Seis de cada diez ayuntamientos medianos siguen sin canales para denunciar corrupción, un año después de ser obligatorio

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Seis de cada diez ayuntamientos intermedios, de entre 100.000 y 200.000 habitantes, siguen sin habilitar canales seguros para que sus trabajadores puedan denunciar ilegalidades, pese a que la legislación les obliga desde junio de 2023.

Es la Ley de Protección del Informante la que estableció que, desde junio del pasado año, todos los ayuntamientos de España tienen la obligación de “implementar sistemas internos de información a través de los cuales las personas que tengan una relación laboral o profesional con ellos puedan informar, de manera segura y anónima, de posibles infracciones del ordenamiento jurídico”.

Según se detalla, estos sistemas internos deben contar también con un responsable y un procedimiento para la gestión y tramitación de las comunicaciones recibidas.

RETRASO GENERALIZADO

El Tribunal de Cuentas decidió hacer un sondeo en los 35 municipios de entre 100.000 y 200.000 habitantes y ha comprobado que hay un “retraso generalizado en la implantación del canal del informante” entre estos ayuntamientos.

Según su informe, recogido por Europa Press, sólo seis de esos 35 ayuntamientos habían puesto en marcha el canal interno de información en el plazo establecido por la ley. Se trata de San Sebastián, Getafe (Madrid), Girona, Lleida, Mataró (Barcelona) y Santander, que también habían designado a una persona responsable para ocuparse del canal, y habían aprobado un procedimiento para la gestión y tramitación de la información recibida.

Ya fuera del plazo legal, pero antes de que el Tribunal de Cuentas cerrara su fiscalización, otros ocho ayuntamientos fueron poniendo en marcha sus sistemas internos: Barakaldo (Vizcaya), Dos Hermanas (Sevilla), Cádiz, Fuenlabrada (Madrid), Huelva, Salamanca, Tarragona y Torrejón de Ardoz (Madrid).

La institución que preside Enriqueta Chicano ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para “continuar esforzándose en el fortalecimiento de sus procedimientos y controles, implementando Sistemas internos de información en los casos en los que carezcan de ellos, e impulsando mejoras continuas en los existentes”.

Pero, el tribunal aconseja también poner en marcha campañas de sensibilización y difusión con el objetivo de que los informantes conozcan la existencia de estos sistemas de gestión de denuncias ante el conocimiento de posibles infracciones.