Pedro Sánchez pretende mantener el mando único a través de sucesivas prórrogas del estado de alarma hasta que culmine el proceso de desescalada, que tiene como fecha más optimista finales de junio. La “decisión política” está tomada, según ha dejado claro el presidente del Gobierno frente al incremento de la presión por parte de algunas comunidades autónomas y de sus aliados parlamentarios, que reclaman que sean los gobiernos regionales los que se hagan cargo de la “transición a la nueva normalidad”. Pese a la amenaza con no apoyar la prórroga hasta el próximo 25 de mayo que se debatirá este miércoles en el Congreso, Sánchez manifestado que no está dispuesto a cambiar la estrategia y ha avisado a comunidades y oposición: “No hay plan B”.
El presidente ha defendido que el mando único se mantenga hasta que se implante la nueva normalidad porque considera que “es importante el liderazgo del Gobierno de España” para “dar una visión más agregada” de la enfermedad, que ha recordado que no entiende de fronteras administrativas. Sánchez sostiene que las decisiones se tomarán en una suerte de cogobernanza en la que las comunidades tendrán trato bilateral a la hora de plantear cuestiones al Gobierno, como distintas unidades geográficas para la desescalada, por ejemplo.
Esa es una de las principales peticiones de los gobiernos autonómicos: que la desescalada funcione a partir de áreas sanitarias o comarcas en vez de por provincias. Sánchez ha insistido en que el Gobierno está dispuesto a estudiar los casos concretos, pero ha defendido que el paso de una fase a otra sea a nivel provincial. El presidente ha asegurado que muchos ciudadanos no sabrían en qué zona se encuentran. “¿Podrían decir: no puedo pasar de esta calle porque superaría el área sanitaria?”, se ha preguntado. “El panel en base al que vamos a decidir no es solo capacidades estratégicas, también es la movilidad económica”, ha explicado.
La mayoría de presidentes autonómicos, entre ellos socialistas como Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara, Emiliano García-Page o Ximo Puig, defienden que la desescalada tenga unidades de medida distintas a la provincia. Argumentan, por ejemplo, que los principales focos de contagios están en las grandes ciudades que pueden lastrar al resto de municipios.
Otros casos, como Catalunya y Euskadi, reclaman recuperar las competencias para llevar a cabo la desescalada desde las administraciones territoriales. Los partidos que sustentan a esos gobiernos autonómicos y aliados parlamentarios de Sánchez -PNV y ERC- amagan incluso con dejar en manos del PP la aprobación de las prórrogas del estado de alarma. Sánchez ha advertido de que tumbar la prórroga acabaría con la capacidad de mantener las medidas de confinamiento y reducción de la movilidad.
“Es el único instrumento que tenemos para garantizar la restricción de la movilidad. ¿Qué ocurriría? Que los deportistas podrían salir cuando quisieran y estar en contacto con personas de riesgo”, ha puesto a modo de ejemplo. También ha insistido en que la mayoría de estado de la UE tienen activados mecanismos similares al estado de alarma.
Otro de los argumentos que ha esgrimido Sánchez para que se mantenga el estado de alarma ante la amenaza de los grupos de no apoyarlo es que decaerían inmediatamente algunas medidas sociales y económicas adoptadas durante este periodo, como los ERTE a lo que se han acogido ya tres millones de empleados o los 20.000 millones para liquidez a pequeñas empresas y autónomas que de descongelarán en el Consejo de Ministros de este martes: “Es importante ser conscientes del impacto que podría tener no solo en la salud pública sino también económico y social”.
El presidente se ha defendido de las críticas por la unilateralidad en la gestión así como de la falta de interlocución con las formaciones parlamentarias. Sánchez ha reiterado que, con la de este domingo, se habrán celebrado ocho conferencias de presidentes -batiendo un récord en democracia, según ha repetido-, y que departe con los grupos cuando tiene que llevar una nueva solicitud de prórroga del estado de alarma al Congreso. Sin embargo, tanto oposición como aliados parlamentarios reprochan el Gobierno que contacte una vez que las decisiones están tomadas y anunciadas.
Sánchez ha asegurado que habla con los líderes de los grupos con representación parlamentaria cada lunes antes de que se produzca el debate de la prórroga del estado de alarma en el Congreso -que se realiza cada 15 días por la “decisión política” de “rendir cuentas” ya que ha recordado que podría prorrogarlo para las próximas seis semanas directamente-. El presidente ha asegurado que, con la nueva prórroga que el Consejo de Ministros aprobará el martes, volverá a telefonear a los portavoces: “Lo volveré a hacer con todos y cada uno de los grupos”.
Desde el PP confirman que la última llamada al jefe de la oposición se produjo hace trece días -el pasado lunes 20 de abril, cuando acordaron la puesta en marcha de una comisión en el Congreso para la búsqueda de un pacto de reconstrucción- y que antes de esa fecha llevaba 17 días sin contactar -desde el sábado 4-. El anterior contacto se produjo trece días antes. La última llamada a Inés Arrimadas fue el 16 de abril: “Y antes de eso solo nos ha llamado justo antes de que el congreso debata la prorroga, y siempre después de haber anunciado por televisión que la iba a pedir”, reprochan desde Ciudadanos. “Los contagios no se evitan con polémicas; el virus no se doblega con división, ningún enfermo se cura con insultos. Esa es mi manera de entender la política”, ha expresado Sánchez en su intervención.
Fondos para las comunidades y recuperación en 2023
Frente a las críticas que le llegan de todos los flancos -incluso desde las filas socialistas en las que acusan al presidente de estar “bunkerizado-, Sánchez ha asegurado que el Gobierno ”escucha“ las demandas de partidos, instituciones y colectivos sociales. ”El Gobierno no polemiza ni polemizará con otras administraciones“, ha afirmado Sánchez, que ha puesto como ejemplos su cesión con Pablo Casado para que el pacto de recontrucción se negociara en una comisión parlamentaria en el Congreso, o la ”atención“ a los autónomos que ”ahora pueden compatibilizar la prestación por cese de actividad con otro tipo de prestación“ o las ”reivindicaciones del ámbito rural“ para que, a partir de este sábado, se puedan cuidar los huertos pequeños.
Y en ese capítulo ha mencionado que atiende a la petición de los gobiernos autonómicos para anunciar un fondo “no reembolsable” de 16.000 millones de euros para las regiones que no se distribuirá en función de la incidencia de la COVID-19 en cada una de ellas. A falta de detalles que concretará en su videoconferencia con los jefes de los ejecutivos este domingo, Sánchez ha explicado que 10.000 se destinarán a la capacidad del sistema sanitario; mil a cuestiones sociales y 5.000 a paliar los efectos económicos y sociales de la crisis del coronavirus.
Sánchez ha reclamado unidad para vencer salir de la crisis. Aunque ha reconocido que habrá un impacto económico importante sobre todo en el empleo ya que la previsión es de una reducción de la riqueza nacional de un 9%, ha afirmado que el cálculo es que se pueda recuperar el empleo y la riqueza en 2021 y 2022 para “terminar en 2023 mejor de lo que estábamos al comenzar este año tan dramático
como consecuencia de la COVID-19“.
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