Sánchez trata de estabilizar la legislatura y calmar al resto de socios tras los acuerdos con el partido de Puigdemont

Ya no es la amnistía. Ni la agónica negociación que precedió a la aprobación del potente paquete social impulsado por el Gobierno. Tampoco la V de Vendetta con que Podemos asestó un duro golpe a Yolanda Díaz. Todo gira ahora en torno al precio pagado para que el independentismo catalán facilitara la aprobación de los decretos. En especial, el que compromete a delegar las competencias en inmigración a Catalunya y se pactó con Junts, un partido que no gobierna, pero compite electoralmente con los republicanos, actuales regentes de la Generalitat y socios además en Madrid de los socialistas. Igual que el PNV, que reclama ahora el 'qué hay de lo mío' mientras el PP amenaza con ir al Constitucional, pide a Pedro Sánchez que rectifique y no aliente posiciones xenófobas entre sus aliados parlamentarios.

La digestión de lo ocurrido el pasado miércoles en el Senado no será fácil, pero el Gobierno se ha puesto manos a la obra para estabilizar la legislatura, corregir la metodología de trabajo, aplacar el malestar de sus aliados y hacer un verdadero ejercicio de equilibrismo con el que satisfacer los intereses de todos ellos. 

No será fácil, pero los socialistas proyectan ya a futuro después de sortear el peligro de que el primer pleno del año acabase con un severo revolcón parlamentario y de entonar el 'mea culpa' por no haber negociado con suficiente antelación los decretos, ignorar los tiempos informativos y dejar que los de Puigdemont impusieran un relato que ahora ellos tratan de descafeinar y aterrizar a la realidad europea. 

A pesar de la falta de concreción en el acuerdo que prevé la delegación de competencias sobre inmigración, el revuelo ha obligado a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a fajarse en la explicación con el resto de socios y también a dar una patada al balón de lo acordado hasta situarlo en el terreno de la inconcreción y un horizonte tan lejano como incierto. Y es que, en efecto, todo depende de la redacción y posterior tramitación de una ley orgánica cuya aprobación requiere de una mayoría de 176 diputados que el Gobierno no tendría en el Congreso para sacar el texto. Mucho menos después del terreno en el que Junts ha situado el debate al plantearlo en similares términos a los de los partidos ultras abiertamente xenófobos.

Desde el pasado jueves, Bolaños y Montero han tratado con su presencia en varios medios de rebajar las alarmas alentadas por la derecha al recordar que sea quien sea quien gestione las competencias en la materia es la Unión Europea quien dicta la política migratoria de sus países miembros. “Ni Catalunya, ni Madrid, ni España. Son las instituciones europeas quienes marcan la senda por donde ha de transitar la política migratoria. Cada vez es más obligado cumplir con las directrices de la UE, donde hay un acuerdo que establece los criterios de solidaridad con los estados miembros más afectados por los flujos migratorios”, asegura un ministro del PSOE que en todo caso cree que el Gobierno ha salvado el 'match point' en un partido en el que las derechas esperaban “una derrota parlamentaria clamorosa” de Sánchez.  

De ahí que desde La Moncloa intenten trasladar el debate no a lo que dicen los de Puigdemont en los medios de comunicación sino a lo que finalmente hacen: “Hace cinco meses, antes de la campaña del 23J, decían que jamás votarían la investidura de un presidente del Gobierno español porque todo lo de España les era ajeno, y ya han votado la presidencia de Francina Armengol como tercera autoridad del Estado y la de Pedro Sánchez”. 

Más allá de las explicaciones que se dan ahora pero no se dieron en el momento en el que Junts hizo público el acuerdo, la verdadera preocupación en la Moncloa es calmar el malestar de ERC, que no sólo se llevó las manos a la cabeza cuando conoció el contenido de lo pactado sino que exigió inmediatamente explicaciones. Bolaños se puso en contacto de inmediato con ERC y el Govern –donde también hay diferencias sobre cuál debe ser la estrategia frente a un Junts que les ha robado el foco y el protagonismo en Madrid– para explicarles que lo acordado era poco más que una declaración de intenciones. Así se lo trasladó a la consellera de Presidencia, a quien también dijo que sólo se trata de un anuncio y que todo está en una “fase muy embrionaria”. Laura Vilagrá quitó hierro después al acuerdo y afirmó que se trata de un “pacto muy difuso” y que su partido, que está a punto de graduarse en negociación con el PSOE, sabe “cómo acaba todo cuando los socialistas utilizan el verbo impulsar”.

Los detalles de la conversación entre Bolaños y Vilagrá los desveló la portavoz de ERC, Raquel Sans, pero coinciden con los que en las últimas horas ofrecen fuentes gubernamentales que están convencidas de haber tranquilizado a los republicanos. Lo mismo dicen de los dirigentes del PNV, que reclaman igual trato e idénticas competencias que Catalunya, y a quienes también Bolaños les tradujo en los mismos términos el alcance de los contenidos acordados con los de Puigdemont. El ministro de la Presidencia se reunió con el portavoz del nacionalismo vasco en el Congreso, Aitor Esteban, el mismo miércoles en el Senado para rebajar la tensión que provocó en sus filas negociación con los neoconvergentes.

No han sido casuales tampoco los guiños que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha regalado públicamente en los últimos días a los republicanos y a su sentido de la responsabilidad en toda negociación para distinguirlos de la escasa fiabilidad y la dureza de las formas de los Junts.

Podemos y su aviesa relación con Yolanda Díaz es otro asunto que envenena los sueños de Sánchez y, tras el 'no' de los morados al decreto que mejoraba la cobertura de los desempleados, los socialistas han decidido tomar cartas en el asunto después de varios intentos fallidos para que la líder de Sumar pusiera de su parte para destensar la situación de ese espacio de la izquierda. En adelante, serán los ministros del PSOE quienes, sea cual sea la materia a tratar en cualquier negociación parlamentaria, llevarán la interlocución con el partido de Ione Belarra, que ya es uno más del arco parlamentario desde que decidió salirse de Sumar y migrar al Grupo Mixto. “Tendremos que ser nosotros quienes salvemos los muebles a la ministra de Trabajo, dada su incapacidad manifiesta para entenderse con los diputados de Podemos y viceversa. El enconamiento es tal que aunque Díaz presentara una propuesta para subir el SMI un 40%, los cinco diputados morados votarían en contra”, ironiza otro ministro del Gobierno.

Sarcasmos aparte, lo que es una realidad inapelable es que Yolanda Díaz tiene hoy 26 diputados y no 31 como cuando arrancó la legislatura. Y que en adelante la relación con los cinco que se fueron del grupo la llevará exclusivamente el PSOE para evitar nuevas consecuencia del contacto cero entre ambas facciones de la izquierda alternativa. Algo que se antoja imprescindible en una legislatura compleja, en la que el Gobierno cuenta con una mayoría exigua donde todos los votos son necesarios todos los días y ante el convencimiento de Díaz –que el PSOE cree absolutamente erróneo– de que una estrategia de aislamiento matará antes a los de Pablo Iglesias.

Hasta aquí la resaca de una semana en la que el Gobierno de Sánchez estuvo a punto de morder el barro y, de nuevo, salvó los muebles. Para celebrarlo –o digerirlo– el presidente se ha llevado este fin de semana a todos los ministros a Quintos de Mora, donde antes de llegar varios ministros coinciden en la reflexión de que “con Podemos fuera del gabinete hay menos ruido interno, pero la mayoría de la investidura corre más riesgos”.