídicos lo siguen estudiando.
Rebaja la lucha contra la “república digital”
Los socialistas se toparon con una situación delicada en la Diputación Permanente del Congreso tras los comicios, cuando llegó para su convalidación el decreto ley para “poner punto y final” a la “república digital catalana”, en palabras de Sánchez, que lo anunció a bombo y platillo antes de aprobarlo diez días antes de las generales, cuando el marco político era distinto: el PSOE aspiraba a crecer por el centro y miraba a la abstención del PP como fórmula para gobernar en solitario. El “155 digital” lo rechazaron, sin embargo, sus actuales potenciales aliados para seguir en Moncloa: desde ERC a Unidas Podemos pasando por el PNV. El Gobierno logró salvar el decreto con el apoyo de PP y Ciudadanos y la abstención del grupo confederal, al que prometió cambios en una legislación posterior.
Sánchez es consciente de que el calendario de ERC no se ajusta al suyo y que, para conseguir su abstención, tendrá que esperar, como mínimo, hasta que el 19 de diciembre el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Por eso los socialistas se han preparado para ganar tiempo y extender los plazos para la investidura más allá de lo que inicialmente habían planificado (que saliera adelante con mayoría simple precisamente el próximo jueves). El Gobierno de coalición tendrá que esperar. Sus protagonistas lo saben y no se atreven siquiera a poner una fecha entre la última semana de diciembre o ya en enero de 2020.
En ese nuevo plan de ampliar el margen para la negociación, Sánchez ha cumplido con otra de las exigencias de ERC: el reconocimiento de Quim Torra como interlocutor válido de la Generalitat. Así figuraba implícitamente en el último comunicado conjunto de los equipos negociadores al hablar de “reconocimiento institucional mutuo”. Sánchez ha camuflado el gesto hacia Torra en una ronda de llamadas a todos los presidentes autonómicos e incluso el de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, para hablar de la gobernabilidad.
El Ejecutivo niega, además, que se trate de una coartada para hablar con el presidente catalán en exclusiva. “Lo más coherente es que en un momento en que el candidato afirma, con razón, que lo primero que necesita España es un Gobierno es bastante razonable que abra una interlocución con los presidentes autonómicos, también con Torra, pero con el orden de antigüedad en que cada comunidad autónoma presentó sus estatutos”, expresó la portavoz, Isabel Celaá, sobre la reclamación del catalán de ser el primero.
ERC, por su parte, ha vendido como un triunfo suyo ese anuncio que Sánchez realizó en su comparecencia tras recibir el encargo del rey de someterse a la investidura. Sin embargo, para el jefe del Ejecutivo catalán, a quien el presidente en funciones no cogió el teléfono durante la campaña, se trata de “un gesto vacío”.
Mientras tanto, los equipos negociadores de PSOE-PSC y ERC siguen sentados, aunque con un perfil totalmente discreto –como algunos encuentros que han mantenido fundamentalmente para preparar las citas públicas–. En la última reunión, celebrada en Barcelona –también como gesto hacia los republicanos catalanes–, se conminaron a volver a reunirse, pero alejados de los focos para evitar la presión. “Estamos avanzando, pero las negociaciones tienen que ser discretas –dijo Sánchez el miércoles–. Las negociaciones tienen que ser discretas para que pueda culminar en buen puerto”.
Por ahora, lo más lejos que ha ido el presidente en funciones es a comprometerse a que los próximos Presupuestos Generales del Estado aumenten la inversión en infraestructuras para Catalunya hasta el 18%, dando cumplimiento al Estatut, y a abrir un diálogo entre gobiernos “en el marco de las leyes democráticas y la seguridad jurídica”, según expresó este viernes en Bruselas. Sánchez recupera así el texto de Pedralbes con el que apostaba por el diálogo con la Generalitat cuando se sentó con Torra, pero no dio detalles de si es un paso para la negociación. “Cuando termine la negociación, lo contaremos todo”, aseguran en Moncloa.
