Sánchez plantea prorrogar al estado de alarma un mes pero solo Sanidad mantendrá competencias sobre las autonomías

Pedro Sánchez mantiene su intención de solicitar al Congreso una última prórroga del estado de alarma que abarque hasta el final del proceso de desescalada. Esa medida, que se aprobará en el Consejo de Ministros del martes para que el Parlamento la vote el miércoles, devolverá prácticamente todo el poder a las comunidades autónomas ya que solo el Ministerio de Sanidad seguirá como autoridad delegada. Además, se devuelve poder a las comunidades autónomas a través de la “cogobernanza” y se podrá levantar esa medida de excepcionalidad recogida en la Constitución por territorios en función de cómo evolucione la pandemia en cada uno de ellos.

El presidente del Gobierno ha asegurado que la intención es que esta sea la última prórroga del estado de alarma para “abarcar hasta el final de la desescalada” -acabaría “en julio”, según ha dicho en una rueda de prensa-. El plazo sería, por tanto, de “alrededor de un mes” en vez de quince días, que es el periodo por el que ha ido prorrogando el estado de alarma desde que lo decretó el pasado 14 de marzo. Sánchez ha explicado que, al tratarse de una “fase completamente distinta”, tendrá modificaciones hacia la “desescalada institucional”.

Solo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se mantendrá como autoridad delegada mientras que los titulares de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grandez-Marlaska; y Transporte, José Luis Ábalos, dejarán de tener “facultades extraordinarias”. En el caso de Sanidad, el presidente ha asegurado que se mantendrá la “cogobernanza” que se ha puesto en marcha en el inicio de la desescalada en la que las comunidades plantean medidas que se abordan conjuntamente con el ministerio en lo que ha denominado “encuentro bilateral”. La recuperación de las competencias para la gestión de la desescalada era una de las exigencias de algunos de los aliados parlamentarios del Gobierno, especialmente de ERC y PNV. El Ejecutivo ha hecho ya varios guiños en esa dirección para intentar recuperar al menos la abstención de ERC.

Sánchez ha defendido que el estado de alarma debe mantenerse fundamentalmente para mantener las restricciones de la movilidad interprovincial, pero ha reconocido que “no tiene sentido que tengamos cuatro autoridades delegadas”. Además, ha asegurado que el proceso será “asimétrico con todas las consecuencias” por lo que el estado de alarma se podrá levantar en algunas comunidades antes que en otras en función de cómo evolucione la pandemia. Esa decisión supone un cambio con respecto al plan inicial de desescalada en el que se preveía restringir la movilidad entre provincias hasta que todas ellas estuvieran en la fase de “nueva normalidad”. El levantamiento territorializado del estado de alarma, permitiría los cambios entre provincias que estén más avanzadas en el control de la pandemia.

La intención es que en este periodo el Gobierno tenga margen para negociar la reforma legal que permita gestionar la situación una vez que se levante el estado de alarma porque no sea necesario restringir la movilidad. “Podremos utilizar otros mecanismos de cogobernanza liderados por el Ministerio de Sanidad”, ha aseverado. El departamento de Illa será el que “condense” las competencias que requiera el mando único para la emergencia sanitaria.

El presidente no ha querido poner una fecha concreta a cuánto se prolongaría el estado de alarma y ha asegurado que es algo que está en “negociación” con los grupos parlamentarios, a excepción de PP y Vox, que ya han anunciado su voto en contra. “Antes de conocer la propuesta”, ha reprochado Sánchez, que en su intervención inicial ha asegurado que pretende encontrar el “consenso” en el Congreso. “Los ritmos los marca la ciencia, no los marca la política”, ha expresado Sánchez. Inés Arrimadas, que apoyó la última prórroga tras una negociación con Moncloa, se ha mostrado partidaria de que se mantenga el criterio de ir aprobado el estado de alarma cada quince días.

A Ayuso: “El Gobierno pelea en el mismo equipo”

Sánchez ha evitado entrar en la confrontación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acusa al Ejecutivo de provocar “la ruina” de la región por la decisión de mantenerla en fase 0, con alguna flexibilización como la apertura del negocio minorista, al igual que Barcelona y buena parte del territorio de Castilla y León.

“Si optáramos por priorizar el negocio sobre la salud acabaríamos echando a perder la salud y también el propio negocio”, ha dicho en su intervención inicial en un claro mensaje al Gobierno madrileño, que está siendo el más beligerante contra el central. “Cuando Madrid, con otras comunidades, como el área metropolitana de Barcelona, estén en condiciones de pasar a fase 1, el Gobierno de España será quien lo valide, certifique y respalde. En la lucha frente al virus, el Gobierno de España pelea en el mismo equipo que el conjunto de gobiernos autonómicos y municipales”, ha afirmado.

Sánchez ha insistido en que las decisiones obedecen a criterios científicos y en ningún caso políticos: “La excepción [respecto a la evolución a fase 1] afecta a las zonas más afectadas por la epidemia y principalmente a las dos zonas con mayor densidad poblacional que a juicio de los expertos sanitarios no reúnen aún las condiciones para transitar a la fase 1, esto es, la Comunidad de Madrid y Barcelona y el área metropolitana de Barcelona”. A pesar de la insistencia de los periodistas por si el Gobierno publicará los informes sobre la desescalada, el presidente no ha respondido. Sí ha asegurado que las actas de las reuniones del comité técnico se publicarán, aunque no ha fijado un horizonte temporal.

Sobre las concentraciones que se están celebrando en los últimos días en lugares muy concretos, como en la calle Núñez de Balboa de la capital así como las convocatoria de la extrema derecha para reclamar su dimisión, Sánchez ha asegurado que “lo importante no es el propósito” sino que ha implorado a los participantes a que respeten “las distancias de seguridad” y las “medidas de protección”. “Hemos andado un camino importante, en el que hemos tenido que sacrificar muchas cosas de vida social y laboral. Ahora que estamos cerca de llegar a nueva normalidad lo importante es que no relajemos nuestras conductas sociales”, ha expresado Sánchez, que ha reiterado que en las decisiones del Gobierno respecto a la desescalada no hay razones “ideológicas”.

“No debemos engañarnos, el único camino hacia la recuperación económica y la reactivación laboral pasa por superar de una vez por todas esta emergencia sanitaria”, ha subrayado Sánchez, que ha recordado que “el virus no se ha ido y su amenaza sigue siendo real”. En ese sentido, ha reiterado las medidas que el Ejecutivo ha puesto en marcha para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia, como la prolongación de los ERTE hasta el 30 de junio o las líneas ICO, de las que el Consejo de Ministros del martes desbloqueará otros 20.000 millones -llegando en torno a 80.000 desde el inicio de la crisis-.

El Gobierno trabaja para aprobar el Ingreso Mínimo Vital de 462 por persona y con un tope de 1.015 euros por unidad familiar en la próxima reunión del gabinete tras haberse abordado en el Comisión Delegada de Asuntos Económicos el viernes. Lo que ha enfriado Sánchez es la propuesta de un impuesto a las grandes fortunas que sustituya al de Patrimonio en los términos en los que lo ha anunciado Unidas Podemos.

A pesar de que fuentes del grupo confederal aseguran que Sánchez y Pablo Iglesias han pactado los detalles, el presidente se ha limitado a referirse al acuerdo programático de la coalición, que recoge un compromiso genérico sobre el gravamen a los ricos. “Esa es una medida que ha planteado Unidas Podemos en el seno de la comisión parlamentaria de reconstrucción social y económica y es ahí donde tendrá que debatirse y sustanciarse por parte de los grupos parlamentarios”, ha aseverado el presidente.