El caso Koldo convulsiona al servicio antiterrorista de la Guardia Civil

El Servicio de Información de la Guardia Civil, su estructura antiterrorista, vive un terremoto silencioso motivado por las evoluciones del conocido como caso Koldo. Los investigadores han descubierto que el empresario epicentro de la trama, Víctor de Aldama, figura dado de alta en los achivos policiales como colaborador de la unidad contra el terrorismo islamista. Los avances en las pesquisas no han hecho sino agravar las sospechas que ya suscitaba la supuesta aportación de Aldama como confidente de una unidad de esas características. 

El empresario fue detenido el 21 de febrero. Se trataba de una primera fase de la operación que también tuvo por objetivo a Koldo García, el antiguo asesor del ministro Ábalos. Dos semanas después, los agentes de la de la Guardia Civil detuvieron Rubén V. C, comandante del Cuerpo que había viajado unos días a España desde su recién estrenado destino en la Embajada en Venezuela. Se empezó a adivinar entonces el triángulo formado por Koldo, Aldama y Rubén, ubicado en la zona de sombra donde operan los servicios de Información. 

La clave de la actual crisis en el instituto armado reside en los delicados cometidos que tenía Rubén hasta pocas semanas antes de su arresto: jefe de captación de fuentes en la Unidad Central Especial 2, la unidad para la prevención y persecución del terrorismo yihadista. Un Servicio de Información cosecha éxitos por el nivel de las fuentes que capta y mantiene. ¿Qué podía aportar a una unidad antiterrorista un consejero de Air Europa, con importantes contactos en Venezuela y que está acusado de acercarse al ministro Ábalos para corromperle?

Fuentes no oficiales consultadas por elDiario.es rechazan explicar la aportación de Aldama a UCE-2 por tratarse de cuestiones operativas que requieren del secreto. Al mismo tiempo, esas fuentes cierran filas y destacan que la condición de fuente de Aldama fue “validada” por la unidad y estaba “auditada”. 

Ese secreto sobre la actuación de la UCE-2 que solo la insistencia del juez del caso podría desvelar, se enfrenta a un buen número de evidencias aportadas por los investigadores de la UCO en su último atestado sobre Rubén V. C, cordobés, de 43 años. Esos indicios apuntan a un intercambio entre el mando de la Guardia Civil, de un lado, y Aldama y sus colaboradores por otro. El comandante les daba cobertura en cuanto a su seguridad, les abastecía de teléfonos libres de pinchazos y hasta hacía barridos en sus coches para detectar la posible colocación de micrófonos o localizadores. A cambio obtenía una asignación que la Unidad Central Operativa calcula en 2.000 euros mensuales. 

Hasta el último atestado de la UCO, todo apuntaba a un guardia civil presuntamente corrupto, con la categoría de mando, en un destino delicado. Pero eso fue antes del último atestado de la UCO. Porque en el informe emergen algunos descubrimientos que elevan la gravedad del caso. 

Los agentes se incautaron de dos grabaciones de una conversación entre Rubén y su jefe, el coronel al mando de la Unidad Central Especial número 2, uno de los tres coroneles que tiene por debajo el general al frente del Servicio de Información. La grabación es del 27 de febrero, seis días después de que fueran detenidos Koldo García y Víctor de Aldama. En ella queda de manifiesto que el coronel conoce la relación profesional de Rubén con el empresario y su supuesta condición de fuente.

El fiasco policial que supuso el 11M motivó una reforma de los servicios de Información que acometió el Gobierno de Zapatero. En la Guardia Civil, su estructura antiterrorista se dividió en tres unidades centrales, según su especialidad. La UCE-2, combatiría el fenómeno yihadista y triplicaría el número de agentes destinados a ese cometido. También se especializaría en “el resto de las amenazas terroristas, tanto de nivel nacional como internacional” y combatiría “grupos delincuenciales organizados”, así como redes de inmigración ilegal, pero siempre que fueran casos graves, con “potencial desestabilizador” para el Estado. La pregunta que flota ahora sobre la investigación es a cuál de esos campos podía aportar como fuente el empresario Aldama.

A la vista del informe de la UCO, una de las acusaciones populares de la extrema derecha personadas en el ‘caso Koldo’ ha solicitado que se cite como investigado al coronel que dirige UCE-2. Iustitia Europa y Hazte Oír alegan “su nivel de implicación y su responsabilidad en la supervisión de las operaciones clave de la investigación” como motivos para que actúe el juez Ismael Moreno. 

El triángulo de Koldo, Aldama y el comandante Rubén

En el atestado entregado al magistrado, la UCO destaca la “infiltración” del empresario Aldama en el Ministerio de Transportes y en las Fuerzas de Seguridad. El instrumento de Aldama para lograr esa “infiltración” fue Koldo García, el antiguo escolta en Euskadi, vigilante de seguridad y portero de discoteca. Aunque son otras dos de sus facetas las que explican mejor el papel de Koldo en los hechos investigados: afiliado al Partido Socialista de Navarra en los años más duros de ETA –fue candidato en Huarte, feudo de la izquierda abertzale– y colaborador de los servicios de Información que luchaban contra la banda sobre el terreno. 

Fue en ese contexto en el que Rubén V. C. conoció a Koldo. Cuando ascendió a teniente, Rubén fue destinado a un puesto en Durango (Bizkaia). De ahí pasó al Servicio de Información de la provincia, en la lucha antiterrorista, y en ese periodo ascendió a capitán. En 2013 siguió en la especialidad pero ya destacado en servicios centrales. Destinado en Madrid se desplazaba continuamente a Euskadi y Navarra como agente de la Unidad Central Especial 1, (UCE-1), dedicada al combatir a la banda. Fue en esos años en los que Rubén conoció a Koldo. 

En los primeros meses del Gobierno socialista, Santos Cerdán habría puesto a disposición de José Luis Ábalos a un conductor del partido que había dejado Navarra para trabajar en Ferraz. Pedro Sánchez había alcanzado el Gobierno en 2018 y eligió a Ábalos, su compañero de fatigas en el ascenso a la secretaría general del PSOE, para el Ministerio de Transportes, entonces aún Fomento. 

A la escolta del nuevo ministro llegó un policía nacional llamado Rubén de Aldama, hermano del empresario. En la nube que seguía al ministro a todas partes ya estaban siempre el policía Aldama y Koldo García, indistinguible por momentos de un escolta más.

La Guardia Civil ha detectado varios intentos de Rubén Aldama para que Koldo conociera a su hermano empresario. Por fin, el 31 de agosto de 2018, el policía remite el número del asesor a Víctor. “Lo tienes a huevo para hacer cosas”, escribe el policía nacional. Conectados Koldo y Víctor de Aldama era cuestión de tiempo que entrara en escena el guardia civil con el que Koldo colaboraba desde los tiempos de Navarra. El triángulo formado por Koldo, Aldama y el comandante Rubén había ensamblado. 

En los dispositivos móviles incautados en febrero, la UCO ha encontrado conversaciones de WhatsApp en las que se alude a los pagos que la trama de Aldama hacía al comandante Rubén, jefe de captación de fuentes en la lucha contra el terrorismo islamista. La cuantía, 2.000 euros por entrega. Estos pagos ya eran conocidos por los investigadores y por el juez, pero los nuevos descubrimientos de la UCO convierten el caso Koldo en un problema para el servicio antiterrorista de la Guardia Civil. 

El comandante implicó a varios subordinados en el blanqueo de las cantidades que Rubén cobraba en metálico, una finalidad que estos han asegurado desconocer. De otro lado, Rubén habría informado al coronel al mando de su unidad que Aldama era una fuente que tenía que manipular y cuidar a la vez. Esta es la interpretación más beneficiosa que se puede hacer de las declaraciones de los seis agentes que han declarado ante sus compañeros de la UCO y de la conversación que Rubén grabó a su coronel poco antes de ser detenido, y cuando probablemente ya sabía lo que le esperaba. 

En su atestado, la UCO otorga un número a cada uno de los agentes del servicio antiterrorista a los que interroga. Una investigación de esta magnitud de los policías judiciales a los agentes antiterroristas de Información es un hecho sin precedentes. Se han sucedido meses de tensiones soterradas en las que se ha mezclado compañerismo mal entendido y corporativismo, lo que finalmente no ha evitado que finalmente el informe sea redactado y entregado al juez. 

El agente A5 es miembro del Servicio de Información y subordinado de Rubén en UCE-2. Le lleva a reuniones con Aldama, a las que el comandante siempre entra con mochila y una carpeta. De paisano, claro. Rubén pide a A5 pide que le ingrese en el banco cantidades de 2.000 euros. En el objeto debe poner asuntos como “viaje a Italia”. De ese modo, Rubén tendría en su cuenta el dinero que le ha dado en mano Aldama. Es una presunta forma de blanquear el origen ilícito del dinero.  

El agente A6 está destinado a tareas burocráticas en el Servicio de Información, no es un operativo. También fue subordinado de Rubén. Recoge sobres que le da el empresario y entrega a éste teléfonos móviles de parte del comandante. También le hace ingresos de 2.000 euros. “Viaje a Israel”, consta en el banco. 

Pese a que el comandante Rubén dice a sus subordinados que todo tiene que ver con el trabajo de relación con la fuente, el agente A6 declara ante la UCO que “jamás se había llevado a cabo una operativa como la descrita de realizar ingresos en efectivo y que solo se han realizado con Rubén Villalba y bajo demanda de este”.

Hay otros testimonios en el mismo sentido. Están el agente A4, A5 y A7. Pero hay más. Están los guardias especializados en medios técnicos. A9 lleva treinta años en la lucha antiterrorista, siempre dedicado a obtener información a través de la tecnología. El comandante Rubén le pidió teléfonos móviles y tarjetas SIM. Él se los entregaba, también cargaba de saldo esos teléfonos y les instalaba aplicaciones de mensajería como Telegram o Signal. 

¿Y por qué no iba Rubén a comprar los teléfonos en persona? Fuentes de la lucha antiterrorista explican que el teléfono, y por supuesto las tarjetas, tienen que vincularse por ley a su comprador. Los dispositivos de los que dispone el Servicio de Información permiten a quien los utiliza que nadie pueda vincularles con esos aparatos ni con los mensajes y llamadas que hacen desde ellos. Esos teléfonos deberían estar destinados a las fuentes de los agentes antiterroristas, a los que les nutren de información, para que se pongan en contacto con los policías que les controlan. 

¿Hacía eso Aldama o simplemente quería blindarse ante investigaciones como las de la trama de hidrocarburos que le ha llevado hace unos días a la cárcel, o la de corrupción del caso Koldo? Se lo pregunta el propio coronel al mando de la UCE-2 en la grabación que Rubén hace de la conversación que mantienen al poco de ser detenido Aldama: “Ahí, ahí, ahí, la cosa fea realmente Rubén es ¿qué cojones hacemos nosotros comprándole telefonía a este tío, macho?”.

Cuando el coronel hace esa pregunta, Rubén le acaba de explicar que los 2.000 euros de los ingresos en el banco proceden del empresario Aldama como contraprestación por los dispositivos y sus tarjetas. “Es mucho dinero, Rubén”, apostilla el coronel. 

En este punto resulta de especial interés el testimonio del agente A11, quien confesó a los investigadores de la UCO que acompañó en una ocasión a Rubén a su Unidad Central Operativa a “a comprobar si se investigaba a una persona”. Y que allí le dijeron que “tuviera cuidado”, que efectivamente esa persona era investigada. Los policías de la UCO no sabían entonces que el interés de Rubén no era facilitar el trabajo de investigación de sus compañeros sino ayudar al empresario. De hecho, según cuenta A11, en su visita a la UCO, Rubén “se ofreció a ayudar”.

Los testimonios de los agentes de medios técnicos también permiten constatar que Rubén engañó a Víctor de Aldama con que realizarían un barrido en las oficinas del empresario. Todo fue un “simulacro”. Seguramente con la intención de Rubén de congraciarse con quien le pagaba un sobresueldo de 2.000 euros mensuales. Los agentes que lo practicaron se limitaron a obedecer a su comandante. En el trato con las supuestas fuentes que ayudan a salvar vidas cabe todo. También el engaño. El problema surge cuando esas fuentes no son tales. 

Un terremoto llamado A1

Para entender el terremoto que ha causado esta derivada del caso Koldo en la Guardia Civil es necesario apuntar que A1, el coronel ante el que rendía cuentas Rubén, fue un oficial de élite en los tiempos de los golpes duros de ETA y también de los éxitos del instituto armado. Al hoy coronel A1 se le puede escuchar ofrecer su testimonio, con el rostro oculto, en alguna de las series documentales que las plataformas digitales han emitido en los últimos años sobre la lucha policial contra la organización terrorista. 

A1 fue estrecho colaborador del coronel Manuel Sánchez Corbí, histórico responsable del operativo contra ETA de la Guardia Civil en Francia y, una vez derrotada la banda, jefe de la Unidad Central Operativa. Hasta que un desencuentro con el entonces recién llegado Gobierno socialista originó el cese de Corbí al frente de la UCO y su pase a situación de excedencia para trabajar en la empresa privada. 

La UCO ha optado por no tomar declaración al coronel jefe de UCE-2, pese a la conversación grabada por Rubén que apareció en poder del comandante cuando fue detenido. Ahora, A1 se arriesga a que el juez acepte la petición de la acusación ultraderechista y sea él quien le cite como investigado. 

La conversación, cuya grabación el comandante no se preocupó por esconder cuando presagiaba que iba a ser detenido, constituye un catálogo de autoexculpación por parte del comandante, pero también de su superior. “Entiendo que no le hemos ayudado para ninguna actividad criminal por parte de ellos”, dice el coronel. A lo que Rubén contesta afirmativamente.

El comandante investigado asegura que si han consultado en algún momento las bases de datos, lo que puede constituir un delito de revelación de secretos, fue “por un tema de negocios”. “A ver, ¿este empresario puede venir a España? Bueno, pues a veces le digo [a Aldama], no porque la Interpol le está buscando. Pues ya está”, dice Rubén. 

En otro punto de la conversación, Rubén reconoce: “A Koldo y a Gomina [apelativo con el que se refiere al empresario Aldama] puntualmente sí le he mirado en bases a ver si su currículum, es decir, si sus antecedentes, sobre todo por la UCO tal…”.

El nivel de conocimiento que tiene el coronel jefe de la lucha contra el terrorismo islamista de la relación, supuestamente profesional, de Rubén con Aldama y Koldo queda de manifiesto en su siguiente afirmación: “Lo que hicimos mal y eso te lo recriminé en su momento es haber cortado totalmente, de una forma tan drástica”. “No me fío un pelo del Gomina”, dice Rubén en la grabación que luego le incautarán. “Puede inventarse cosas”, añade. Y su coronel le responde: “las tendrá que demostrar”.

En las dos grabaciones se desliza un tema que ya ha sido objeto de polémica en el proceder de los servicios de Información. De lo que hacen los agentes secretos se conoce poco y cuando salta a la luz es por alguna investigación judicial. En una de ellas, el caso Villarejo, un comisario de Información de la Policía Nacional aseguró en sede judicial que el dinero que ingresaba en metálico en sus cuentas bancarias eran adelantos que personas ajenas al Cuerpo hacían para que pudieran comprar material o mantener confidentes, siempre por el bien de la unidad, y que luego lo devolvía. Ni la Fiscalía ni el juez le creyeron. 

Este mismo argumento, el de los financiadores externos de los Cuerpos de Seguridad públicos, aparece en la grabación del coronel y el comandante de la Guardia Civil. “Aquí lo que más me preocupa siempre es que alguien pueda pensar que nos hemos quedado pasta”, dice el coronel. Y su subordinado, que comparte su “preocupación”, añade otro argumentario supuestamente exculpatorio para ambos: “Si nos han dado pasta la hemos utilizado. Usted sabe, hasta el último céntimo”.

El ex director avaló al comandante investigado

En medio del caso Koldo, una decisión del Gobierno ha contribuido al vendaval en la Guardia Civil, el cese de su director general. El 17 de septiembre pasado, el Ministerio del Interior anunció que Mercedes González regresará a la cúspide de la institución en sustitución de Leonardo Marcos. El Ejecutivo quiso trasladar que había sido una decisión de Marcos, por motivos personales. Sin embargo, la relación entre el director de la Guardia Civil estaba deteriorada desde hacía meses. 

Por debajo de Marcos también había malestar. Las unidades de investigación le acusaban de excesivo intervencionismo. Al analizar el caso del comandante investigado surge la duda de por qué pocas semanas antes de ser detenido, el comandante Rubén dejó el Servicio de Información, donde había prestado servicio 16 años, y fue enviado a la Embajada de España en Caracas. 

Las pesquisas del caso Koldo han permitido descubrir que el empresario Víctor de Aldama, el corruptor de Rubén, tenía amplios contactos en Venezuela. Hasta el punto de utilizar una de las aplicaciones que le instalaba la Guardia Civil en su teléfono para comunicarse con la vicepresidenta del, Delcy Rodríguez. Rubén ya era investigado por la UCO cuando fue destinado a Venezuela y, probablemente, él y más personas, además de los investigadores, lo conocían. 

Los puestos de consejero o agregado de Interior son muy demandados porque llevan aparejadas altas retribuciones. En los tiempos de la brigada política, con el PP en el poder, esos cargos en Embajadas, así como los ascensos y las medallas, constituyeron un modo de recompensar los trabajos parapoliciales realizados. 

elDiario.es ha tenido acceso al acta de la reunión de la Comisión de Destinos en el Exterior que el Ministerio del Interior celebró el 12 de septiembre de 2023 para seleccionar a los aspirantes que irían a destinos libres en las embajadas. En esa reunión, de los seis aspirantes a ocupar el puesto en la Agregaduría de Interior en la Embajada de Venezuela son seis, pero ante los presentes, el ex director de la Guardia Civil propuso el nombre de Rubén, del que glosó sus méritos.

“En los puestos mencionados ha llevado a cabo diversas funciones de mando y dirección, inteligencia y formación, así como gestión de fuentes, análisis de conducta y otras tareas operativas y técnicas propias del ámbito de la Jefatura de Información y la Inteligencia”, glosó el entonces director de la Guardia Civil. La comisión, presidida por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, acordó concederle el destino, al que el hoy imputado se incorporaría meses después. 

El Servicio de Información de la Guardia Civil, en plena convulsión, se prepara para recibir ahora un nuevo general que lo dirija. La jubilación en junio de Valentín Díaz Blanco había sido suplida de forma interina. Ahora, un general recién ascendido, ajeno a Información, ocupará uno de los despachos más importantes de la institución. Por su parte, el anterior director, Leonardo Marcos, integrante del Cuerpo Superior de Administradores del Estado, ha sido recuperado por el Gobierno para un puesto en la Embajada española en Washington.