Pedro Sánchez asume que la reforma constitucional se abrirá tras al 1-O

“El plazo es ya”. Con esa premura aseguró la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que se debían poner en marcha los mecanismos para frenar el conflicto territorial. Los socialistas deslizaron que la propuesta que este viernes iban a consensuar con el PSC materializarse en el Parlamento en septiembre. El secretario general, Pedro Sánchez, ha asumido este viernes que la puesta en marcha puede dilatarse y sitúa en el genérico “próximo periodo de sesiones” el inicio de los trabajos. 

Sánchez, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, han pactado que sus partidos impulsen a partir del próximo periodo de sesiones del Congreso una subcomisión o el órgano conveniente que empiece a trabajar en los contenidos de una reforma constitucional federal. La iniciativa del Grupo Socialista encuentra dificultades dado que ya está cubierto el cupo de subcomisiones dependientes de la Comisión Constitucional del Congreso. 

Además, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quiere desvincular el inicio de los trabajos para cambiar la Carta Magna del desafío soberanista en Cataluña. “Si Rivera considera que debe hacerse después del 1-O, perfecto, pero que se haga”, ha admitido Sánchez en la rueda de prensa posterior a la reunión de las direcciones de PSOE y PSC en la que han dado el visto bueno a la Declaración de Barcelona, que recoge una “oferta política” para Cataluña que evite el “choque de trenes” del 1 de octubre, y que entre otros puntos plantea que la reforma federal de la Carta magna “reconozca las aspiraciones nacionales” de Cataluña.

Sánchez ha admitido que no comparte con Rivera que haya que esperar a que pase el 1 de octubre para abordar el conflicto. Además, ha dejado claro que no pretende esperar a que el PP se sume a la iniciativa de reforma constitucional. “Nos gustaría abrirla en el próximo periodo de sesiones y si no es con el Grupo Popular, que es lo que le pido al señor Rajoy, sea con el líder de Ciudadanos y de Unidos Podemos”, ha expresado. Rivera considera que la suma del PP es fundamental. 

La iniciativa presentada este viernes pretende poner fin al conflicto catalán asumiendo 45 de las 46 cuestiones que Carles Puigdemont planteó a Mariano Rajoy en 2016, a excepción del referéndum. Además, los socialistas plantean mejoras en el sistema de financiación autonómica y dan por válida la reclamación de que se descentralice el 0,7% del IRPF.

“Recuperar el nivel de inversión del Estado en Catalunya, mediante la prórroga de la Disposición Adicional 3ª del Estatuto con el fin de garantizar que los Presupuestos Generales del Estado destinen el porcentaje de inversión que corresponde a la  participación de Catalunya en el PIB”, es una de las propuestas, que se suma al impulso de un nuevo sistema de financiación autonómica cuyo estudio ya se puso en marcha tras la última reunión de la Conferencia de Presidentes.

También plantea recuperar algunos de los aspectos del Estatut que fueron anulados por el Tribunal Constitucional y que los socialistas aseguran que fue debido a problemas de forma más que de fondo. Una de las medidas que plantean los socialistas es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Catalunya y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial”. Esa iniciativa ya la intentó José Luis Rodríguez Zapatero en su momento.

El Gobierno de Susana Díaz ya ha cuestionado las pretensiones de Sánchez en Cataluña y ha reclamado que la oferta que haga el PSOE mantenga la igualdad entre territorios. “Son muy conocidas las posiciones de la Junta de Andalucía y del PSOE-A sobre el modelo territorial”, ha afirmado el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, quien ha remarcado que este, desde “el respeto a la singularidad de cada territorio”, tiene que llevar “desde luego la igualdad por bandera”.

Sánchez tiene previsto iniciar una ronda de contactos con dirigentes políticos en Catalunya para hablar de estas iniciativas y asegura que estaría “encantado” de que uno de ellos fuera el presidente, Carles Puigdemont. También pretende reunirse con líderes sociales e intelectuales, aunque no ha precisado quiénes. 

Sobre la crisis de gobierno en la Generalitat, Iceta ha asegurado que demuestra que la “legislatura entra en fase de descomposición” y ha recordado que Puigdemont “no ha cumplido ni uno de los compromisos que prometió y que no va a estar en condiciones de cumplir” los que ha asumido hoy porque “no tiene capacidad de organizar un referéndum”. Iceta ha deseado que la nueva composición del Gobierno no suponga una ruptura de los puentes y ha lamentado el cese del conseller de Interior, Jordi Jané, a quien ha atribuido el éxito de reunir a la Junta de Seguridad que engloba al Gobierno central y la Generalitat.